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Opinión - Libertad de extorsión. Por Rosa María Artal
Sobre este blog

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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La deslegitimación de los partisanos

Miembro de APDHA
Un cartel gigante de Julian Assange delante del Tribunal Superior de Londres. EFE/EPA/Filip Singer

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La admiración y la lealtad, transformadas en apoyo, las prestamos por poco tiempo. Enseguida, a las heroínas que se meten en el fango por defender las causas más justas y nobles -las de todos- les buscamos los pies de barro. Inicialmente, dando pábulo a los rumores entorno a ellas, que de manera oportuna lanzan los aspersores del poder. Después, y sin comprobar qué hay de cierto en ellos, haciéndolos nuestros y echándoselos a la cara los que se supone que estamos en frente de ese mismo poder, el de la élite capitalista internacional.

Esto hicimos con innumerables ídolos más o menos transversales, como Lula Da Silva o Greta Thunberg. Qué decir con los más radicales, como el editor de Wikileaks, Julian Assange.

Entre 2010 y 2011 la publicación por parte de WikiLeaks de cerca de 400 mil documentos clasificados de diplomáticos estadounidenses sobre operaciones militares, entre otras, de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y la prisión de Guantánamo, sirvieron para que las principales cabeceras de los medios de comunicación de Occidente, entre ellos, el periódico El País, ampliaran información de interés público en todo el mundo, de la que se beneficiaron tanto económicamente como en términos de prestigio.

La revelación de crímenes de guerra impunes y violaciones de los derechos humanos convenientemente ocultadas, como el asesinato de civiles o ataques aéreos indiscriminados, fueron de dominio público por el buen hacer del oficio de muchos periodistas, pero, sobre todo, gracias a la indispensable valentía de los de Wikileaks.

El entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus

Así, el entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad desde 2016 (año en el que ganó Donald Trump, y en el que salieron algunas filtraciones que concernían al Partido Demócrata y a su entonces candidata, Hillary Clinton) por esos mismos medios de comunicación, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus.

La prensa internacional no solo se ha hecho eco, sino que ha sido instrumento consciente o no, para presentar el caso de Assange como un doble falso dilema contemporáneo: ¿Es el editor de Wikileaks comendador en Occidente del derecho a la información y su transparencia o, por el contrario, es un peligro público global por precisamente desvelar al común de los mortales cómo opera el poder político que lo tutela? Pero ¿acaso es este un dilema nuevo, de esta era de la información digital, o viene de antiguo?

La Humanidad, desde el origen del concepto platónico de democracia, todavía no ha resuelto la tensión entre el poder de la ciudadanía (materializado en la opinión pública, sus representantes y sus garantes) y las presiones políticas de los poderes fácticos. Es un detalle menor que esta tensión se plasme sobre el papel o sobre una pantalla de teléfono, ni que se traslade a guerras con drones o con hombres a caballo.

Para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado

Convenientemente armonizadas, las justicias occidentales se han ido pasando la patata caliente del australiano, presas, junto a sus gobiernos, de este falso dilema de doble condición: se sustancia en lo jurídico, pero es de naturaleza política y, por ello, apela al conjunto de la sociedad. La Ley activa el derecho, pero no lo ejerce por sí sola: para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado.

Mientras tanto, Assange lleva en cautiverio 14 años y su salud física y mental continúa depauperándose, desde que se entregara a las autoridades londinenses el 7 de diciembre de 2010, permaneciendo los primeros días en prisión preventiva, hasta el 16 de diciembre, cuando pasó a estar en libertad bajo fianza y arresto domiciliario.

En este momento conviene recordar los hechos que mantienen a Assange en esta situación. A partir de 2010, y conforme Wikileaks fue publicando más documentos militares clasificados de Estados Unidos, más países occidentales se sumaron a esta persecución legal sin precedentes. En agosto de ese mismo año Julian Assange fue invitado a dar una conferencia en Estocolmo, donde dos mujeres, que asistieron como organizadora y participante a la misma, le acusan de sendos delitos de abuso sexual y violación. En noviembre de ese año, invocando el acuerdo europeo del que el Reino Unido formaba parte, Suecia pidió su extradición para interrogarlo.

Agotados los recursos legales, en junio de 2012, Assange solicitó asilo en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña para evitar la extradición a Suecia, y allí permaneció 7 años. El país andino alegó que le concedía asilo diplomático, no para entorpecer el proceso escandinavo, sino por mor del peligro de que fuera extraditado a Estados Unidos, dondeno tendría un juicio justo y podría ser juzgado por tribunales especiales y sufrir un trato cruel o degradante, e incluso se le podría aplicar la pena capital”.

En abril de 2019, Ecuador le retiró la protección del asilo y la nacionalidad ecuatoriana, concedida en 2017, por lo que Assange fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la misma Embajada ecuatoriana. Las autoridades de la capital británica actuaron en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un mes después la justicia londinense, por su parte, le condenó a permanecer 50 semanas en una prisión del Reino Unido por violar las condiciones de la libertad bajo fianza (a causa de su entrada en la Embajada de Ecuador). Desde entonces, Assange se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. También en 2019 la fiscalía sueca archivó los cargos por violación en contra del editor, tras abandonar y reabrir varias veces la investigación durante esos nueve años.

Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos

En este momento, el que fuera considerado adalid del derecho a la información y a la libertad de prensa, Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos. Incluso, como adelantó Ecuador y apuntan algunos juristas, también sobrevuela sobre él la pena capital, pues 17 de los 18 cargos por los que sería procesado lo son en virtud de la ley de espionaje.

El gobierno norteamericano afirma que Assange tendría un juicio justo en su país, pero sin la protección de la Primera Enmienda y sin la defensa del interés público. La famosa Primera Enmienda a la Constitución norteamericana sirve para hacer películas y blindar en el imaginario colectivo mundial la idea de Estados Unidos como país de la libertad, pero no va a servir para el editor de Wikileaks.

En 2024, ya va tocando que sea de consenso universal reconocer y proteger el papel crucial que juegan los periodistas y los informantes en la promoción de la transparencia y la justicia social. De lo contrario, se sentará un precedente peligroso, poniendo en riesgo a cualquier defensor del derecho a la información que se atreva a exponer la verdad sobre los poderosos.

Por todo lo anterior, desde la APDHA hacemos un llamamiento para que se respeten y se garanticen la dignidad y los derechos básicos de la persona de Julian Assange, el derecho a la integridad personal (física y moral), su derecho a la defensa y a un juicio justo. Asimismo, instamos a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa, a unirse en la demanda por la liberación inmediata de Julián Assange. 

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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