“El Estado no valora al abogado de oficio y debe tener una retribución digna”
Fue la primera mujer que ejerció como letrada en los 105 años de historia del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y reconoce que en sus inicios padeció “algún ramalazo machista”. Milagros Fuentes juró el cargo en 1979 y desde entonces es la única que continúa en el turno de oficio ininterrumpidamente. “Es un derecho constitucional, pero lo entiendo como un compromiso social, una decisión voluntaria”, ha manifestado en una entrevista concedida a LA PALMA AHORA. “Quiero contribuir a esa labor social; cuando yo empecé no recibíamos ninguna retribución y hacemos una función social, es un derecho público que el Estado tiene que prestar a sus ciudadanos”, recuerda. “Todos los abogados del turno de oficio nos sentimos comprometidos y yo siempre he transmitido a mis compañeros que esa voluntariedad tiene que existir, que no se puede dejar desamparado a alguien, eso es prioritario”, subraya.
Fuentes, decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y mujer de inquebrantable compromiso social, defiende una justicia que “no dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva, no quiero una justicia cargada de barreras, ni lejos de los ciudadanos, quiero una justicia cercana, que el abogado acuda cuanto antes a defender a su cliente y que la tutela judicial se amplíe cada vez más”.
La justicia gratuita, explica, es “un servicio con garantía constitucional que prestan eficientemente más de 42.000 abogados 24 horas al día 365 días al año en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes”. Los abogados de oficio, prosigue, “son los auténticos protagonistas del servicio y deben desarrollar su función en condiciones dignas, una futura ley debería garantizar el cobro por cada actuación, asegurando una retribución digna”. “El Estado no valora al abogado de oficio”, afirma sin ningún resquicio de duda. “Si un letrado tiene una asistencia en la que debe atender a su detenido durante 24 horas, y en todo el proceso de las diligencias, creo que tenemos que tener una retribución más digna; el altruismo y la voluntariedad está bien, pero la sociedad tiene que progresar hacia un bienestar, y no se va a perder en ningún momento la tutela judicial efectiva”, dice.
La inversión para justicia gratuita, recalca, “se ha reducido y se han bajado los baremos establecidos; cobramos por expediente 125 euros, lo que supone 4,72 euros al año la inversión que el Estado hace por ciudadano en ese derecho constitucional”. “La reivindicación que hicimos en las tasas judiciales era en beneficio de la sociedad, del justiciable, no de los abogados, y los ciudadanos tienen que saber que esas tasas no han repercutido en la justicia, no sabemos dónde ha ido a parar esa recaudación, más de 500 millones, pero lo que está claro es que en justicia gratuita, no”.
En La Palma, entre colegiados y no colegiados, hay unos 900 abogados. En el turno de oficio se encuentra registrados cerca de 60, repartidos entre Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, y el 50% de ellos vive casi exclusivamente de este servicio. No es el caso de Milagros Fuentes, que desde sus inicios en la profesión cuenta con un prestigioso despacho. “Al turno de oficio y a la justicia gratuita acuden personas que no tienen recursos y otras que sus ingresos no les permiten contratar a un abogado”, precisa. “La sociedad, debido a la crisis, cada vez hace más uso de ese beneficio, de hecho, más del 45% de los litigios se acogen a la justicia gratuita, y el trabajo, a pesar de los recortes, se ha seguido desarrollando por parte de todos nosotros, pero la retribución debería ser digna”, remarca.
Las principales reivindicaciones de los abogados de oficio son “una remuneración digna para que se nos valore el trabajo que realizamos de función pública y que se pague en los periodos que se establecen por ley; el turno de oficio es una vocación que tiene el abogado, un esfuerzo que no se reconoce”, apunta.
Fuentes lamenta, por otro lado, que “en La Palma no exista justicia gratuita para asistencia penitenciaria; pienso que las personas privadas de libertad tienen derecho a esa justicia”, sostiene.
Esta abogada vive su profesión con entrega y no le importa pasarse 24 horas pendiente del móvil esperando una llamada de comisaría para asistir a un detenido o a una víctima de violencia de género, y si esa llamada no se produce, no cobrará absolutamente nada. “Los sentimientos nunca se llegan a separar de la profesión, aunque con el tiempo las cosas se van suavizando; tu objetivo es desempeñar tu labor, garantizar la tutela judicial efectiva de la persona a la que te han designado, y eso para mí es una satisfacción, mis defendidos me han enseñado mucho y el contacto con ellos me ha ayudado”, reconoce. “Creo que la inmensa mayoría hacemos esta labor por satisfacción personal y profesional, no por la retribución que recibimos”.
Milagros Fuentes tiene una trayectoria ejemplar en el ejercicio de la abogacía, en la que destacan la defensa de los más débiles y de la mujer. En sus inicios como letrada, hace ya 35 años, sufrió en su propia piel “algún ramalazo machista”. “Tuve dificultades porque me preguntaban algunas cosas que, afortunadamente, ya han sido superadas”. Recuerda una ocasión en la que acudió a comisaría a asistir a un detenido y “el juez me dijo que dónde iba una persona como yo, tan guapa y tan joven; le tuve que dejar claro que no sabía si era joven o guapa, pero que estaba allí para asistir a un detenido”. “También molestaba que no solo reivindicara el derecho a ejercer mi profesión sino que no aceptara piropos, y como marcaba líneas de actuación con lo que se tenía que hacer con el detenido, pues por eso me decían que era una resentida”, cuenta entre risas. Pero ella se ha mantenido firme. “Nunca he dejado de ejercer mi profesión éticamente y ajustada a la tutela judicial efectiva: el respeto con el que se debe tratar a mi cliente”.
