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Los servicios sociales para menores necesitan en Navarra “más medios” y "menos burocracia"

Un informe del defensor del pueblo de Navarra recoge algunas de las recomendaciones de los y las profesionales de estos servicios y pide medidas ya para reducir la lista de espera.

El documento también aconseja mejorar la coordinación y que el Gobierno Foral agilice la puesta en marcha del II Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social.

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2,8 millones de niños y niñas viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España./ Aitor Lara (Save the Children).

Una campaña contra la pobreza y la exclusión social / Foto: Aitor Lara (Save the Children).

Menos burocracia, más medios y que se mejore la coordinación entre los servicios sociales de base, los llamados equipos de atención a la infancia y la adolescencia y, por último, las unidades de protección al menor del Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad (INAFI). Estas son algunas de las conclusiones principales del informe elaborado por el defensor del pueblo de Navarra en torno a la atención a menores y adolescentes en dificultad social, y, con ellas, el organismo viene a dar la razón a las plantillas de estos servicios, que habían exigido mejoras y habían denunciado, en algunos, casos, saturación.

Según los datos ofrecidos por el propio Gobierno Foral, y recogidos en el informe del defensor del pueblo, Navarra atendía en 2013 a un total de 1.265 menores por encontrarse en situación de riesgo de desprotección moderada, severa, en desamparo o en situación de conflicto social. La cifra prácticamente no ha parado de crecer en los últimos años: en 2008, por ejemplo, eran 871 y ya en 2009 llegaron a 1.065. Para este tipo de casos, se activan servicios, entre otros, como la guarda, los centros de día, los programas de intervención familiar o los equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA).

El tema generó debate a finales de 2013 en el Parlamento de Navarra, donde Bildu se hizo eco del malestar de personal de estos servicios. Pese a que desde el Gobierno Foral se negó que haya menores que quedan fuera del sistema de protección, desde la coalición abertzale se dudó abiertamente de las cifras ofrecidas por el Ejecutivo, al considerar que estaban “en muchas ocasiones distorsionadas” para así “ocultar las carencias”. Bildu habló de saturación de los servicios sociales de base y falta de profesionales en el Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad (INAFI), y, por ello, se pidió un análisis de la situación al defensor del pueblo, Francisco Javier Enériz.

Este documento, fechado este 16 de febrero de 2015, se ha presentado tras recabar información y contrastar los datos del Gobierno Foral con las valoraciones del personal que, tanto para el Ejecutivo como para los ayuntamientos, trabaja en este tipo de servicios. Y Enériz concluye pidiendo mejoras, tanto en general como de forma específica en diversos servicios. Así, el defensor del pueblo muestra su preocupación por actuaciones como la que permite que un educador familiar esté presente en domicilios de los menores en situación de desprotección moderada, que ahora “estaría totalmente desbordado”, así como la falta de plazas en los llamados Centros de Observación y Acogida.

Adoptar medidas "lo antes posible"

Por ejemplo, al recabar la opinión de los y las profesionales que trabajan para el Ayuntamiento de Pamplona, estos lamentan que los procesos de atención a los menores son largos, lentos, teóricos y que requieran tanta documentación, una situación que choca con la reubicación de estos servicios en atención primaria, en teoría más cercana y ágil.

Esta opinión se recoge en varias de las recomendaciones formuladas en el informe, que pide que se cumplan las previsiones en el Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Dificultad Social de 2002 (como disponer de equipos de atención a la infancia y la adolescencia en las zonas noroeste y noreste de Navarra, así como en la cuenca de Pamplona), y que se agilice la puesta en marcha del II Plan. Pero, ante todo, el informe insiste en la necesidad de simplificar los procesos, se mejore la organización y la coordinación y que se adopten los medios materiales, presupuestarios y personales necesarios para reducir las listas de espera “lo antes posible”.

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