El gabinete ingenuo

La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, convocó ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, una entrevista con los medios regionales de comunicación. La previsión de la Junta reza así:

“Posteriormente, a las 11,30 horas, la presidenta realizará una entrevista conjunta con representantes de los medios de comunicación de implantación regional y provincial. Esta entrevista será grabada en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, para, posteriormente ser emitida o publicada por todos los medios de comunicación. 11,30 horas.- La presidenta realizará una entrevista conjunta con 22 medios de comunicación de la región. Durante la entrevista solo podrán estar presentes los representantes de los medios participantes. Una vez terminada la Oficina de Comunicación del Gobierno regional se encargará de la distribución. Los medios podrán ofrecer un avance de la entrevista a partir de las 14,00 horas, así como emitir la totalidad de la misma a partir de las 19,00 horas y en los días sucesivos.”

Sin embargo, diferentes medios han hecho eco de su indignación al no recibir invitación a dicho evento. Medios que, de hecho, se merecían una invitación no sólo por su trayectoria y esfuerzo, sino también porque cumplen los requisitos establecidos por la nota de prensa, ya que abarcan tanto informaciones regionales como provinciales. Sólo se puede especular el porqué de esta decisión, sin embargo es necesario destacar que el factor común entre los medios que no pudieron participar es su afán crítico con las diversas medidas adoptadas por el actual gobierno regional durante su mandato. Al parecer el gabinete de Cospedal decidió seguir los pasos de Rajoy y cortar por lo sano para evitar cualquier posible molestia provocada por aquellos profesionales que presentan una cierta propensión a discutir y proponer otros puntos de vista a las gestiones de nuestros mandatarios regionales. Existe un gran fallo en esta decisión y es que se trata de una que afecta a un servicio público. Por lo tanto, los ciudadanos se merecen el derecho de recibir información tan importante con la menor intervención posible. Los medios de comunicación son los responsables de ofrecer a la población una información completa y crítica, de modo que cada persona tenga la oportunidad de formarse una opinión propia y pueda actuar de acuerdo a la misma. Pero estos son datos reiterativos, básicos, que no se tendrían que repetir, porque todo aquel involucrado en el mundo de la comunicación los conoce y los debería respetar.

Este tipo de sesgos pone en riesgo las bases de una sociedad democrática y plural, porque obliga a la comunidad a seguir unos patrones establecidos y decididos por otros. No sólo se traza una línea divisoria entre los que pueden participar o no, sino que también se limita la capacidad de decisión de los mismos medios que lograron pasar la prueba, dictando abiertamente cuándo sí y cuándo no se les permite hacer pública la información. E incluso, a pesar de todo esto, el Gobierno tiene el aplomo de escribir en su comunicado que todos los medios podrán publicar sus piezas informativas. Es de suponer entonces que los medios no invitados tendrán que conformarse con las notas de prensa facilitadas por la propia institución para completar su agenda. Porque la alternativa es esperar que estos profesionales pasen por alto este desprecio y omitan la situación, lo que parece demasiado ingenuo para ser verdad.