La acogida de los menores migrantes de Ceuta fuerza la primera revisión del pacto de Gobierno PP-Vox en Andalucía

Un pacto de Gobierno, dos interpretaciones. La crisis humanitaria en Ceuta y el previsible traslado de menores migrantes a otras comunidades para descongestionar el colapso de la ciudad autónoma ha forzado la primera revisión del acuerdo de Gobierno PP-Vox en Andalucía, rubricado hace poco más de un mes.

El curso político se ha reabierto este lunes con la primera reunión del Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno tras las vacaciones de un agosto cargado de tensión política, consecuencia de la entrada irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta. Hasta el momento la crisis, aún por resolver, se ha saldado con 145 fallecidos en las aguas del Estrecho y unos 5.000 extranjeros (las cifras oficiales fluctúan mucho) que permanecen, malviviendo, en las calles y playas de Ceuta, en condiciones muy precarias.

En ese grupo están los menores extranjeros que cruzaron la frontera sin estar acompañados de un adulto, una cifra que tampoco está cerrada, pero que ya ha desbordado las instalaciones de acogida del Gobierno ceutí, siempre por encima de sus capacidades. El problema concreto de estos menores interpela directamente al resto de gobiernos autonómicos -la mayoría del PP- que están obligados a acogerles solidariamente en la medida de posibilidades, en cumplimiento de la última reforma de la Ley de Extranjería.

Y aquí es donde se ha generado la primera (y previsible) brecha entre Vox y el PP de Juanma Moreno. El Gobierno andaluz ha respaldado la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la atención a esos niños inmigrantes que entraron en Ceuta. El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo y Justicia y líder del partido ultra, Manuel Gavira, ha respondido de inmediato solicitando la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Ese acuerdo dice taxativamente “no más MENAS” y que la Junta se opondrá por todos los medios, también legales, a la llegada de niños extranjeros a Andalucía. Sin embargo, el mismo párrafo termina matizando que la Junta cumplirá la legalidad vigente. En esa dualidad ambigüa se han empezado a mover ya los socios de Gobierno, tratando de conjugar ambas tesis políticas con la realidad, sin que por el momento conste que el Gobierno central haya trasladado a la Junta el número de menores que enviará a Andalucía ni que ésta lo haya admitido o rechazado.

Antes de llegar a la crisis de Ceuta se enconase durante un mes, Gavira ya advirtió de que Andalucía no recibiría a esos niños: “Que vuelvan con sus padres”, dijo a principios de agosto. Ahora, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, niega que haya “ningún conflicto real” con sus socios, tras pedirles públicamente la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto.

A la portavoz de la Junta, vicepresidenta tercera y consejera de Hacienda, Carolina España, le han preguntado hasta en cinco ocasiones por las tensiones que la crisis de Ceuta traslada a la convivencia con sus socios de Gobierno, y ésta ha hecho malabarismos para conjugar ambas posturas políticas y negar ninguna tensión en el ambiente. “No se preocupen ustedes, de momento no tenemos tensión entre los socios de gobierno y esperemos que así siga”, ha terminado respondiendo a la quinta pregunta sobre este asunto.

La portavoz de la Junta ha empezado su comparecencia ante la prensa, tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, refiriéndose a la crisis humanitaria de Ceuta y cargando toda la responsabilidad de la gestión en el Ejecutivo de Sánchez. Pero no ha sabido responder de cuántas plazas dispone Andalucía para acoger a menores y cuántas están ocupadas en la actualidad. La Consejería de Asuntos Sociales, responsable de esta materia, tampoco ha proporcionado esos datos a este periódico.

El Ejecutivo de Moreno no quiere situarse en ese escenario aún y dilata una respuesta clara sobre cómo gestionará sus competencias en la acogida de menores extranjeros no acompañados. Es decir, cómo cumplirá la ley sin soliviantar a sus socios de Vox, con los que han firmado un documento político trufado de medidas claramente antiinmigrantes, cuando no directamente xenófobas. “No se ha incumplido el pacto. No veo inestabilidad ni problemas en el acuerdo con nuestro socio de gobierno, hay buenas relaciones con ellos”, se ha esforzado por responder la portavoz de la Junta.

Carolina España se ha ceñido al guión. El problema de la acogida de los menores extranjeros de Ceuta en Andalucía llegará cuando el Gobierno central traslade oficialmente esa petición y, hasta entonces, el Ejecutivo de Moreno hará equilibrios entre las dos lecturas de su pacto con Vox. “Que den los pasos necesarios en cuanto a la tramitación”, ha dicho la portavoz, apelando al Ejecutivo de Sánchez. “Nosotros cumpliremos el acuerdo y la ley. Y en el acuerdo está dicho que cumpliremos la ley”, ha sentenciado.

La consejera portavoz ha tratado de desviar la presión hacia el Gobierno central, un marco en el que coincide al 100% con su aliado ultraderechista. Cuando le han preguntado si Andalucía acogerá a menores migrantes de Ceuta, España se ha remitido a las palabras de los ministros que aseguraron que todos los que han cruzado irregularmente volverán a Marruecos. “Marlaka y Albares han dicho que todos los que han entrado ilegalmente a Ceuta tienen que salir de Ceuta. Lo ha dicho el Gobierno y la UE, esperemos que el Gobierno cumpla su palabra. Tienen un mando único, pero cada día dicen una cosa diferente”, asegura.

El Gobierno andaluz no ha hecho pública la fecha de la reunión entre los socios, invocada por el líder regional de Vox y vicepresidente segundo, para abordar el acuerdo a la luz de los acontecimientos en Ceuta. Los consejeros del PP lo enmarcan en la “normalidad”. “Hay conversaciones casi a diario”, dicen.

La tensión política en Andalucía que ha desatado la crisis migratoria no se circunscribe solo al Palacio de San Telmo, sede de la Junta. La presidenta del Parlamento andaluz, la popular Ana Mestre, ha convocado una izada de la bandera española el próximo 2 de septiembre en solidaridad y apoyo a Ceuta, una convocatoria de la que se han excluido las formaciones de izquierdas que acusan a PP y Vox de “instrumentalizar” el malestar que sufre ahora la ciudad autónoma. Tampoco acudirán a las manifestaciones convocadas a las puertas de los ayuntamientos andaluces, muchos de ellos gobernados por los socialistas.