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Patricia Rafael

Periodista. Ha trabajado en El Día de Valladolid, La Clave, ADN y Público. También he estado en el otro lado trabajando en la Secretaría de Estado de Comunicación y la Secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE.

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Una reivindicación vecinal histórica en Madrid tarda 18 años en hacerse realidad

"¿De dónde han salido tantos niños?". "Pero ¿había en el barrio todos estos niños?". Preguntas parecidas se suceden entre los vecinos del madrileño barrio de San Isidro. Situado en Carabanchel, uno de los grandes distritos del sur de la capital, los vecinos llevaban años reclamando a las sucesivas corporaciones municipales que construyeran una zona verde en lo que hasta hace una semana era un descampado de casi 5.000 metros cuadrados donde se acumulaba basura, barro y una vegetación que crecía sin ningún tipo de control.

Para ser más exactos los vecinos han tenido que esperar 18 años para que ese descampado se convierta en una zona por la que pasear, sentarse a pasar el rato, a hablar con los de al lado y a descubrir que en el barrio había más niños de los que pensaban. "Pero si pensábamos que casi no había y mírales", dice Lourdes Hernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de General de Ricardos sentada en uno de los nuevos bancos y señalando la zona de juegos. Pedro Martínez, miembro de la entidad y vecino desde niño del barrio, asiente a su lado.

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ARTEfacto: cuando la construcción de vivienda pública encuentra oposición vecinal

" Entendemos que se está empezando la casa por el tejado y así es difícil vivir con cierta comodidad". Julia, vecina de Valdebebas, uno de los grandes desarrollos urbanísticos madrileños iniciados antes de la crisis y situado en el distrito de Hortaleza, continúa: "Somos ya casi 10.000 vecinos, pero no hay colegios, solo tenemos dos líneas de autobús y faltan escuelas infantiles". La mujer es también una de las portavoces de la Asociación por el Uso Responsable del Suelo (AURES), una entidad creada hace apena un mes con un único objetivo: oponerse a la construcción en su barrio de uno de los tres proyectos de vivienda pública presentados por el Ayuntamiento de Madrid que combina uso residencial y dotacional.

Los anteproyectos de los denominados ARTEfactos -planeados para los distritos de Carabanchel, San Blas y Hortaleza- forman parte del Fondo de Reequilibrio Territorial del Ayuntamiento y cuyos pilares fundamentales, como subrayan desde el Gobierno municipal que preside Manuela Carmena, son "la corresponsabilidad y solidaridad territorial, la mejora social y urbanística y el fomento de la participación ciudadana en las decisiones de sus propios barrios". Pero incluso antes de que los tres proyectos se presentaran el pasado febrero se han encontrado con la oposición de los vecinos de Valdebebas. La razón: los habitantes del desarrollo urbanístico creen que el Ayuntamiento debería vender la parcela e invertir el dinero en dotaciones para el barrio.

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Los huérfanos de la Guardia Civil desahucian a una de los suyos en situación precaria

María Ángeles García, de 61 años, aún no da crédito a lo que lleva viviendo desde el pasado 23 de enero, cuando un juzgado de Madrid le comunicó que la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil había presentado una demanda para desahuciarla de la casa donde vive alquilada desde 2001. "Me han despreciado, como en si en lugar de una huérfana fuera una desgraciada", se lamenta sentada en el salón de la casa de uno de su dos hermanos mientras relata y muestra toda la documentación acumulada en los últimos meses.

No da crédito a lo que le está pasando porque la asociación, una entidad social e independiente, que nació al mismo tiempo que el Instituto Armado con la intención de precisamente prestar ayuda a los huérfanos de la Guardia Civil, así como a sus viudos y viudas, no está mostrando, a su parecer, "el carácter altruista, social y humanitario que se supone que debe tener".

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La gentrificación o cómo el centro de Madrid puede acabar convertido en un lugar sólo para turistas

El 23 de junio de 2006, una prostituta de 29 años murió apuñalada por un hombre que la llevaba acosando desde hacía tiempo. El crimen, que ni siquiera entró a formar parte de las estadísticas de violencia de género, no habría saltado a las primeras páginas de los periódicos si no se hubiera producido un viernes por la tarde la madrileña plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, más conocida como Luna, y situada a apenas 100 metros de la Gran Vía.

La Asamblea Ciudadana Barrio de Universidad (ACIBU) llevaba años denunciando la degradación de la zona y el día antes del asesinato había publicado en YouTube un  vídeo con las pruebas: tráfico de drogas, peleas continuas y toxicómanos consumiendo crack en medio de la calle.

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Cómo las élites se perpetúan a través de la educación

El primer paso para colocarse en la élite de los poderosos es empezar a jugar desde la casilla de salida”. Así comienza el primer capítulo del libro Españopoly, o cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo), de la periodista y responsable de proyectos en Fundación Ciudadana Civio, Eva Belmonte. El título de esta primera parte, El Harvard español, da cuenta de todos los ministros –socialistas y populares–, empresarios, jueces, banqueros, diplomáticos y hasta un presidente del Gobierno que han pasado por las aulas del colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid.

Ningún otro centro escolar en España tiene una concentración tan elevada de lo que Podemos definiría como casta. No es el único. Otros lugares como el Liceo Francés, el Colegio Británico, Nuestra Señora del Recuerdo, en Madrid, o los catalanes San Ignacio de Sarriá o Aula Escola Europea han sido las escuelas de una buena parte de las élites políticas, empresariales e intelectuales españolas. Son también los lugares donde se han educado o se siguen educando sus hijos.

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El Constitucional ignora a las autoridades sanitarias al considerar que la píldora poscoital es abortiva

En su farmacia de Sevilla no hay ni preservativos ni píldora del día después "por razones morales", explica el farmacéutico de Sevilla Luis Melgarejo, que fue multado por la Junta de Andalucía con 3.300 euros y ahora acaba de ser amparado por el Tribunal Constitucional.

Melgarejo es antiabortista -la sentencia considera "la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida"- y el Constitucional avala su conflicto de conciencia -"la sanción vulneró su derecho a la objeción y a la manifestación de la libertad ideológica y religiosa".

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Wert utilizó una residencia del Ministerio para investigadores en un viaje privado a París con su pareja

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y su pareja, la exsecretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, se alojaron el pasado fin de semana en el Colegio de España de París, una residencia pública dependiente del propio Ministerio con plazas limitadas destinadas a estudiantes, investigadores o profesores que cursan estudios en la capital gala. Gomendio ha dejado el Ministerio y desde principios de junio trabaja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. Según señalan desde el departamento que dirige Wert, el ministro se alojó "cumpliendo con el reglamento de visitas que tiene esta institución", en la que figura, añaden, como presidente de su Consejo de Administración.

En el reglamento, y así también lo explican desde la Administración del centro, las habitaciones del colegio, que lleva funcionando más de 80 años en la Ciudad Universitaria de París, están destinadas al alojamiento de "estudiantes profesores, investigadores artistas y técnicos españoles que necesiten efectuar estancias en París por motivos docentes o de investigación". Los criterios de admisión se basan en el expediente académico y la naturaleza de los estudios, en el caso de los escolares, y de los investigadores y artistas el requisto es que el trabajo que realicen sea en el marco de un centro de enseñanza superior o similar. Una comisión debe aprobar la admisión en todos los casos.

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El PP quiere reformar la ley del aborto basándose en un supuesto falso

Las chicas de 16 y 17 años abortan solas, sin el conocimiento de sus padres. Es el argumento que siempre ha sostenido el PP para reformar la actual ley de plazos y obligar a las chicas que quieren interrumpir su embarazo a que sus progenitores les den el consentimiento. Así lo justifica también en la exposición de motivos de  la proposición de ley presentada este miércoles por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El PP justifica su modificación en que las chicas de estas edades pueden ahora abortar sin informar a sus padres, pero precisamente la ley actual obliga a las chicas a informar a sus progenitores.

"Es, por ello, que esta Proposición de Ley Orgánica suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores", recoge el texto presentado en el Parlamento. Sin embargo, lo que la vigente ley establece en el apartado cuatro del artículo 13 es que "al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer". Es decir, que las chicas de esa franja de edad están obligadas por ley a informar a sus progenitores si deciden interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

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Casi el 90% de las chicas de 16 y 17 años que abortan lo hacen acompañadas por sus padres

Solo 113 chicas de 16 y 17 años de un total de 913 que decidieron abortar entre enero y septiembre de este año lo hicieron sin el conocimiento de sus padres, según un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Ello significa que un 12,38% alegó un conflicto grave para no informar a sus progenitores de su intención de someterse a un aborto.

Este dato supone una minoría frente al argumento utilizado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy que insiste en que cambiará la legislación para recuperar el consentimiento de los padres "en un momento tan delicado y tan complicado de su vida como es la decisión de abortar",  como señaló recientemente la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.

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“El Estado debe preparar a las víctimas de violencia machista para que puedan enfrentarse a la vida”

Desde hace nueve años Soledad Cazorla es la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, un año menos de los que lleva en vigor la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ella es quien coordina a los fiscales que actúan en esta materia y quien se ocupa de que se cumpla la normativa. Tras una década de puesta en marcha de la norma no cree que haya que modificarla, sino más bien desarrollar y "afianzar" todas las herramientas que hay en ella.

Su departamento es la única institución pública que desde 2009 hace un seguimiento de lo que se denomina "denuncia falsa" y anualmente publica los datos en la Memoria de la Fiscalía. Los referidos a 2013, hechos públicos recientemente, demuestran que las condenas por denuncia falsa suponen un 0,013 del total de condenas. Subraya que más de la mitad de esas condenas por denuncia falsa lo son por conformidad de la mujer y alerta de que en estos casos el agresor puede estar sirviéndose de la ley para anular sus condenas.  

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