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Por fin, Veneguera

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Pero el hecho merece algunas puntualizaciones. Hay que señalar, en primer lugar, que el éxito de los Servicios Jurídicos le corresponde a la anterior responsable de los mismos, María Jesús Mesa, cesada por Rivero y Ruano de manera absolutamente injusta, pues su profesionalidad está fuera de toda duda y ha quedado ratificada en los 'triunfos' de Tebeto y Veneguera, que han evitado un agujero enorme a las arcas públicas canarias.

Además, profundizando más en el asunto, hay que recordar que la protección de Veneguera ha sido una consecuencia de la plasmación en nuestra legislación de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Gran Canaria, expresada en un movimiento social nacido en los años ochenta (Salvar Veneguera) impulsor de numerosas movilizaciones, así como difusor por todo el Archipiélago de los valores naturales, culturales e históricos de la zona.

Veneguera fue no sólo un hecho puntual de defensa del territorio y del medio ambiente. El amplio debate social suscitado permitió poner sobre la mesa la creciente preocupación por los efectos negativos de nuestro modelo de crecimiento, que junto a numerosos elementos positivos que permitieron el desarrollo económico, el empleo y la mejora de las condiciones de vida, presentaba disfunciones que exigían una reorientación hacia la sostenibilidad. Es decir, como he señalado en otras ocasiones, hacia la necesidad de hacer compatibles el crecimiento económico y la generación de empleo con la preservación de nuestro territorio y sus recursos naturales. Haciendo del turismo, tal y como señalan las directrices europeas, un aliado del desarrollo sostenible

Ley de protección de Veneguera

Han sido muchos los pasos dados hasta alcanzar el máximo nivel de protección para Veneguera, logrado con la aprobación en marzo de 2003 de la Ley que declara el barranco de Veneguera como parte del Parque Rural del Nublo. Aprobación que impulsé, estando al frente de la Presidencia del Gobierno, pese a la frontal posición contraria de una parte significativa del partido -los que hoy integran lo poco que queda de CC en Gran Canaria- que apoyaba al Ejecutivo, que actuaba justo en línea contraria: impulsando la urbanización de Veneguera.

Y antes de esa decisión histórica, el Cabildo de Gran Canaria también hizo sus deberes, en 1998, al contemplar, en la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, la desclasificación de los terrenos de Veneguera impidiendo toda intervención en la zona. Siendo destacable, asimismo, la aprobación provisional del PIOT en enero de 2003, que confirmaba esa imposibilidad de actuaciones urbanísticas.

Pero no todo fueron avances. Es preciso recordar que el Parlamento canario aprobó en 1998 la Ley de Iniciativa Popular que lejos de prohibir la construcción de hoteles en la zona, como se solicitaba en su redacción inicial, autorizó la creación de 12.000 camas en una superficie de hasta 160 hectáreas en Veneguera, tergiversando la propuesta ecologista avalada por la firma de más de 40.000 ciudadanos grancanarios y de todas las Islas.

Una decisión parlamentaria que originó malestar y rechazo en nuestra isla, lo que nos hizo llevar en el programa electoral del 99 una propuesta para proteger Veneguera. Para rectificar ese desaguisado, para cumplir con la voluntad mayoritaria de los hombres y mujeres de Gran Canaria, impulsamos y aprobamos en el Parlamento la Ley 6/2003 de 6 de marzo, que declara el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, y que, por tanto, impide el desarrollo urbanístico en la zona. Justo en los mismos tiempos en que destacados dirigentes de CC trabajaban en la línea contraria, esforzándose denodadamente por urbanizar Veneguera

Directrices

Esta ley, y el conjunto de nuestra actuación, está en plena coherencia con nuestra manera de entender Canarias y su desarrollo presente y futuro. Como hicimos, durante esa legislatura, y tras un dilatado debate social y un elevado consenso, con la aprobación en el Parlamento de las leyes de directrices de ordenación general y del turismo, que apuestan por la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, con una menor ocupación del territorio, la sustitución de la cantidad por la calidad de nuestra oferta y por la diversificación de nuestros productos turísticos. Una ley que fue precedida por la moratoria de 2001, la misma que suspendía temporalmente derechos urbanísticos; la misma que está detrás del entramado jurídico que ha posibilitado que no se tenga que indemnizar a Veneguera Costa Canaria, como queda claro en la sentencia del Supremo.

Los gobiernos posteriores, tanto el de Martín como el de Rivero, han tratado de desandar ese camino. Impidiendo el desarrollo de las directrices en aspectos tan elementales como el impulso a la renovación de la planta alojativa obsoleta o la aprobación en abril de 2006, como correspondía, de la ley trienal que estableciera nuevos límites al crecimiento. Incumplimiento que ha estimulado la petición de indemnizaciones por parte de algunos promotores. En definitiva, la sentencia del Supremo sobre Veneguera es una buena noticia, como lo fue en su momento la de Tebeto o las cuatro del Supremo a favor de la llamada moratoria, mérito de la ciudadanía y, también, acierto de los que desde las instituciones apostamos, de verdad, por la sostenibilidad.

Román Rodríguez

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