El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), y otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del 'caso mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.
Fuentes judiciales han confirmado tras dos horas de declaraciones la decisión del juez instructor, Eduardo Martínez, en una causa cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.
Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el número de investigados se eleva ya a 17, una cifra que supone un incremento considerable frente a los ocho que se anunciaron el martes. Además, también se ha elevado el número de delitos con los que estarían relacionados, cinco en total, ya que los conocidos inicialmente (cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales) se han sumado ahora los de tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
Los detenidos en la segunda fase del denominado 'caso mascarillas' han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas, entre detenidos e investigados, por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería.
Según informaron fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del presidente provincial, Javier Aureliano García, detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.
Junto a García, habían sido arrestados el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.
Durante la mañana de este miércoles la UCO llevó a cabo un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde. Este registro formó parte del operativo que el martes incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.
La UCO confirmó que en uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.
El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.
El juzgado ha autorizado también a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos en dispositivos de los investigados, y ha reclamado documentación adicional a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles sospechosas para reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.
Además, el juez instructor ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados. Los cinco detenidos quedaron a disposición judicial para la celebración de las comparecencias previstas.