La diversidad sexual y de género: una cuestión de Derechos Humanos

En 2023 la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 75 años. Un aniversario marcado por las muertes de migrantes en las fronteras fruto de la vulneración de derechos de las políticas migratorias existentes, pactos de migración y asilo que se quieren alcanzar, por los asesinatos machistas por razón de género y por la cruenta masacre que se está viviendo en Gaza a manos del estado israelí. Así que, como señalamos en el informe anual de nuestra asociación, nada que celebrar. 

Unos incumplimientos de los Derechos Humanos que no pueden hacernos olvidar otras quiebras de Derechos Humanos que se mantienen en este aniversario, menos visibilizados, pero igualmente flagrantes y que también queremos hacer nuestros la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía. Entre otros muchos, desde el área de feminismos de nuestra asociación, queremos dar voz en este último artículo del año a aquellos que atentan contra la libertad y la diversidad sexual de las personas, que en seis países del mundo puede suponer la pena de muerte, siendo hasta 64 los países que aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). 

Un número que se amplía si hablamos de la criminalización de “facto”, bastante más generalizada, como en las autodenominadas “Zonas Libres de LGTBI” en Polonia, la prohibición de la “propaganda homosexual” en Rusia o la no prohibición de las denominadas “terapias de conversión” en otros muchos países, obligando a las personas que no se identifican con la heteronormatividad a esconder y a vivir en silencio su orientación, identidad o corporalidad por miedo a la represión y el castigo institucionalizado, con penas de cárcel o muerte, o con la estigmatización y el aislamiento social. Unos y otros suponen un quebrantamiento de los Derechos Humanos en el sentido más estricto, ya que a estas personas lo que se les penaliza, persigue y castiga es el “ser”, no el a quien amen. Se les penaliza por ser y sentirse de una determinada manera. Se les niega la posibilidad de expresar y sentirse como ser humano, sexuado por naturaleza, negándoles por tanto la posibilidad de poder vivir y desarrollarse de manera plena. 

No podemos considerar que son derechos legalmente consolidados, como hemos comprobado con las derogaciones parciales de la ley trans y la ley de protección integral contra la LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid

Estas situaciones de discriminación explican por qué ser lesbiana, gay, trans, bisexual o VIH+ es una de las causas recogidas en la normativa para poder solicitar asilo. En nuestro país no se cuenta con cifras oficiales de estas solicitudes, según ACNUR, pero han aumentado bastante al considerarnos un país seguro y con una legislación que protege a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Sin embargo, este aumento de demandas no ha ido acompañado de un aumento de medios y personal en el sistema de asilo. Faltan plazas de acogida y hay una escasa formación y sensibilización de los agentes que participan en el proceso (quienes entrevistan, traducen o los letrados implicados en el proceso). Falta protección y seguridad ya que, las personas que por estas razones consiguen plazas de acogimiento, han de compartir espacios con otras personas en situación de asilo en dichos centros, estando expuestas a recibir agresiones, discriminaciones, hostigamiento o rechazo por parte de las últimas, siendo especialmente vulnerables las personas transexuales ,que suelen sufrir una mayor criminalización, discriminación y estigmatización.

Sin embargo, a pesar de que nuestro país es percibido como un lugar “seguro”, la prevalencia de delitos de odio, casos de discriminación y estigmatización de quienes disienten de las identidades más mayoritarias siguen siendo habituales y, por muy ministro del interior que seas, ante cualquier conflicto saldrá a relucir tu orientación sexual al grito de “maricón” y que aumenta claramente cuando las victimas pertenecen a sectores de la población más vulnerables, en función de su origen social, etnia, posición socioeconómica, origen, etc. 

No podemos considerar que son derechos legalmente consolidados, como hemos comprobado con las derogaciones parciales de la ley trans y la ley de protección integral contra la LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid (eliminación de la prohibición de terapias de conversión, necesidad de informe médico para adolescentes transexuales, desaparición de planes educativos y fomento de la no discriminación o del plan contra el acoso en los centros educativo, entre los principales quebrantos a las leyes estatales). 

Los elementos aquí planteados hacen que, desde la APDHA, reafirmemos que la denuncia contra el recorte de derechos y la reivindicación de la diversidad sexual y de género deben seguir siendo un elemento central en nuestras reclamaciones, apoyando a los sectores menos institucionalizados y más críticos del movimiento LGTBIQ+, asumiendo que la diversidad sexual y de género son elementos sustanciales para el pleno desarrollo del ser humano y, por tanto, una parte imprescindible en nuestro trabajo de denuncia y exigencia de “Derechos para todos, todas y para todes”.