“Si no pudimos dejar a las pequeñas con nadie cuatro horas, imagínate un mes”
Un militar que sirve en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, ha acudido la mañana de este lunes a recibir una resolución que le mantendría arrestado y le privaría de libertad durante un mes y un día en un centro del Ejército. El motivo: haberse negado a realizar un servicio que, según había advertido con anterioridad, no podía cubrir al tener que hacerse cargo de su hijo menor de edad, que en la actualidad cuenta con un hermano.
Lo que en principio iba a consistir en la notificación de la resolución definitiva de su sanción disciplinaria en los servicios jurídicos del Mando General Aéreo de Canarias y su posterior traslado al centro que le mantendría recluido, terminó convirtiéndose en un proceso de cuatro horas en las que el cabo fue reconocido por un psiquiatra, tras lo cual volvió a casa con su familia.
El regreso del militar a su domicilio no significa, sin embargo, que quede exento de cumplir la sanción. Según explica su abogada, Ágora Rosales Merenciano, “hemos alegado que él está de baja, que cuenta con unos informes psiquiátricos, a raíz de esta situación, que le impiden entrar a cumplir”. Por lo tanto, la resolución queda en suspenso hasta el 21 de mayo, fecha en la que deberá someterse a un nuevo examen.
Rosales Merenciano pone de relieve la inseguridad jurídica con la que cuentan los militares que sufren este tipo de expedientes al tener que esperar como mínimo cinco días una vez entran a cumplir la sanción, para que la administración responda si el mismo queda en suspenso, algo que sucede “siempre que no atente contra la disciplina militar”. El inicio del plazo, explica, no tiene reflejo en la ley y queda agravado al tener en cuenta que la institución no tiene obligación de responder.
La abogada reconoce que si el Ejército no suspende el ingreso a través del recurso que ha interpuesto, el cabo tendrá que aceptar una reclusión, como resultado de que sus superiores hayan ido recortando paulatinamente los derechos de reducción de jornada que solicitó en su día para poder hacerse cargo de sus hijos y que supuso un descenso en sus ingresos.
Asimismo, recuerda que este hecho no es aislado y que solo en Gando ha recibido los casos de otros dos militares que sufren la misma situación. “Inicialmente se les reconocía una reducción de jornada que les exoneraba de tener que realizar guardias, maniobras y algunos servicios y, de repente, les han ido revisando y recortando esos derechos que tenían”, explica.
Esta y otras denuncias recibidas tanto en Canarias como en la Península llevan a Rosales Merenciano a advertir de un cambio de criterio por parte del Ministerio de Defensa en los últimos meses. “Mientras que antes sí que concedía la reducción de jornada con sus correspondientes exoneraciones, ahora ya no es así y está recortando esos derechos”.
“Lo estamos pasando mal”
Los familiares y conocidos de los tres militares expedientados que se encontraban en la zona mostraron a Canarias Ahora su indignación por la actitud de los mandos del Ejército y señalaron que la misma data de finales del pasado año.
En este punto, manifestaron estar pasándolo “bastante mal, esperando siempre una llamada a ver qué nos dirán” e insistieron en que los menores no tenían ningún conocido con quien poder quedarse, más aún teniendo en cuenta que uno de ellos contaba con tan solo cuatro meses de edad, motivo por el que uno de los sancionados tomó la decisión de llevarlo a la Base.
“Tu quieres hacer lo que ellos te mandan, pero no puedes y no te queda más remedio que llevarte a los niños, porque no los vas a dejar cuatro horas encerrados en casa, porque eso es un delito”, apostillan.
Al recibir el expediente “te quedas más muerto que vivo” explica una de las parejas de los afectados, porque “si no pudimos dejar a las pequeñas con nadie cuatro horas, imagínate un mes... ¿qué es lo que hacemos?”.
Medida injustificada
La merma de los derechos de reducción de jornada en dos de los casos nombrados ya está siendo tramitada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria y la abogada anuncia que también recurrirán ante la Justicia la sanción disciplinaria al cabo que “entendemos totalmente injusta”, en caso de que el recurso presentado no prospere.
Hay que recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio recientemente la razón a una militar destinada al Regimiento de Infantería Ligera en Tenerife, para que pudiera compatibilizar su vida laboral con la familiar, en contra de las resoluciones del Ejército de Tierra.
Rosales Merenciano pone de relieve que solamente en casos excepcionales se puede limitar la reducción de jornada y en caso de que no se respete, los motivos deben quedar debidamente justificados. Algo que a juicio de la abogada no ha ocurrido en los tres casos registrados en la Base de Gando.
