La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería en un caso de corrupción de mascarillas

Pedro Águeda

18 de noviembre de 2025 09:16 h

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a siete personas este martes en Almería, entre ellas al presidente de su Diputación, Javier Aureliano García Molina –a su vez presidente del Partido Popular en la provincia– dentro de una investigación que arrancó en 2021 por corrupción en la compra de mascarillas, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. El delegado del Área de Presidencia y vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez (PP), también se encuentra entre los arrestados.

Los agentes han realizado hasta diez registros durante la mañana en inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas. Entre los detenidos también está el alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP). La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y no guarda relación con los casos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. De hecho, los políticos detenidos son del Partido Popular.

Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La investigación está en marcha desde 2021. El caso arrancó por las presuntas comisiones en la adquisición de material sanitario en pleno confinamiento por parte de la Diputación de Almería, pero habría crecido hasta afectar a otros contratos firmados por la misma administración local, lo que explicaría las detenciones y registros de este martes.

El 15 de junio de 2021 la UCO ya detuvo al por entonces vicepresidente tercero de la Diputación y responsable de Fomento, Óscar Liria. Se trató del primer caso sobre la venta de material sanitario –además de mascarillas había monos de protección y guantes– en la pandemia que se abría en España. Entonces fueron detenidas otras diez personas, varias de ellas con relación familiar con Liria: su hermano Francisco Liria Sánchez, su primo Rodrigo Sánchez López, su tío Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines -PP-), y la cuñada de este, Hortensia López. Hay una veintena de investigados en el juzgado de la capital almeriense.

Maniobras para cobrar comisiones

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los detenidos este martes “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros”. Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde es tío del principal investigado en la primera fase de la operación: el exvicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria.

Algunos de los implicados ahora arrestados no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

Investigación abierta en 2021

Cuando el caso arrancó en 2021, los agentes de la UCO querían consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas. El origen del caso son unos pinchazos telefónicos en un caso de narcotráfico en Barcelona.

El dueño de la empresa que suministró el material, la citada Azor Corporate Ibérica, estaba siendo investigado en esa otra causa, también de venta de armas y blanqueo de capitales, y una escucha llevó hasta la trama de la venta de material sanitario. El dueño de la empresa, Kilian López, tenía una relación de amistad con Óscar Liria, quien le habría introducido en la administración para que esta le comprara las mascarillas y repartirse las mordidas, según la investigación.

Cuando Óscar Liria fue detenido en su casa de Fines en 2021, los investigadores hallaron 26.250 euros en efectivo repartidos entre sobres y prendas de vestir. Su primo y su tío recibieron el alto a bordo de un Mercedes, en cuyo maletero portaban una bolsa de plástico con 119.950 euros. En total, los agentes requisaron aquel día 178.895 euros. Liria fue cesado como vicepresidente de Diputación, expulsado del PP y puesto en libertad provisional 15 días después, el 30 de junio.

En la primera fase de la investigación los agentes concluyeron que la presunta trama había obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de mascarillas: 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería (en abril de 2020) por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2 (varios de cuyos lotes eran defectuosos), 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.

Esto es, se habrían embolsado en comisiones el 46,42% del total de la inversión con fondos públicos, canalizadas a través de una empresa (Corpfam Global Investment) de la que Francisco Liria fue administrador hasta 2018, y en la que Kilian López le sustituyó desde entonces. Los investigadores creen que Óscar Liria se llevó entre 200.000 y 400.000 euros del total, y que destinó parte del dinero a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares o inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros.