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Proceso de escolarización: “distrito único” versus “zonificación” (I)
Área de Educación de Podemos Castilla-La Mancha —
Habiendo comenzado en el mes de febrero el proceso de escolarización para el curso 2016/2017, y a la espera aún de las adjudicaciones definitivas, en PODEMOS-CLM queremos reflexionar sobre dos conceptos vinculados a este asunto: dos modelos, el “distrito único” y la “zonificación”. Desde la humildad y la responsabilidad de trabajar por el sistema educativo de Castilla-La Mancha pretendemos aportar información, generar debate y tomar posición. Es nuestra voluntad que la Educación trascienda la propia comunidad educativa y empape al conjunto de la sociedad, máxime cuando nos encontramos en un momento trascendental, a las puertas de una más que probable nueva ley educativa.
Encuadre legislativo
En el año 2012, el gobierno autonómico del PP publicó el Decreto 163/2012, que establecía una nueva regulación del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados. En este decreto se podía leer: “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará el derecho a la libertad de elección de centros por parte de los padres, madres o tutores legales y el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los ciudadanos y ciudadanas a un puesto escolar gratuito… en los centros públicos y en los centros privados concertados”. Este fragmento aparecía ya de manera literal en la Ley de Educación de Castilla-La Mancha de 2007, aprobada bajo el gobierno del PSOE.
A la vista queda que equiparar la “libertad de elección de centros” al “acceso, en condiciones de igualdad, de todos los ciudadanos” no fue aportación del PP, sino del anterior gobierno del PSOE. Asimismo, alguien cargado de sutileza podría incluso insinuar que se prioriza el primero, elevado de categoría al estar precedido del vocablo “derecho”, sobre el segundo, sin esta consideración. Sea como fuere, lo que sí introdujo el gobierno de Cospedal en nuestra región en 2012 fue el distrito único de escolarización: “…con el fin de favorecer al máximo el ejercicio del derecho de elección de centro educativo por parte de las familias, ha decidido establecer las áreas de escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos de manera que coincidan con la localidad…”. Por último, curiosa cuanto menos la irrupción de una nueva tipología de centro educativo, el “centro sostenido con fondos públicos”, término nada inocuo que reemplaza la nomenclatura tradicional de centro público y centro privado concertado, sustitución que diluye ambos conceptos y potencia la idea de equivalencia entre dos realidades bien diferentes y para nada equiparables. ¿Por qué se haría?
El modelo de zonificación
Las autoridades educativas desarrollan cada año un proceso de admisión para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. A fin de ordenar este proceso existe una serie de principios y procedimientos que busca garantizar la libertad de elección y el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos. Dentro de este proceso de escolarización, en CLM existió hasta 2012 un modelo de zonificación, que establecía una estructura zonal en cada localidad y, en consecuencia, los centros educativos formaban parte de un área determinada. A partir de esta organización, y en base a la existencia de un baremo, las familias tenían preferencia para acceder a los centros más próximos a su domicilio en base a la priorización de una serie de criterios: existencia de hermanos en el centro, proximidad al domicilio, rentas anuales de la unidad familiar, etc.
En defensa del distrito único
En 2012, el gobierno del PP introdujo en muestra región el área única de escolarización o distrito único. Así, el sistema de zonificación quedaba sustituido, la adscripción de centros desaparecía y en los criterios de admisión que establecía el nuevo baremo todas las familias que vivieran en la misma localidad contarían con el máximo de puntos permitido por este concepto –diez-.
Las voces defensoras del distrito único esgrimen un argumentario que se construye a partir de una crítica del modelo previo de zonificación, calificado como limitador y restrictivo, que constriñe a las familias y limita el deseo de elegir la mejor educación para sus hijos. En consecuencia, el principio de libertad de elección de centro se configura como el eje primordial esgrimido por los defensores del distrito único, legitimado incluso por la propia Constitución Española. El segundo argumento descansa sobre la idea de que el distrito único potencia la competencia entre centros educativos, obligados a sobresalir del resto con proyectos diferenciados que atraigan el interés de las familias, lo cual beneficia al conjunto del sistema, porque esa competencia se concibe como paso previo a una ineludible mejora del sistema educativo e incremento de la calidad de la educación, según estas mismas voces.
El contexto olvidado, pero necesario: el distrito único como instrumento
Para entender mejor la función que desempeña el distrito único es necesario perfilar de manera adecuada el contexto en el que se inserta.
En primer lugar, es significativo que el distrito único ha sido una reivindicación histórica de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal de la enseñanza privada, por lo que es presumible pensar que beneficia de alguna manera a los centros privados concertados. Trabajemos pues con esta hipótesis de partida. Ya que la construcción de un centro educativo privado tiene un alto coste de inversión y no puede hacerse en todos los barrios ni en aquellas localidades con poca población -puesto que el índice de retorno de inversión hace inviable el negocio-, el distrito único es la herramienta perfecta para invertir este proceso, haciendo que sea la población la que se acerque a los centros privados concertados. ¿Y cómo se puede conseguir esto? ¡Con los recortes educativos!
Como consecuencia de la crisis económica, las élites económicas de nuestro país han buscado nuevos nichos de mercado en los sectores públicos tradicionales, educación y sanidad especialmente. Las políticas adoptadas en gran medida por el PP, brazo político de la oligarquía, y en menor medida por el PSOE han ido encaminadas en este sentido. Así, los recortes en educación han generado un empeoramiento de las condiciones materiales, un aumento de la conflictividad y una merma de la calidad educativa.
Pero la inclemente determinación con la que las decisiones políticas se han aplicado sobre el sector público, misteriosamente mutaba en jubilosa generosidad para con el sector privado, que ha recibido también el impacto de la crisis, pero en menor medida. Una de estas prebendas ha sido y es el distrito único de escolarización, instrumento entregado a las familias para que busquen una alternativa en los centros privados concertados a la degradación de los centros públicos. Esta alfombra roja se denomina distrito único y posibilita ipso facto el aumento del número de clientes potenciales de los centros privados concertados.
Además, desde el establecimiento del distrito único, el incremento de las solicitudes recibidas por los centros privados concertados permite el filtrado y la selección del alumnado por diferentes mecanismos -algunos de ellos no confesables en público-, hecho que permite aglutinar a familias y a sus vástagos por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro. Así, es posible defender que el distrito único propicia una segregación que fomenta la desigualdad. La OCDE -sacrosanta institución para el credo neoliberal- en su informe Equidad y calidad de la Educación: apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas, de mayo de 2012 advertía de los riesgos que la “plena libertad de elección de los padres” suponía para el sistema educativo. Dicho informe apuntaba: Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de elección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la libertad de elección y limitar los efectos negativos sobre la equidad.
Es muy curioso que el informe abordara esta idea justo dentro del apartado “Evitar políticas del sistema que provoquen el fracaso escolar y estudiantil”, lo cual es bastante elocuente e implica que la OCDE ha constatado que allí donde se ha desarrollado la libertad de los padres se ha aumentado la segregación, la desigualdad y el fracaso escolar. Así, apoyar el distrito único implica, por un lado, colaborar en el aumento de la segregación, la desigualdad y el fracaso escolar y, por otro, damnificar y perjudicar al sistema educativo y, por extensión, al conjunto de la sociedad.
En síntesis, el distrito único es un instrumento utilizado por las políticas neoliberales dentro del proceso de mercantilización y privatización encubierta de la educación pública, dinámica que la LOMCE va a consolidar.
Si con el distrito único se propicia una polarización social y una categorización de los centros educativos, con centros privados concertados de primera y centros públicos de segunda, ¿qué consecuencias tendrán las reválidas, otra herramienta defendida por la LOMCE? Con esta dinámica en consolidación, la existencia de centros con un contexto socioeconómico del alumnado óptimo y con una conciencia clara de la necesidad de la mejor formación posible frente a otros centros donde estas características no se dan, no es difícil adivinar que los resultados de los primeros serán indudablemente mejores que los de los segundos en estas pruebas. Si añadimos la intención de algunas administraciones de hacer públicos los resultados, el efecto llamada está servido y se potencia la “huida” hacia los centros privados concertados.
Hay que reconocer que es un plan perfectamente trazado que persigue un incremento de alumnado en los centros privados concertados, un trasvase encauzado y tendencioso, propiciado por las autoridades educativas y por unas políticas muy concretas. Y es cuanto menos sonrojante que con posterioridad esas mismas administraciones expliquen este hecho como resultado de la propia voluntad de las familias en su ejercicio de la libertad de elección, obviando el papel condicionante que las administraciones y sus decisiones ostentan en el proceso.
