Chamberí: vecinos expulsados de un bloque de viviendas para convertirlas en pisos de lujo
Esta historia comienza como otras tantas que empiezan a ser habituales en los centros de las grandes ciudades. Un día cualquiera los vecinos de un bloque de viviendas reciben una carta informándoles de que el edificio ha cambiado de propiedad. Les dicen que las condiciones de sus contratos de alquiler seguirán como hasta ahora. Pero apenas un mes después los nuevos propietarios les comunican que al cumplirse sus contratos, en seis o cuatro meses, dependiendo de los casos deberán abandonar sus casas porque no se les renovarán. No hay margen de negociación a no ser que alguno quiera pagar entre 660.000 y 950.000 euros por alguna de las casas que la propiedad pone a la venta.
Muchos llevan más de 20 años residiendo en los pisos. Otros han invertido miles de euros en reformas, algunas muy recientes, que la antigua propiedad nunca ha asumido. Algunos han tratado incluso de comprar las casas pero los elevados precios les han disuadido. Al final, la gran mayoría de ellos ha ido dejando las viviendas, asumiendo alquileres en peores condiciones y realizando obras y mudanzas que en ninguna circunstancia se habían planteado tener que asumir.
Es lo que ha ocurrido en el último año en un edificio de seis plantas en el número 64 de la calle García Paredes del madrileño distrito de Chamberí. En julio de 2017, todos los inquilinos recibieron una carta del matrimonio propietario del edificio informándoles de que habían vendido todo el inmueble. “El administrador nos dijo por carta que no nos preocupáramos porque las condiciones de los contratos seguirían como hasta ahora”, explica Berta Sichel, quien residió en el edificio durante 16 años.
Fin a la prórroga de los contratos
Al mes siguiente, sin embargo, la nueva propiedad, la inmobiliaria Dazia Capital, les comunicó que al finalizar sus contratos no se les renovarían y que debían abandonar las casas. En el caso de Berta, la fecha se cumplía el 1 de enero de este año. Y aunque trató de negociar con los nuevos propietarios poder quedarse en la casa, la empresa le dijo que su intención eran vender las viviendas y tan solo logró dos meses de plazo más para tratar de buscar un nuevo alquiler. Pero un amigo le advirtió: “Vete de ahí en cuanto puedas porque las obras te van a hacer la vida imposible”. Le hizo caso en cuanto encontró lo más parecido a lo que buscaba, aunque en otro barrio, en un piso más pequeño y pagando casi 400 euros más de renta mensual que los 990 que desembolsaba por la que había sido su casa durante más de tres lustros.
Como el amigo de Berta había anticipado, en enero de este año comenzaron las obras de rehabilitación del edificio en varias de las viviendas que se habían quedado vacías, para convertirlas en pisos de lujo, y en las zonas comunes del edificio, como los descansillos y el portal. El polvo se empezó a colarse por las casas de los vecinos que aún permanecen en el inmueble –nueve son de renta antigua y otros tres están a la espera de finalizar sus contratos– y los ruidos y molestias comenzaron a ser constantes. El día en que eldiario.es visita con Berta el edificio la calle tiene además una congestión de tráfico inusual. Dos calles más abajo, en General Martínez Campos, un edificio en obras se ha derrumbado dejando atrapados a dos trabajadores –cuyos cuerpos fueron encontrados dos días después bajo los escombros– y el tráfico de esa vía se ha desviado a las aledañas como la de García Paredes.
Lucía Villafáñez es fisioterapeuta y durante los últimos tres años tenía su consulta en el único local comercial del edificio, formado por 28 viviendas. En su caso, su contrato de arrendamiento se renovaba cada años – debido a las diferente condiciones normativas de los comercios– y la noticia de que no se lo renovarían fue como un jarro de agua fría. “Sabía que los alquileres estaban subiendo mucho y efectivamente cuando empecé a buscar me di cuenta de que eran un 30% más caros de lo que había visto hace tres años”, explica.
Finalmente encontró un local que se ajustaba a lo que necesitaba pero ha pasado de pagar 500 euros al mes a desembolsar 700. “Además tuve invertir 5.000 euros con los que no contaba para hacer obras que eran necesarias y adelantos de rentas”, explica Lucía, quien explica que al menos ha logrado negociar un contrato de cinco años pero con la incertidumbre de que si su casero decide rescindírselo se tendrá que cambiar de nuevo. “Así es muy difícil hacer un proyecto de vida profesional”, dice y subraya que, si bien todo lo que ocurre es legal y dentro de la ley, “al final los vecinos somos los perjudicados”.
Piensa lo mismo Rosario Barba, que llevaba viviendo una década con su marido, Francisco Paula, en una de las casas de García Paredes. “Todo lo han hecho ajustado a la ley pero es una ley [de Arrendamientos Urbanos] que deja desprotegidos a los vecinos porque nadie te compensa por lo que supone buscar un nuevo piso, hacer una mudanza y cambiarte de una barrio donde tenías toda tu vida hecha”, explica esta mujer, de 75 años. “Mi marido tiene 81 años, está muy delicado de salud y ha sido complicado”, señala Rosario, quien subraya que en su caso la nueva propiedad les avisó con más de seis meses de antelación.
Empresa de inversión inmobiliaria
Desde Dazia Capital responden que es “una empresa de gestión e inversión inmobiliaria” y que desde en el mismo momento en que se adquirió el edificio de García Paredes, en julio de 2007, se informó a los vecinos “de rentas ordinarias” de que sus contratos no se renovarían, “según procedimientos marcados por la ley”. Dicen desconocer lo comunicado por los antiguos propietarios un mes antes y rechazan ofrecer información sobre si se ofreció alguna indemnización a algunos de los inquilinos, así como el número exacto de los vecinos de renta antigua.
Lo que más indigna a Berta es el dinero que había invertido en reformar su casa apenas un año antes de que supiera que había cambiado de propiedad y que cuando en ese momento planteó al administrador cambiar las condiciones del contrato no le advirtiera de nada. “Me dijo que estuviera tranquila, que ahora los contratos eran de tres años y que nadie me iba a echar de aquí”, cuenta. Al año siguiente le llegó la carta, después de gastarse más de 18.000 euros en las obras.
Los ya ex vecinos cuentan que la antigua propiedad no asumía los costes de las obras de las zonas comunes o cuando había algún desperfecto en las viviendas. En muchos casos, dicen, han sido los propios vecinos quienes ha ido arreglándolas. “Cuando yo llegué hace 16 años no había cocina y fui yo quien la hizo”, afirma la comisaria cultural, quien cuenta lo que le ocurrió a una inquilina como ejemplo del comportamiento de la antigua propiedad. En este caso, los antiguos dueños sí costearon los trabajos para hacerle la cocina cuando entró a vivir a la casa. Sin embargo, unos años después todo un frontal se le cayó encima y le partió el esternón a la vecina. “Me contó que cuando se la llevaron al hospital el administrador entró en su casa a retirar todos los muebles para que nadie viera cómo de mal estaban colocados para que se hubieran vencido”, indica.
De entre los 700 y 1.000 euros que cada inquilino pagaba por el alquiler de sus casas, desembolsaban además cada mes entre 200 y 300 euros, en función de la superficie, por los gastos de Comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles. “Incluso las derramas que había por alguna avería también las pagábamos”, cuenta Berta.
Cuando Dazia Capital adquirió el inmueble realizó la división horizontal del edificio, es decir, piso a piso. En las notas simples del Registro de la Propiedad consultadas por este periódico con fecha de 13 de junio, y referidas a cinco de las viviendas, consta que existe una hipoteca distribuida entre las 29 fincas que forman el edificio. Las cantidades por las que responde cada uno de los pisos revisados oscilan entre los 161.700 y los 303.955 euros, dependiendo de si tienen más o menos superficie. La inmobiliaria oferta a la venta algunas de las casas por importes que van de los 660.000 a los 765.000 euros, sin reformar, y de 950.000 para los que están ya reformados.
