La Fiscalía General del Estado propone a María Farnés como fiscal de Sala jefa del Tribunal Supremo

La fiscal superior de Canarias, María Farnés.

Canarias Ahora

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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido en el marco del Consejo Fiscal celebrado este viernes el nombramiento de 17 altos cargos del Ministerio Fiscal que propondrá al Gobierno de España, entre los que está la actual fiscal superior de CanariasMaría Farnés Martínez Frigola, para ocupar una de las plazas de fiscal de Sala jefa del Tribunal Supremo.

El Ministerio Fiscal señala que son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado un total de 86 aspirantes tras la publicación de la Orden PJC/7/2026 de 13 de enero (BOE del 15 de enero de 2026).

María Farnés accedió a la carrera fiscal en 1986 y fue destinada a la Fiscalía Provincial de San Sebastián. En 1987 obtuvo destino en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde en 2005 fue nombrada Fiscal Delegada de la Fiscalía Anticorrupción. En 2009 pasó a ejercer como Teniente Fiscal de esa Fiscalía Provincial hasta que en 2020 fue designada Fiscal Jefa de la misma. Desde 2022 ha sido Fiscal Superior de Canarias. Peramato ha destacado su bagaje profesional, visión territorial e insular y un plan inspirado en la unidad de actuación, eficacia organizativa, modernización tecnológica y excelencia jurídica.

La actual actual fiscal superior de Canarias ha sido propuesta para cubrir tres plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo junto a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal, y Ana Isabel García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y desde febrero de 2026 nombrada fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Según informa el Ministerio Fisal, Teresa Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía. Ahora, el nombramiento final lo tiene el Gobierno.

En total se habían convocado 19 plazas, aunque dos de ellas, correspondientes a las fiscalías provinciales de Cuenca y Lugo, no han recibido candidaturas por lo que tendrán que ser convocadas de nuevo.

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