Los Servicios Sociales la apartan de su hija recién nacida sin avisar ni dar explicaciones
El calvario de Vanesa Abejes comenzó apenas cuatro semanas antes de salir de cuentas, cuando acudió a una consulta rutinaria del Servicio Canario de Salud (SCS) para controlar su embarazo. Al llegar a su casa de la localidad grancanaria de Vecindario, donde vive con su pareja y su suegra, ésta última advirtió que un apartado del informe médico que le acababan de expedir reflejaba la siguiente frase: “orden judicial de retención del recién nacido”.
Orden judicial que el Gobierno de Canarias ha confirmado que no existe, sino que la medida emana de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional.
Vanesa cree que fue el estrés que le generó la noticia, lo que hizo que se le adelantara el parto y diera a luz el pasado viernes en su vivienda con la única ayuda del padre de la criatura, Alberto Airán Padrón. Una experiencia que describe como bonita, a pesar de haber sentido miedo. Una vez llegó la ambulancia, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde recuerda que se quedó en una sala, a la espera de pasar a una habitación.
Casi dos horas después de haber dado a luz, relata cómo una trabajadora social se presentó en la estancia y se llevó a su hija, en una estampa que describe como dramática. “La matrona me preguntó hasta tres veces si tenía hábitos tóxicos, le dije que me hiciera una analítica si no me creía”, rememora la madre.
“A mí el mundo se me cayó encima, porque sentí que no podía hacer nada. Quería estar más tiempo con mi niña y no me dejaron”, lamentó. Pese a que puede visitar a la pequeña Mía Jezabel, a la que ubicaron en una zona distinta del Hospital, no se la puede llevar a casa.
En su desesperación y al no encontrar respuestas, señala que la familia contrató los servicios del abogado Juan Jesús González, que se recorrió todos los Juzgados en busca de la presunta orden que permitía la retención del bebé, sin resultado. Pese a que presentó un escrito ante la Dirección General de Protección del Menor solicitando que se anulara, la orden sigue vigente.
Uno de sus cuatro hijos, a cargo de Aldeas Infantiles
Desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que el Gobierno puede tomar este tipo de medidas cautelares si considera que el recién nacido puede quedar en situación de desamparo. Sin embargo, la decisión de quitarle la custodia a unos padres corresponde a un juez, algo que el Ejecutivo no ha solicitado todavía.
Según relata Juan Jesús González, las explicaciones no llegaron hasta este lunes, cuando un representante de la Consejería trasladó a los padres que la decisión se había adoptado, porque uno de los cuatro hijos de Vanesa se encuentra acogido por el colectivo Aldeas Infantiles.
González rechaza la política llevada a cabo por la Administración, puesto que “dicen que no tienen que notificarlo”, pese a saber dónde viven los progenitores. Sí recuerda la familia que la Dirección General del Menor citó a Vanesa en junio, cuando contaba con una recomendación médica que le impedía desplazarse por su avanzado estado de gestación, por lo que respondió que no podía acudir.
El abogado asevera que técnicos de Aldeas Infantiles sí han entrado en su casa para comprobar que “tiene todas las disposiciones necesarias”.
Una denuncia por malos tratos que dio un giro
La historia de Vanesa no es un camino de rosas. Siempre según su versión, su vida dio un vuelco cuando su hija mayor la denunció por malos tratos cuando todavía era menor de edad. Fue durante el proceso, cuando perdió la custodia de sus dos hijos medianos. Una de ellas se fue con su padre; la responsabilidad del otro, al no tener progenitor conocido, quedó en manos de la comunidad autónoma.
Poco después perdió su vivienda, lo que en conjunto le provocó una depresión e hizo que viviera en una casa okupa durante un tiempo. Posteriormente, el proceso dio un giro y el 29 de septiembre de 2015 el Juzgado de Menores Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a la entonces menor a libertad vigilada, por ser la responsable de un delito de maltrato en el ámbito familiar.
Vanesa asegura que nunca ha sido condenada por un juez, y que desde hace dos años volvió a encausar su vida tras iniciar una relación con su actual pareja, con la que trata de recuperar la custodia del hijo que perdió. “He caminado con la sentencia y nadie me ha hecho caso, he presentado escritos que no se me contestan, llamadas que no se me responden, visitas a Menores en las que no saco nada...”, argumenta.
En la actualidad ambos se han quedado recientemente en paro, cuentan con la pensión de invalidez de la abuela, Irene Falcón, y Alberto Airán ha solicitado la incapacitación al sufrir dolencias permanentes en la espalda tras ser víctima de un accidente. Aunque Vanesa es camarera de piso y espera volver a trabajar en un futuro próximo.
El lunes inscribieron a la recién nacida en el registro, donde se hizo constar el nombre y apellidos del padre, que se muestra sorprendido por no haber tenido voz hasta la fecha, puesto que Mía Jezabel es su primera hija. “Se me parte el alma cuando la veo en una cuna y veo que a lo mejor no la tratan como lo haría yo”, lamenta.
“Vamos a pedir daños y perjuicios”
González afirma que “hay algo que es extremadamente irregular, y es que la Consejería sabía de la existencia de Airán, porque él ve al hijo que custodia la comunidad autónoma durante las visitas y le autorizaron poder acercarse al menor”.
Todos los informes hechos, añade, como los de toxicología o los psiquiátricos, son favorables a la familia. “La conclusión es que están totalmente habilitados tanto paternal, como maternalmente”.
El abogado sostiene que no solo solicitará la revocación de la medida cautelar, sino que pedirá daños y perjuicios debido a que “cada día vienen en taxi desde Vecindario, con el esfuerzo que eso les está costando”. Tras presentar una reclamación, afirma que interpondrá un recurso de reposición o uno de alzada si hiciera falta. Sin embargo, confía en que “se resuelva antes, porque sino tendremos que acudir a la vía jurisdiccional, teniendo en cuenta que no hay ningún precepto que ellos no cumplan de los cuales están recogidos legalmente”.
Vanesa asegura sentirse desamparada por la Administración “como mujer y como madre”, cree que los procedimientos se han extendido en el tiempo y siente que no ha sido escuchada.
