La casta del Valle de Aridane, bajo sospecha
Los municipios de la isla de La Palma que conforman el Valle de Aridane se han convertido en los últimos años en un nido de supuestos casos de corrupción que han sacudido la vida judicial y política de la Isla. Nos referimos a las tramas de Los Tarajales, La Nao, El Pozo o la extracción de áridos para la ampliación del puerto de Tarzacorte, entre otros. El digital lapalmacorrupciónenelvalle.com y Radio Murión se han convertido en portavoces de todos y cada uno de estos casos.
No por casualidad detrás de estos medios de comunicación se encuentran empresarios perjudicados que han perdido cantidades millonarias por el camino o directamente se han tenido que declarar en quiebra. Es el caso de César Gil, representante de Inversiones Insulares Cock, quien desde el País Vasco ejerce como látigo de herejes contra la corrupción. El Ayuntamiento de Tazacorte tampoco sale muy bien parado de estas tramas. El alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, y varios concejales están imputados y la Corporación local se enfrenta en la actualidad a demandas en firme que se acercan a los dos millones de euros mientras que las posibles serían muchos más.
El caso tal vez más conocido sea el de Los Tarajales, en referencia al edificio de pisos de lujo construido en primera línea de playa en la avenida de Tazacorte. Y tan en primera línea que ocupa directamente el dominio público. En estos momentos son nueve las sentencias firmes que determinan la ilegalidad del inmueble, todas ellas en la vía contencioso-administrativa. Ahora se está a la espera de que la causa penal tenga un decisivo impulso. Después de depurar la lista de imputados ya se sabe que las sospechas se dirigen hacia el alcalde y el grupo de gobierno de Unión Bagañeta (UB), que gobernaba en el municipio cuando se produjeron los hechos objeto de investigación judicial. Sus nombres son Juan Miguel Rodríguez Acosta, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo y el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito.
Hasta el último momento se ha intentado inculpar al exviceconsejero de Medio Ambiente Miguel Ángel Pulido y a los componentes de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), sobre quienes finalmente se decretó el sobreseimiento. En su momento llegaron a haber hasta 32 imputados.
Los hechos que han originado las investigaciones tienen como epicentro la concesión de la licencia para construir poco después de que se votara la sentencia firme de la Audiencia Nacional y antes de que se hiciera pública. El fallo determinaba que estos terrenos no eran urbanos y su supuesta filtración habría permitido la concesión en el último momento de los permisos.
La línea de deslinde del municipio ocupa casi cuatro kilómetros y medio de largo entre el Barranco de Las Angustias y la Playa del Perdido y en la actualidad tiene una anchura de 100 metros. Esta delimitación venía a anular otra anterior del año 2001 que se basó en la premisa falsa de que estos terrenos eran urbanos y, por lo tanto, la anchura de la zona de servidumbre debía ser de 20 metros. En este caso, el edificio hubiese quedado fuera del dominio público y por lo tanto, no se cuestionaría su legalidad.
Con posterioridad se anuló este deslinde, puesto que no se pudo comprobar que los terrenos disponían de los servicios urbanísticos exigidos legalmente ni que estuvieran consolidadas edificaciones en los dos tercios de la superficie en cuestión. Los tribunales ratificaron que los solares no estaban inmersos en la malla urbanística y que las cinco edificaciones existentes se encontraban en régimen de fuera de ordenación.
La Audiencia rechazó en 2004 el deslinde fijado tres años antes mientras que han sido hasta nueve los recursos presentados por el Ayuntamiento o los promotores ante el Supremo que buscaban su anulación. Ninguno ha salido adelante, pese a que en su momento el Supremo llegó a configurar una Sala especial tras la presentación de una apelación extraordinaria por error judicial. La acusación particular en la querella la ostenta la empresa Inversiones Insulares Cock que pretendía construir un puerto deportivo en este entorno y que a raíz de las distintas resoluciones tomadas, como la concesión de esta licencia, acabó en la quiebra. En estos momentos el sumario está en la Audiencia Provincial a la espera de que se fije la fecha del juicio.
El caso de La Nao
Igual de conocido es el caso de La Nao en referencia a una parcela que lleva este nombre situada también en el municipio de Tazacorte, de 14.000 metros cuadrados. Sobre la misma el Tribunal Supremo emitió una sentencia en el año 2012 ratificando que existió una desviación de poder. Las denuncias se centran en el cambio de calificación de los terrenos de rústicos a urbanizables en el que se vio involucrado el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, cuyo padre es apoderado de la familia Carrillo, que supuestamente se benefició de esta modificación. En concreto, la venta de los terrenos con la nueva calificación se cerró por cerca de 1,8 millones que desembolsó la empresa Estatecnic.
Una vez que el Supremo obligó a que el suelo volviera a ser rústico, la compañía comenzó un calvario judicial para defender que no sólo adquirió unas expectativas sino también unos derechos existentes. Esta sociedad, cuando se escindió aportó la propiedad a Sansipalma SL, dedicada al cultivo y explotación agraria de plátanos, por valor de 590.310 euros.
De ahí que los vendedores cifren en 1,2 millones el perjuicio que la Administración debe afrontar, cantidad que supone la diferencia entre el coste de la compra y el valor agrario de la finca. Un reciente dictamen del Consejo Consultivo determina que la entidad que tendría que desembolsar esta cantidad sería, en todo caso, el Ayuntamiento y no el Gobierno canario como pretendía la empresa. Los juristas estiman que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) cumplió con su papel al declarar como urbanizable este suelo, basándose en los informes y documentos presentados por el Ayuntamiento.
El Pozo, un modus operandi muy similar
El conocido como caso El Pozo es muy parecido al anterior y de hecho ambas parcelas se encuentran justo al lado. En la primera un grupo de empresarios tenía prevista la construcción de un complejo de apartamentos y estaba negociando la compra del suelo para dedicarlo a zona verde. Inicialmente éste no era edificable, pero una modificación en el Plan General hizo que sí lo fuera. Este cambio permitió que otros promotores construyeran un edificio de cuatro alturas a las mismas puertas de la instalación alojativa, que perdía con ello todo su encanto y frustraba el proyecto turístico. Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.
En su momento el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil presentó una denuncia al estimar que el vertido de residuos de construcción y demolición por la ampliación del muelle de Tazacorte podría implicar un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La Fiscalía asumió las sospechas de que las operaciones se realizaron sin la correspondiente autorización administrativa. El Ministerio Público apuntó como presuntos autores de estos hechos a una sociedad mercantil y a un particular.
El digital lapalmacorrupciónenelvalle.com considera que si finalmente se demostrase estos hechos, la empresa adjudicataria de la obra “podría estar jugándose su inhabilitación para celebrar contratos con cualquier administración pública, no sólo en el ámbito insular, también en el regional y quien sabe si más allá, puesto que los denunciantes están dispuestos a elevar el asunto hasta instancias europeas, ya que parte de la financiación de la obra procede de Europa”.
Este medio de comunicación también repara en otros aspectos de la vida del Valle de Aridane tales como los heredamientos de las Haciendas de Argual y Tazacorte que se rigen por unas normas en vigor desde el siglo XV. A grandes líneas estos propietarios son dueños de la totalidad de la Caldera y por lo tanto del agua que por allí circula y emana. Vendría por lo tanto a ser un supuesto incumplimiento de las directivas europeas sobre los recursos hídricos. Todo ello ratificaría la existencia histórica de una anquilosada y muy poderosa casta asentada en el Valle.
Querella criminal contra el secretario del Juzgado
Gran parte de lo que está ocurriendo en estos municipios tendría como origen el funcionamiento del Juzgado de Los Llanos de Aridane. De ahí que los casos se hayan eternizado hasta el punto de que las investigaciones de Los Tarajales abarque ya casi tres lustros y aún no se haya señalado la fecha del juicio.
El enfrentamiento ha llegado al punto de que en estos momentos el empresario César Gil, autor de la mayoría de las denuncias, ha presentado una querella criminal contra el secretario del Juzgado, Tomás Dorestes Bueles, que ha sido admitida a trámite. Lo que considera todo un éxito.
La acusación surge a raíz de que se sacase a subasta, a instancia de una entidad bancaria, una serie de fincas propiedad del empresario. A lo largo de este proceso se habría incurrido en determinadas actuaciones, supuestamente irregulares, que pudieran ser constitutivas de delito. Las acusaciones apuntan a que se pudo haber ignorado deliberadamente la existencia de aparceros o arrendatarios en las fincas subastadas, pese a que se había notificado por escrito la existencia de los mismos. El denunciante señala que se produjo una falta de notificación a los ocupantes, no se informó de forma apropiada ni se incluyó la minoración del valor de las fincas por su ocupación y situación arrendaticia.
Tampoco se habría llevado a cabo el correspondiente depósito previo para concurrir a la subasta por parte de los postores y estiman que ésta se debe considerar desierta al no existir ningún postor en el plazo establecido. Tras enumerar una larga serie de supuestos incumplimientos, Gil apunta a que “independientemente de lo anterior, el querellado ha demostrado a lo largo de sus actuaciones una total y absoluta ausencia de buena fe y un ánimo indiscutible y patente de perjudicar a las ejecutadas, en beneficio de terceros”.
El notario desterrado y los versos a la esposa
La historia surgida entorno a Los Tarajales ha tenido víctimas de todo tipo. Entre ellas están el exnotario de Los Llanos de Aridane J.D.F. y su esposa J.T.M. quienes fueron los primeros en denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo en el suelo sobre el que se levantó el edificio. Años después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló la orden del Ministerio de Justicia que obligó al traslado forzoso del notario por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Lo último que se supo del fedatario es que estaba ejerciendo en un pueblo de Extremadura. El TSJM considera que la sanción no se basó en su posición personal crítica contra las administraciones sino en haber infringido el precepto de que un notario no puede trabajar en lugares donde esté inmerso en enfrentamientos graves y reiterados. Como ocurrió en Tazacorte.
No se sabe muy bien por qué el matrimonio decidió lanzarse de cabeza en la denuncia de este entramado urbanístico y que años más tarde acabaría anulando el primer deslinde de la costa de Tazacorte. Según el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, el matrimonio pretendió hacerse con una parcela a un precio irrisorio porque disponía de información privilegiada e incluso los acusa de haber presionado a los propietarios originales. Al no conseguirlo pero ver que el suelo era calificado como urbano impugnaron las normas subsidiarias y emprendieron una auténtica lucha sin cuartel contra las administraciones.
En esta guerra también hubo capítulos pintorescos. Por ejemplo, trascendió en la prensa de la época que en el expediente abierto en Costas aparecieron unos versos en los que se caricaturizaba “a la señora notaria” y cuya autoría se atribuyó a un técnico. Cuando la aludida encontró los poemas los leyó delante de todo el Departamento y luego levantó un acta notarial.
El alcalde presentó una queja ante el colegio de notarios al acusar a J.D.F. de intentar especular con los terrenos al tener acceso a información privilegiada. A partir de aquí surgió la orden del Ministerio que hace algunos meses fue ratificada por el TSJM.
