La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha dibujado este miércoles un escenario futuro de posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, una posibilidad contemplada en el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda.
A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que se remite al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación definitiva, Díaz ha explicado que en estos momentos son 49 los municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, aunque ha puntualizado que “sabemos que hay más” por cuanto ha esgrimido que entre los trámites exigidos “se requiere un acuerdo de Pleno”, para seguidamente apuntar que “hay suelo para construir casi 40.000 viviendas”.
Los municipios acogidos, mayores de 100.000 habitantes, representan una población de más 4 millones de habitantes, según ha proseguido explicando la consejera, quien ha afirmado que el terreno ofrecido son 630 bolsas de suelos y representan 1,3 millones de metros cuadrados, 136 hectáreas.
“Es una buena noticia, pero no nos podemos parar aquí”, ha apuntado la consejera de Fomento, quien ha informado de que el Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas.
En este punto ha asegurado que el Gobierno andaluz trabaja en la presentación de un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida mientras que ha defendido que “esta avanzadilla”, en referencia a las previsiones del Decreto-ley 1/2025, “ha calado”, por cuanto ha blandido “el respaldo de numerosos ayuntamientos que se han adherido a este Decreto-Ley”.
Otro aspecto del que ha informado la consejera de Fomento ha sido los cuatro proyectos estratégicos sobre vivienda que en estos momentos estudia la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), iniciativa que también se contemplaba en el Decreto-ley 1/2025.
Con la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía Rocío Díaz ha defendido que “el objetivo principal es poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo”, al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda “no es un campo de batalla ideológico”, antes de afirmar que “es un derecho”.
Entre los órganos que contempla la futura Ley de Vivienda de Andalucía la consejera de Fomento ha apuntado la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal.
El texto del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
El Gobierno andaluz ha apuntado en una nota su apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para ese objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.
La futura Ley de Vivienda de Andalucía aspira a “optimizar la gestión del parque residencial” con la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o promotores privados.
Prevé la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía con la idea de incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y aspira también a poner el acento en la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.
El Proyecto de Ley también tendrá un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. La futura norma establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.
La futura Ley de Vivienda incorporará varias de las medidas urgentes del decreto ley ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.
La Junta de Andalucía ha destacado que la futura Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente con la derogación de cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
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