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Qué hacen los diputados

Somos un parlamento de personas que sigue de cerca el trabajo de los gobernantes, especialmente en el . Interesados en y .

Los informes “secretos” del Gobierno que solicitan los diputados

En el Congreso de los Diputados existe un tipo de iniciativa, disponible para uso de los diputados, que son las solicitudes de informe.

Es decir, los parlamentarios desean conocer una serie de datos: en qué estadísticas se basa el Gobierno para desarrollar una política; si se hace una obra pública por parte de una institución de qué informes está apoyada, como por ejemplo, esta solicitud del diputado Pablo Martín Peré en la que pide al Ejecutivo el informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre el “proyecto de ampliación y remodelación del Club Marítimo del Molinar” de Palma.

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Las sombras del proceso legislativo en España

El jueves 17 de octubre de 2013 fue un día importante para la transparencia de la Unión Europea, la organización Access Info Europe ganaba un litigio contra el Consejo de la UE para exigir más transparencia en el proceso de elaboración normativa. El Tribunal Europeo de Justicia rechazaba los argumentos formulados por el Consejo de la UE, y respaldados entre otros países por el Gobierno de España, que buscaban mantener en secreto la identidad de los Estados Miembro a la hora de proponer enmiendas legislativas durante los debates en el Consejo.

En este tipo de litigios los países miembro de la UE pueden unirse a cualquiera de las partes litigantes para defender una u otra postura. En este caso, España se alineaba con el Consejo de UE en contra de la transparencia argumentando que la organización Access Info Europe no tenía un interés legítimo para pedir la información y que era mejor que no se supiese qué país era el autor de cada propuesta para evitar posibles “presiones” por parte de la sociedad civil. También aseguraba que los ciudadanos ya tenían suficiente información sólo con conocer el contenido de las propuestas, pero no el autor. Todos éstos son argumentos que reflejan un concepto de transparencia arcaico que no está en línea con los estándares internacionales más avanzados.

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La constitución ciudadana de Islandia acaba congelada

Un mail a primera hora de la mañana este viernes resumía en una sencilla frase el desenlace del borrador de la nueva constitución ciudadana de Islandia: “ Mataron el proyecto de constitución“. Era de la profesora de Derecho en la Universidad de Islandia,  Elvira Méndez , quien reside en Reikiavik.

A mediados de febrero un miembro de Qué hacen los diputados estuvo en Islandia. Fue una oportunidad para conocer de cerca a algunas personas que habían estado implicadas en el debate y redacción del texto constitucional. Una experiencia que, aunque puesta en marcha desde el Gobierno, contó con la participación directa de la ciudadanía.

El Consejo Constitucional de Islandia debatiendo el texto. Foto: stjornlagarad.is

Como contaremos más adelante, el proyecto  ha resultado en fracaso, según confirman los que mejor conocen el tema, por ser un proceso que ha acabado por perderse "en manos de los políticos".

Para poner en contexto explicaremos brevemente la historia de la constitución ciudadana islandesa, para lo que hay que remontarse a 2009. Tras las duras protestas ciudadanas de enero de ese año, el  Gobierno dimitió en bloque y convocó elecciones anticipadas. De esos comicios, celebrados en mayo, surgió un nuevo gobierno formado por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde.

La idea de reformar la constitución con la intervención del propio pueblo islandés surgió de la  primera ministra de la Alianza Socialdemócrata, Johánna Sigurdardóttir. En 2010, un año después de su elección, empezaron los trámites para  crear un Consejo Constitucional.

El Consejo Constitucional ciudadano

Se convocó una Asamblea Nacional con 950 personas seleccionadas aleatoriamente del registro nacional, de la que surgieron 522 candidatos. Tras celebrar unas  elecciones al Consejo Constitucional, se eligieron 25 delegados de diferentes edades, profesiones, educación y experiencia de vida.

Según apunta la  investigación de la estudiante de Periodismo Internacional de la Universidad de Cardiff, Giulia Dessi, la población con derecho a voto que participó en estas elecciones (el 35%), era más partidaria de los partidos progresistas y “eligió a aquellos ciudadanos que tenían puntos de vista políticos o ideológicos parecidos”, es decir, de tendencia más a la izquierda, según apunta Dessi.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Islandia invalidó el proceso por supuestos defectos de forma que denunciaron diversos ciudadanos. La cámara baja creó un Consejo Constitucional a instancias de una resolución parlamentaria con el apoyo de la mayoría parlamentaria socialdemócrata y los 25 delegados surgidos de las elecciones previas pudieron entonces iniciar el proceso.

Cuatro meses para redactar una nueva constitución

A los 25 miembros del Consejo solo se les dio cuatro meses para cambiar la Constitución (la anterior databa de 1944, procedía de la Carta Magna danesa y solo se había modificado en  cuatro ocasiones).

Tras entregar el borrador de reforma de Constitución al Parlamento se fue al cajón. Foto:stjornlagarad.is

En julio de 2011 el Consejo aprobó por unanimidad el documento resultante: un borrador de  Constitución de 114 artículos divididos en 9 capítulos (el texto avanza en muchos aspectos en cuanto a soberanía del pueblo, cambios en el sistema electoral, separación de poderes o propiedad de los recursos naturales). El texto estuvo en el cajón del gobierno durante más de un año hasta que se votó en referéndum en octubre de 2012. Menos del 50% del electorado islandés ( un 66% a favor) participó en el referéndum.

Tal y como nos explicó uno de los miembros del Consejo -el más conservador, según él mismo confesó-,  Pawel Bartoszek, esos meses no fueron suficientes para redactar el texto. A pesar de que él se muestra escéptico con el proceso ya que algunos tenían “un pasado político”, y otros, en su opinión, no tenían experiencia en política, tampoco creía necesario reescribir la constitución de arriba a abajo. Sin embargo, votó a favor del texto resultante.

El economista  Thorvaldur Gylfason, uno de los miembros más destacados del Consejo Constitucional ciudadano, reprocha al Parlamento el retraso de 20 meses en revisar el borrador.

“A algunos diputados no les gustan ciertos aspectos de la nueva constitución, como el artículo sobre recursos naturales, pero si no se aprueba será un ataque frontal a la democracia islandesa”, comentaba en febrero. “El texto fue aprobado por unanimidad, refleja el deseo de la gente“, subrayó.

El miembro del Partido Pirata de Islandia, que se presenta por primera vez a las elecciones, Smári McCarthy, ayudó a redactar los artículos sobre acceso a la información. “El Consejo solo tuvo cuatro meses para hacer el texto y luego el Parlamento tardó más de un año en trabajar la propuesta (…) que no necesita grandes cambios”, criticó.

McCarthy añadió, asimismo, otro fracaso de la cámara baja islandesa: “Sentimos que las promesas relativas a transparencia y a la apertura no se han cumplido. El partido Independiente y el Progresista -la oposición conservadora- han estado los últimos dos años bloqueando iniciativas y reformas, como la modernización de la libertad de información”.

La oposición rechazó la nueva constitución desde el principio

El diputado del Partido de la Independencia -el mayoritario de la oposición-, Birgir Armannsson señaló: “Estábamos en contra de este proceso tal y como lo puso en marcha el gobierno. Bajo mi punto de vista no había necesidad de reescribir la constitución de arriba a abajo como ha hecho el Consejo Constitucional”.

Aunque afirma que se podrían “reconsiderar algunos de los artículos”, están en contra, principalmente, de la parte relativa a los derechos humanos, la separación de poderes, los recursos naturales y los referéndums. Eso sí, reconsiderarían a la baja, ya que Armannsson no está de acuerdo con que el presidente de la República de Islandia  pueda convocar referéndums y considera que el porcentaje de población que pueda solicitar un referéndum tiene que ser de un 15 o un 20% (no del 10% como propone la constitución ciudadana).

Su intención, si este partido ganara las elecciones del 27 de abril, es no continuar con el proceso de reforma de la constitución.

¿Qué dicen los partidos del gobierno?

La Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde siempre se han mostrado a favor públicamente de la reforma constitucional. La diputada más implicada en el proceso, Valgerdur Bjarnadóttir, señaló antes de que se acabara la legislatura que “si el Parlamento tiene voluntad, está a tiempo”, ya que, a su juicio, solo había que hacer “pequeños cambios en esencia”.

Sobre las críticas a los retrasos, Valgerdur se mostró en desacuerdo y argumentó. “Ha sido imposible hacerlo a otra velocidad. Creo en el proceso y el Gobierno lo ha apoyado seriamente. Si la izquierda gana las elecciones, el trabajo continuará en la próxima legislatura, pero si el Partido de la Independencia gana, probablemente abandonará el proyecto”.

Por insistencia del Partido de la Independencia o ciudadanos como Pawel Bartoszek, el borrador de la ciudadanía se envió a la Comisión de Venecia (órgano perteneciente a la Comisión Europea), quien entrevistó a los partidarios y detractores y examinó la documentación en inglés. Finalmente, en febrero, publicó un borrador de su  análisis técnico-legal de la Constitución islandesa, que apunta defectos de forma y choques de algunos artículos con otras leyes.

Tras el fracaso del Parlamento con la nueva constitución: vuelta a la plaza

Teóricamente el parlamento estuvo las últimas semanas de legislatura trabajando en modificar el borrador según las recomendaciones recibidas de Europa y debatiendo antes de disolverse para intentar llegar a un acuerdo y aprobar inicialmente el borrador, pero no se ha votado.

Thorvaldur, quien se presenta a las elecciones como cabeza del partido Alerta democrática, ha publicado un  artículo al respecto en el que argumenta cómo el Parlamento ha dificultado a lo largo de todo el proceso el avance del borrador constitucional y en el que califica de "cruel traición" el no haber aprobado el texto después de que los partidos del gobierno hayan mostrado tanto apoyo en público.

En el último momento, el Parlamento sorprendió con una nueva medida: requerir dos tercios de la cámara además de un 40% del voto popular para aprobar “cualquier cambio en la constitución” en el siguiente periodo legislativo (sería necesario que un 80% de personas con derecho a voto acudieran a una votación para que se aceptara un futuro cambio constitucional).

Ante esta actual situación, Thorvaldur ha anunciado que la ciudadanía “volverá a la plaza como han pretendido los enemigos de la nueva Constitución” y ha afirmado que tienen pocas esperanzas de que el nuevo Parlamento lleve adelante el proyecto constitucional.

Cada sábado, parte de la ciudadanía islandesa se ha concentrado en los últimos meses en la plaza del Althingi (el Parlamento de Islandia) para reclamar que se aprobara la constitución tal y como quedó redactada.

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