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Antonio M. Vélez

Periodista en la sección de Economía de eldiario.es. Antes trabajé en vozpopuli.com, 'Público', 'Expansión' y la Agencia EFE, entre otros medios. 

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Zara logra que una mujer retire una demanda tras encontrarse un ratón muerto cosido en un vestido

Once días. Es lo que tardó Inditex, dueño de Zara, en lograr la retirada de una demanda presentada en noviembre contra la compañía gallega ante un tribunal de Nueva York por una clienta estadounidense, Cailey Fiesel, que se encontró un ratón muerto cosido en el interior de un vestido que había adquirido en julio del año pasado en una tienda de la multinacional. La denuncia fue retirada tras un acuerdo entre las partes, según confirma a eldiario.es el bufete neoyorquino Morelli, que defendió a la afectada.

El caso se conoció el pasado 14 de noviembre. Lo desveló el New York Post, y rápidamente saltó a los medios de comunicación del resto del mundo. Tras el revuelo mediático, la demanda, según la documentación disponible en la página web de la Corte Suprema de Nueva York, tuvo una vida muy corta. Se retiró de forma "voluntaria" el pasado 22 de noviembre, apenas once días después de presentarse y una semana después de difundirse en los medios.

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Iberdrola reconoce en EEUU que el autoconsumo es un "riesgo" ante la posible "deserción" de sus clientes

Iberdrola ha reconocido por primera vez que el autoconsumo eléctrico está entre los "riesgos" que afronta su modelo de negocio, porque puede desembocar en una "deserción" de sus clientes. Lo ha plasmado por escrito en Estados Unidos ante la SEC, el regulador bursátil de ese país, bastante más exigente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española en sus requisitos de transparencia a las cotizadas.

El aviso figura en el informe anual de 2016 de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola (tiene el 81,5% de sus acciones), que cotiza en la bolsa de Nueva York desde finales de 2015. En el extenso apartado de "riesgos relativos a nuestro negocio y operaciones", la compañía menciona algunos avances tecnológicos que podrían "disminuir o eliminar la ventaja competitiva" de la que disfruta o podrían reducir su cartera de clientes, "lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro crecimiento, negocio, situación financiera y resultado operativo".

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Corrupción, deuda desbocada y un negocio de miles de millones: las cifras del fútbol español

"Estamos preocupados porque esto no es bueno para la imagen de España", declaraba este martes el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, horas después de que la Guardia Civil detuviera al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo, Gorka Villar, y el vicepresidente económico de la RFEF, Juan Padrón, en una operación contra la corrupción en ese organismo.

La detención de Villar, casi treinta años al frente de la RFEF, es la guinda a la sucesión de escándalos que abarcan a muchos de los principales protagonistas de este deporte: del propio presidente de la RFEF a la FIFA (la organización con sede en Suiza que dirige el fútbol a escala mundial), pasando por un largo elenco de presidentes de clubes: el último, Sandro Rosell, ex del FC Barcelona, y antes otros como José María del Nido –Sevilla –, Josep Lluís Núñez –Barça –, Augusto César Lendoiro –Deportivo de la Coruña – o el difunto Jesús Gil, por citar sólo algunos.

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Dudas sobre el terreno elegido para el almacén nuclear: Enresa encarga nuevos estudios

Cinco años y medio después de que, en una de sus primeras decisiones, el Gobierno de Mariano Rajoy decidiese el 30 diciembre de 2011 ubicar el almacén de residuos nucleares de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), la empresa pública que debe construirlo, Enresa, va a seguir estudiando por otros dos años las condiciones de los suelos del emplazamiento, uno de los factores que han provocado un importante retraso en la construcción de esta infraestructura multimillonaria.

Según consta en su web, Enresa tiene pendiente de adjudicar un contrato para la "operación y explotación de la red de control piezométrica del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y sus alrededores" con el fin de monitorizar el comportamiento de las aguas subterráneas del emplazamiento, una de las principales preocupaciones del proyecto desde que echó a andar en 2012.

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Indra, participada por Hacienda, aún pendiente de firmar un código de buenas prácticas con la Agencia Tributaria

Indra se ha quedado sola. La empresa tecnológica, cuyo mayor accionista es el Estado con un 18,7% de su capital, es la única empresa con participación pública en el Ibex 35 que a día de hoy todavía no ha firmado un " código de buenas prácticas tributarias" impulsado hace siete años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Indra aseguran que la empresa "tiene previsto adherirse a esta normativa en el transcurso de este año" y subrayan que la compañía "cumple con las buenas prácticas en cuestiones tributarias".

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Cinco gráficos que ilustran el parón de las renovables en España con el Gobierno del PP

El Gobierno prevé subastar el próximo 26 de julio al menos 3.000 megavatios (MW) de energía renovable que, junto con la subasta celebrada en mayo, pondrá fin a un lustro de sequía casi total en la promoción de estas fuentes y, según el Ejecutivo, permitirá instalar más de 6.000 MW en los próximos dos años y medio para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones contaminantes y generación de energía con fuentes limpias que exige la UE.

Estas subastas, la última anunciada por el propio presidente del Gobierno, llegan tras el espectacular abaratamiento de las tecnologías (especialmente, fotovoltaica y en menor medida, eólica) en los últimos años, lo que va a permitir adjudicar esos MW sin ningún incentivo extra. Aunque hay quien cuestiona que toda la potencia se ponga en marcha. La patronal del sector APPA cree que la convocatoria de este mes es "una muestra más de la precipitación y falta de planificación" del Ejecutivo. Advierte de que puede provocar "una burbuja de instalaciones" y duda que todos los proyectos se construyan por la acumulación de nuevas plantas en tan poco tiempo.

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La factura en asesorías por los arbitrajes de las renovables ya supera los 20 millones de euros

Más dinero público para defender a España de la lluvia de denuncias presentadas por inversores extranjeros por los recortes a la retribución de las energías renovables. La factura abonada por el Gobierno para servicios de asesoría externa con este fin sigue creciendo y ya supera los 20 millones de euros, sin contar el IVA correspondiente. El importe se ha disparado un 25%  con respecto a enero, tras la reciente adjudicación de otros dos contratos en junio por un total conjunto de más de tres millones.

El último contrato fue adjudicado el pasado 27 de junio por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que un día fue referente en asuntos de eficiencia energética y hoy ha sido convertido en principal instrumento del ministerio para instrumentar estas contrataciones. El contrato ha sido adjudicado a Econ One Research Inc por los arbitrajes denominados Sevilla y Greenpower, a razón de medio millón de euros por litigio (más IVA).

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Zara ante la debacle del centro comercial en EEUU: este formato concentra el 70% de sus tiendas allí

Hace unas semanas, The Street informaba de la venta de un gran centro comercial en Pensilvania, The Galleria at Pittsburgh Mills, por apenas 100 dólares, más 143 millones de dólares de deuda. Este 'mall', como se conoce a estos complejos allí, fue abandonado por la cadena Sears en 2015 y su ocupación es actualmente de apenas un 55%. Es el penúltimo ejemplo del espectacular declive que sufre esta propuesta comercial, antiguo símbolo del estilo de vida estadounidense.

Desde el estallido de la crisis financiera de 2007, las imágenes de enormes complejos comerciales baldíos son una constante en los medios de EEUU. Se habla de un apocalipsis por el auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo, en un país con una superficie comercial por habitante que quintuplica la de Reino Unido y es ocho veces superior a la española.

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Proyectos fallidos, una deuda inasumible y la sombra de la corrupción llevan a Isolux al desguace

Isolux Corsán ha hecho oficial este martes la solicitud de concurso voluntario de acreedores, que añade aún más incertidumbre al futuro de la séptima constructora española y sus más de 3.800 empleados. La banca, que asumió el control de la empresa a finales de 2016 al ejecutar parte de su deuda, ha fracasado en su intento de dar entrada a un socio para darle viabilidad.

La compañía de construcción, ingeniería y energías renovables llevaba en preconcurso desde finales de marzo y ha optado por no agotar el plazo de cuatro meses que tenía para captar los cerca de 400 millones de euros que necesitaba para continuar operando con normalidad, dada la asfixia de liquidez que sufre. Ha solicitado el concurso a través de la matriz Grupo Isolux Corsán y las filiales Corsán Corvián Construcción, Isolux Ingeniería, Isolux Corsán Concesiones, Isolux Corsán Inmobiliaria, Isolux Corsán Servicios e Isolux Energy Investment.

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La multa por el retraso del almacén nuclear es de 73.000 euros al día, el triple que la de los estibadores

73.000 euros diarios. Esa será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar España a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). La construcción de esta instalación, para la que el Gobierno no pone fecha, ni siquiera ha empezado, por las dudas sobre los terrenos elegidos, la falta de permisos y el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE).

Esos 73.000 euros diarios suponen 511.000 euros a la semana, 2,22 millones al mes y 26,64 millones al año. Superan, por ejemplo, el sueldo de un ministro del Gobierno en todo un año (70.368 euros brutos, sin contar los trienios de los que son funcionarios) y casi triplican la sanción de la UE de 27.522 euros al día que España vino acumulando por incumplir una sentencia europea que el 11 de diciembre de 2014 le obligó a liberalizar el sector de la estiba y que el Gobierno ha esgrimido como argumento en los últimos meses para la reciente reforma de este sector.

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