Formalmente, el derecho comunitario reconoce a todos los ciudadanos europeos el mismo derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Éste y los demás derechos de la ciudadanía europea fueron concedidos por primera vez en el Tratado de Maastricht. Los Tratados de 1992 partieron de una visión de una “unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos”. Originalmente, esta unión se ha inspirado en la idea de reconocer a los ciudadanos europeos un estatus jurídico propio, situando la igualdad de trato más allá del Estado nación y al mismo tiempo respetando la diversidad de identidades nacionales de Europa. Pero tal como suele ocurrir muchas veces en la compleja relación entre idea y realidad política, la aplicación de estos derechos ha sido, y sigue siendo, otra.
Pitico (nombre ficticio) y su marido llegaron a España desde Rumanía hace un par de años. Tenían sus razones para abandonar su país de origen. El maltrato por las autoridades de su país, el no respeto de gran parte del resto de la población por permanecer a la “etnia gitana” y las dificultades económicas les llevaron a abandonar Rumanía y buscar su suerte en otro país europeo. Ella y su familia finalmente pudieron obtener la documentación necesaria para poder residir en territorio español. Comparada con la situación algunos de sus compatriotas rumanos pudieron decir que habían tenido suerte, porque eso ya no es lo habitual.
Los Estados miembros de la UE siempre se habían reservado la posibilidad de denegar el derecho de residencia a otros europeos. La directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo estableció que la estancia superior de tres meses sólo se podía conceder a los extranjeros europeos si ellos y su familia disponían “de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia”. España adoptó esta parte de la directiva casi literalmente en el Real Decreto 240/2007. A esta restricción se añade otra. Aunque Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007 y los rumanos deberían poder disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos europeos, existió un periodo de tránsito de hasta 7 años.
Durante este tiempo, los Estados pudieron suspender temporalmente partes del derecho a la libre circulación para ciudadanos rumanos. Entre 2011 y 2013, en plena crisis económica, España reactivó estas medidas transitorias, levantando restricciones a la libre circulación de rumanos en su territorio. Al mismo tiempo, una nueva ley dedicada a “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” reafirmó las limitaciones legales ya existentes.
España no ha estado sola a la hora de promover restricciones legales contra el derecho a la libre circulación. Tal como señala la jurista Magdalena Martín Martínez en un análisis sobre el desarrollo de la ciudadanía europea en el contexto de la crisis económica, esta ha sido la práctica de muchos Estados miembros de la Unión Europea. Los Estados no sólo han sido más restrictivos en la interpretación del derecho a la libre circulación a la hora de conceder el derecho a la residencia, sino también han adoptado nuevas restricciones legales a la libre circulación. El punto central son los recursos económicos del individuo. De esta manera, según Martínez, se agrava la separación entre ciudadanos europeos de primera y segunda categoría.
Pitico y su familia saben bastante bien lo que significa “ser ciudadano de segunda categoría”. Los Rom cuentan con una larga historia de discriminación en su país de origen. Excluidos socialmente por siglos, las dificultades políticas y económicas de Rumania al principio de los años 90 forzaron a muchas familias rumanas a la inmigración. Entre las más vulnerables se encontraron muchos miembros de la llamada 'etnia Rom'.
La falta de acogida en una gran parte de estos casos les llevó a un estado de migración permanente, que afectó a una generación entera con todas las consecuencias negativas para la salud, educación, experiencia laboral y asistencia. Con razón los pocos datos que existen sobre este grupo de personas, indican hasta hace poco una alta tasa de mortalidad, una población muy joven y extremadamente vulnerable a la exclusión social. En este sentido, las investigaciones del antropólogo granadino Juan Francisco Gamella han identificado los Rom/Sinti como “la minoría étnica más numerosa, más pobre y con mayor crecimiento de todas las que viven en la Unión Europea, especialmente en los países de reciente incorporación”.
Queda mucho por hacer para una Unión Europea, que representara verdaderamente la “unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”. Pero como este proyecto, a pesar de la euforia inicial de Maastricht en 1992, nunca llegó a ser una institución con perfil político propio, sus instituciones y leyes siguen respondiendo a la lógica de funcionalismo económico. Esto demuestra que la ciudadanía europea es en esencia económica, pero no política.
Y tal como suele ocurrir si el derecho cede el paso a las fuerzas económicas, en tiempos de crisis, los primeros que están afectados por sus consecuencias inmediatas son los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. La exclusión social de los Rom responde a la lógica de esta crisis, que no es en primer lugar una crisis de la Banca, sino una realidad social vivida, sentida y sufrida por los más pobres.
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