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La Xunta se queda sin dinero para peticiones de la renta de inclusión social por segundo mes consecutivo

El conselleiro de Política Social, con Feijóo en una comparecencia pública

David Lombao

El pasado febrero el Parlamento de Galicia dio luz verde definitiva con los votos del PP a los Presupuestos Generales de la Xunta para 2017. Las cuentas del Gobierno gallego, oficialmente en vigor desde el día 10 de ese mes, trajeron consigo una dotación récord para financiar la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), la prestación para personas sin recursos económicos que la propia Xunta define como ayuda de “subsistencia” -oscila de los 399 euros mensuales para personas que vivan solas a los 600 para hogares de hasta 7 personas- y cuya dotación presupuestaria depende del número de solicitudes, esto es, de las personas que se encuentren en situación de pobreza. Según la Consellería de Política Social los 57,45 millones dedicados a atender esta prestación en 2017 iban a permitir cumplir con los pagos sin dificultad. No obstante, el pasado abril el Gobierno se quedó sin fondos para nuevas solicitudes por segundo mes consecutivo.

Como informó Praza.gal, las primeras dificultades para la financiación de la Risga llegaron apenas un mes después de la aprobación de los Presupuestos. El pasado marzo la Consellería tuvo que admitir formalmente que sus previsiones se habían quedado cortas y habían sido superadas por el “incremento experimentado en las solicitudes pendientes de concesión”. Para “atender 90 solicitudes de ayuda nueva” el departamento de José Manuel Rey Varela se vio obligado a echar mano de 600.000 euros adicionales que inicialmente iban a financiar ayudas para gastos farmacéuticos de personas sin recursos, esto es, una de las medidas anunciadas por la Xunta tras las elecciones municipales de 2015 para paliar los copagos aprobados por el Gobierno central del propio PP.

Apenas un mes después la situación se ha vuelto a repetir, pero con una magnitud aún mayor. En un contexto general de incremento sistemático de las personas perceptoras de la Risga durante la crisis -de menos de 5.000 a unas 10.000 en apenas media década- el pasado 18 de abril Política Social tuvo que volver a admitir que erró en las previsiones de la Risga. Con una explicación idéntica a la de marzo la Consellería indica en este nuevo expediente que no dispone de dinero para “atender 129 solicitudes de ayudas nuevas” y por eso necesita una ampliación de créditos por importe de 864.792,11 euros, operación que es posible realizar porque la ley de presupuestos incluye las partidas de la Risga entre las legalmente ampliables durante el año. El desequilibrio entre la previsión inicial y el gasto real se eleva ya, así, a 1,5 millones de euros para hacer frente a 219 solicitudes.

Para financiar esta inyección el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo vuelve a echar mano del presupuesto presentado como parte de la financiación del Plan Social contra la Desigualdad Económica anunciado por el presidente gallego en junio de 2015. La principal perjudicada vuelve a ser la partida para las ayudas al gasto farmacéutico. Después de los 600.000 euros retirados en marzo mediante el correspondiente expediente de no disponibilidad, la Consellería le resta ahora 450.000 euros más, por lo que los 1,5 millones de euros con los que estaba dotada inicialmente quedan ahora en 450.000 euros. El resto de la operación se financia con 414.792,11 euros detraídos de la partida de las Ayudas de Emergencia Social, que cuentan con un presupuesto total de 3,2 millones de euros.

Estos errores de previsión en la gestión de la Risga se producen en un contexto en el que la propia Consellería ha venido presentando cómo “prioritaria” la reformulación de esta prestación mediante la aprobación del decreto que la regule, una norma que el propio departamento autonómico dice prever para este año. Entre los cambios que Rey Varela dice contemplar figura la flexibilización de la norma que impide convivir en el mismo domicilio a varias personas que perciban la Risga, una limitación que choca con lo sentenciado por un juzgado de Vigo a principios de este año.

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