El PP aprueba nombrar 'a dedo' a los letrados del ente que fiscaliza las decisiones de la Xunta
Fin del cuerpo de letrados del Consello Consultivo de Galicia. El pleno del Parlamento aprobó este martes con los votos del PP la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017, el cuestionado método para cambiar en una sola operación múltiples textos legales -una veintena, en esta ocasión-, entre ellos la norma que regula el Consello Consultivo, el órgano por el que pasan los diversos proyectos legales y normativos de la Xunta para evaluar su encaje legal.
Como habían advertido en los últimos días En Marea y PSdeG esta modificación implica que los letrados del organismo pierden su autonomía como cuerpo de letrados independiente del Gobierno. Desde ahora se quedan integrados en la escala general de letrados de la Xunta, entre los cuales el presidente del organismo los elegirá por la vía de la libre designación y teniendo en cuenta criterios como el de la “confianza”.
Después de que la asociación profesional que representa a los propios letrados haya alertado de que la reforma otorga “omnímodas facultades” al cuestionado presidente del Consultivo, José Luis Costa Pillado, y haya subrayado además que la Xunta puede estar cometiendo una “ilegalidad”, toda la oposición gallega ha reiterado en el pleno las mismas alertas. En pleno “enfrentamiento” de Costa Pillado con el funcionariado del Consultivo, dice desde En Marea el viceportavoz Antón Sánchez, el Gobierno apuesta por “rebajar la independencia” del organismo cuando la decisión que debería tomar, afirma, es promover la marcha del presidente por “estar imputado en la operación Cóndor”, el caso “del que dijo no saber nada” en el Parlamento “y al día siguiente fue a testificar ante la jueza”, lo que implica que “mintió” en la Cámara
Para la portavoz del PSdeG en el debate, Begoña Rodríguez, la intención de los conservadores con esta reforma es simple. “No es más que quitar de en medio aquello que es molesto”, en este caso los letrados que pueden elaborar informes críticos, “a no ser que ustedes entiendan que con una libre designación no se reduce la independencia” de un organismo que está sufriendo “un daño irreparable” por parte de su presidente, responsable “de una condena por alterar de forma irregular las condiciones del funcionariado”. En esta línea advierte también desde el BNG su viceportavoz, Olalla Rodil, quien ha instado sin éxito a los populares a tener en cuenta que “los propios letrados advierten de que podrían estar incurriendo en una patente ilegalidad; allá ustedes con el botón que presionan” para votar.
El criterio de los grupos de la izquierda ha sido rebatido desde el PP en la voz de la diputada Paula Prado. Tras acusar a En Marea de tener “su propio corralito de corrupción en el Ayuntamiento de Santiago” y reiterar que el electorado “vota mayoritariamente al PP” la diputada conservadora limita la reforma al hecho de que ahora el Consultivo va “a poder contar con cualquier letrado de la Asesoría Jurídica” y no duda de la legalidad del cambio, ya que “confío mucho en los letrados del Parlamento”. La manera en que se designen los letrados no es el relevante, afirma Prado, ya que “el que tiene que ser autónomo es el órgano” y la oposición “ no puede poner en tela de juicio la independencia de los letrados de la Xunta”, porque es “un absoluto error y una absoluta barbaridad”. Se trata, simplemente, de una “reorganización de los recursos humanos”.
ES en este escenario en el que los populares culminan la aprobación del proyecto presupuestario para 2017 y de sus leyes asociadas. Entre los cambios aprobados con esta ley figuran, entre otros, una relajación de las normas para los cultivos energéticos en los montes, reformas tributarias o una prórroga para evitar tener que rescatar las concesiones de las televisiones autonómicas privadas que están incumpliendo los términos de las licencias que les concedió el Gobierno de Manuel Fraga cuando ya estaba en funciones.
