La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a pisar la Diputación de Almería. Después de que en 2021 lo hiciese para detener al entonces vicepresidente, Óscar Liria, en esta ocasión ha hecho lo propio con Aureliano García y Fernando Giménez, presidente y vicepresidente del ente provincial respectivamente, y que ha sido suspendido de militancia. Junto a ellos, también ha sido detenido el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los tres, que son cargos del Partido Popular, están siendo investigados en el marco del 'Caso Mascarillas', que investiga la creación de un entramado para lucrarse ilegalmente a través de la adjudicación de contratos públicos.
Las detenciones, que no han sorprendido en Almería porque hacía tiempo que se sospechaba que se estaban realizando nuevas pesquisas que podrían volver a estrechar el cerco sobre la Diputación, vuelven a situar en el foco lo sucedido durante los peores meses de la pandemia de la Covid-19 en 2020. A los casos conocidos en todo el país como la trama Koldo o el del novio de Ayuso, Alberto González Amador, que presuntamente se lucraron con comisiones por la venta de mascarillas, se sumó también en la primavera de aquel año la institución provincial almeriense. Según la investigación judicial, iniciada en 2021, altos cargos de la Diputación están relacionados con la creación de un entramado para lucrarse a través de la adjudicación de contratos públicos.
En concreto, el entonces vicepresidente, Óscar Liria, habría obtenido dinero ilícito tras sellar un contrato para la compra de mascarillas con una adjudicación urgente con Azor Corporate Ibérica, una entidad controlada por Killian López, amigo suyo de la infancia. Según la investigación de la UCO, aquel contrato se cerró por dos millones de euros y la trama se habría quedado con comisiones que oscilaban entre los 200.000 y los 400.000 euros. De hecho, el propio Liria fue sorprendido con casi 30.000 euros en efectivo en su casa en el momento de la detención. Su tío y su primo fueron sorprendidos con otros 120.000 euros en el maletero de un Mercedes de alta gama. Algo por lo que Liria fue expulsado del Partido Popular y es considerado uno de los principales investigados de la trama.
Según la investigación de la UCO, los miles de euros que habría obtenido Liria de la contratación de los productos sanitarios habrían sido destinados a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares, inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros. Además, los investigadores centraron sus pesquisas también en otra empresa, llamada Pulconal, que se dedicaba a arreglos de cementerios y parques infantiles. Al parecer, según las pesquisas, esta compañía, también gestionada por Killian López, habría recibido un número considerable de contratos menores en apenas tres años por parte de la Diputación.
Y no sólo eso, la UCO también encontró intercambios de mensajes de WhatsApp entre el propio Killian y Francisco Liria -hermano de Óscar- en los que se preguntaban sobre posibles adjudicaciones durante la primavera de 2020. Adjudicaciones de las que Pulconal presuntamente se retiraba para que los contratos fuesen concedidos a OYC Servicios Urbanos, una empresa de Fines, la localidad del alcalde que acaba de ser detenido, Rodrigo Sánchez.
En total, 17 personas fueron detenidas en ese momento investigadas por cohecho en una trama que investiga desde 2022 el Juzgado de Instrucción 1 de Almería. De hecho, las declaraciones de estos primeros implicados acabaron el pasado mes de marzo, lo que dejaba la investigación en suspenso hasta las detenciones que se han producido ahora del presidente y del vicepresidente de la Diputación de Almería y del alcalde de Fines -tío de Óscar Liria-.
La investigación judicial se centra en la compra no solo de mascarillas, sino de equipos de protección y guantes que el propio Aureliano García, ya entonces presidente de la Diputación, habría firmado en abril de 2020 con Azor Corporate Ibérica, una empresa dirigida por Killian López al que se le relaciona con narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales. Aquel contrato fue motivo de sospecha para la UCO desde el primer momento y el hecho de que lo firmase Aureliano García lo sitúa como objeto de la investigación.
No en vano, García accedió al cargo de presidente de la Diputación de Almería tras la renuncia de Gabriel Amat, hoy alcalde de Roquetas de Mar y uno de los pesos pesados del Partido Popular de Almería. Amat ha aparecido señalado recurrentemente en presuntas tramas de corrupción urbanística en las que ha llegado a ser imputado, pero nunca condenado. De hecho, tanto Óscar Liria como Aureliano García fueron aupados a puestos de responsabilidad tanto en la Diputación como en el Partido Popular durante la dirección de Amat. Es más, García es actualmente el máximo dirigente de los populares andaluces y desde la política local se considera que ambos han estado siempre a la sombra de Amat, siendo este quien mandaría en última instancia.
Pese a que estas nuevas pesquisas estrechan el cerco no solo contra la Diputación de Almería, sino contra la dirección del Partido Popular almeriense, en la que Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, es el secretario, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, dice no tener “ninguna información” y “desconocer las causas” por las que Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez han sido detenidos. Añade, además, que desde los populares almerienses dicen no saber tampoco nada.
Por su parte, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, ha asegurado que van a prestar “máxima colaboración ” a la Justicia para que se aclare este nuevo episodio. El PSOE califica los hechos como una prueba de que el PP tiene más agenda en los juzgados que en los despachos tanto en Sevilla -en referencia a la crisis de los cribados- como en Almería. Vox, por su parte, anuncia que harán “todo lo posible” para presentarse como acusación particular.
También desde la oposición de izquierdas en Andalucía y Almería señalan directamente a la responsabilidad del PP por no tener mano dura contra la presunta corrupción. Mientras Antonio Maíllo, coordinador de IU, apunta a que “algo huele a podrido” y que no es “algo puntual”, desde Podemos Almería señalan que “no es un episodio aislado ni un mal sueño del que despertemos sin consecuencias”. Para los morados, “es la prueba palpable de que durante los momentos más duros que vivió nuestra sociedad -cuando miles de familias perdían seres queridos y el personal sanitario luchaba sin medios suficientes- algunos vieron una oportunidad de negocio”.
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