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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

El vacilón del ITE

Mariano Rajoy y José Manuel Soria, en una imagen de archivo (ACFI PRESS)

Carlos Sosa

Había que esperar a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 para confirmar la última tomadura de pelo de Mariano Rajoy y José Manuel Soria a Fernando Clavijo. Los 192,9 millones de euros de transferencia del desaparecido Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE) o ITE, figuran en las cuentas del Estado para el año que viene como un ingreso más, lo que significa que sobre el papel Canarias no puede contar con ese dinero para preparar sus cuentas. Todo el palabrerío desparramado sobre el cambio de actitud del Estado con el Archipiélago, la rehabilitación de Soria como genial interlocutor y la absurda discusión sobre el reparto de esa limosna se quedan colgados de la voluntad que pueda tener quien ocupe La Moncloa a partir del 20 de diciembre. Porque es de primero de Economía que todo aquello que no está en la ley de presupuestos no está en este mundo. Y la condonación de la transferencia de ese impuesto desde Canarias al Estado no está ni se le espera. Pero, ¿qué demonios es el ITE que tanta presunta polémica ha generado en estos últimos meses? ¿Es su devolución, o mejor dicho, su permanencia en Canarias, un gesto de generosidad del Gobierno de España o acaso una de esas tomaduras de pelo que se perpetúan en las relaciones con la metrópoli? ¿Su importe se puede repartir entre las instituciones como si fuera una transferencia de una sola vez o ha de formar parte de los ingresos del IGIC y distribuirse por las fórmulas presupuestarias tradicionales?

¿Qué es el ITE?

El ITE es un impuesto anterior al ingreso de España en la Unión Europea, y fue sustituido llegado ese histórico momento por el IVA, en Canarias el IGIC, merced a su protocolo especial de acceso a las Comunidades Europeas de entonces. Corría el año de 1991, con Lorenzo Olarte de presidente del Gobierno canario y Josep Borrell como secretario de Estado de Hacienda, cuando por la ley del Régimen Económico y Fiscal, justo en este último aspecto, el fiscal, se crea el IGIC. El Impuesto General Indirecto de Canarias, que es lo que significan esas siglas, absorbía la parte del Estado del viejo ITE y los arbitrios de los que disfrutaban los cabildos. Borrell, siempre más espabilado que sus interlocutores, mete desde entonces la cuchara alegando que el Estado dejaba de recaudar por impuestos indirectos en Canarias. Fue en aquel momento cuando se fijó un cálculo teórico sobre el crecimiento de la economía canaria por el que se establece cada año una cantidad que la comunidad autónoma ha de transferir al Estado. Para el año 2016, esa cantidad ha quedado fijada en 192.9 millones de euros, cantidad que Canarias ha de transferir y así aparece consignada en el capítulo de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, aprobados este martes por el Congreso de los Diputados con los únicos votos del Partido Popular. Es decir, el partido que se comprometió con Canarias a cancelar ese viejo acuerdo de 1991 en una de sus más recientes sesiones de venta de crecepelo, producción gentilmente comprada en su integridad por Fernando Clavijo . Así las cosas, la consejera de Hacienda no podrá incluir esa cantidad en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, lo que significa que todas las disputas sobre la manera de repartir ese dinero no es más que un castillo de fuegos artificiales con algunos voladores sin rabo. Y perdón por lo de voladores.

El día que Mauricio vendió la misma burra

El regreso del buen rollito con Madrid, apasionadamente interpretado en esta ocasión por el presidente Clavijo, recuerda mucho a aquel famoso y almibarado idilio que sostuvieron entre 1996 y 2000 José Carlos Mauricio, líder indiscutible de todo, y José María Aznar, convertido ahora en insuperable valedor de las esencias de la reserva espiritual de Occidente. A Mauricio, por si no lo recuerdan, se le bautizó entonces con el apelativo de El Conseguidor, papel que ahora ha pretendido jugar con mucha menor fortuna el ministro de Industria, José Manuel Soria. Corría el año 1997 cuando Madrid hacía una concesión histórica que les va a sonar un montón (y la yema del otro): era ministro de Administraciones Públicas, es decir, responsable de la financiación de las comunidades autónomas, un tal Mariano Rajoy. Junto a nuestro Pepe Carlos, Rajoy proclamó al mundo que a partir de ese momento, y a contar a partir de los presupuestos de 1998, el Estado no volvería a descontar el ITE a Canarias. De aquella manera, ambos dignatarios, venidos arriba, superaban con creces el artículo 12 de la Ley del REF de 1994 (19/1994),en el que se fijaba que la mitad de la transferencia del ITE regresaría a Canarias en forma de convenios de inversiones. Ni una cosa ni la otra se ha cumplido jamás, ni con Aznar, ni con Zapatero y mucho menos con Rajoy, que llegó a explicar aquel acuerdo con Mauricio desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Puro vacilón.

¿Reparto? ¿Qué reparto?

Así las cosas, resulta cuando menos patético que el presidente del Gobierno de Canarias ande enfrascado en una penosa discusión con los presidentes de los cabildos insulares para ver cómo repartir unas cantidades que en realidad no vienen del Estado sino que deberían quedarse en Canarias por derecho propio. De haberse materializado aquel acuerdo de Rajoy en 1997, la devolución de la parte correspondiente del ITE sumaría ahora una cantidad importantísima que jamás habría de ser sometida a otro criterio de reparto distinto al que impera en estos momentos del IGIC, que en 2015 va camino de superar los 1.200 millones de euros de recaudación. Pretender como ha hecho Clavijo aplicarle una fórmula basada en la triple paridad, es decir, en la representación basada en la ley electoral más injusta de esta parte del hemisferio, solo sirve para alimentar las razones que llevan a muchos a sostener que este Gobierno ha desenterrado los viejos demonios del insularismo para aislar a la isla de Gran Canaria. Porque, si se fijan bien, existe absoluta unanimidad en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentran las tres que se sostienen gracias a las otras cuatro. Ni siquiera el socialista Anselmo Pestana ha levantado la voz para quejarse de un reparto que se viene abajo con tan solo plantearlo, mientras que Casimiro Curbelo, desde La Gomera, va cogiéndole afecto a Fernando Clavijo en una clara jugada que persigue contar con él para un hipotético gobierno de CC con el Partido Popular en el caso de que Rajoy pueda mantenerse en el machito. Pretender colgar a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, la etiqueta de insularista es ignorar premeditadamente que eso no forma parte de su pedigrí político y que esa isla es la única de toda Canarias donde jamás ha triunfado el insularismo. Una vieja reclamación de Canarias, que debió fijarse en el cambio de modelo de financiación impuesto por Aznar en 2000, regresa ahora como espantajo para que los canarios estemos entretenidos con una monumental tomadura de pelo. Y así, hasta el próximo vacilón de los muchos que promete proporcionarnos esta loca legislatura.

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