El nombramiento del directivo de un hospital privado como nuevo viceconsejero andaluz de Sanidad ha capitalizado el debate parlamentario de esta semana, con la crisis de los cribados como telón de fondo, y ha vuelto el foco hacia una realidad sobre la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno suele pasar de puntillas: los profesionales sanitarios que compaginan su trabajo en la pública y en la privada.
Fuentes de la Consejería de Sanidad revelan que el 40% de médicos que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también lo hace para un hospital o clínica privada. La Junta no especifica el número en términos absolutos (en 2023 el Ministerio de Sanidad reportó que Andalucía contaba con 26.721 profesionales de la medicina en total (pública y privada).
Pero el porcentaje del 40% demuestra un repunte notable en los últimos tres años: en marzo de 2022, un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos calculó que el 12% de los médicos colegiados en activo en Andalucía trabajaban en la sanidad “mixta” (pública y privada a la vez).
El número de médicos que compaginan ambas actividades ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos cinco años, sobre todo, desde que la Junta de Andalucía eliminó el complemento de exclusividad a los médicos del SAS (2020), permitiendo que los cargos intermedios -jefes de servicio- y otros profesionales trabajasen también en la privada.
Es la Consejería de Justicia quien analiza y autoriza, caso a caso, la idoneidad de cada médico para compaginar ambos trabajos. Desde que se eliminó el complemento de exclusividad, en 2020, 3.544 médicos de la pública han obtenido autorización para trabajar también en clínicas privadas (datos del primer trimestre de 2025).
El Ejecutivo de Moreno también amplió esta posibilidad a los jefes de servicio de los hospitales públicos, que son quienes deciden a qué clínica privada derivan a sus pacientes. Antes de que la Junta eliminase el complemento de exclusividad, ya había muchos médicos y directivos del SAS que habían renunciado a ese plus, porque les compensaba más económicamente compaginar su plaza con otro servicio en la privada.
La retirada del plus de exclusividad -un compromiso electoral de Moreno- incrementó considerablemente esa cifra. El primer año en vigor (2021) se produjo una especie de efecto llamada, el año que más facultativos solcitaron trabajar en la privada y lograron la idoneidad: 1.224 médicos; en 2022 fueron 736; en 2023 entraron 446; en 2024 otros 774 médicos y en el primer trimestre de 2025, 364 médicos más.
Ahora, el Gobierno de Moreno busca desesperadamente contratar a más médicos, sobre todo especialistas de áreas con muy poco o ningún repuesto en Andalucía, como ha reconocido la propia Junta tras ver que su “plan de choque” contra el colapso de los cribados de cáncer se estrellaba contra la falta de médicos.
La Consejería de Sanidad ha anunciado una oferta masiva de empleo público e incentivos para que los que ya están en el SAS amplíen su jornada por la tarde y los fines de semana, pero el 40% de esos facultativos ya tiene autorización de la propia Junta para dedicar su tiempo extra a la privada. Con todo, el nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, no se ha planteado restituir el plus de exclusividad de los médicos o restringir de alguna manera esa sanidad “mixta” en lo poco que queda de legislatura .
El Gobierno andaluz del PP defiende estos datos como parte de un modelo sanitario, que viene de largo, en el que la red privada “complementa” a la pública. Sin embargo, el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política en siete años de gobiernos del PP, ha puesto el sistema patas arriba y ha aflorado déficit estructurales reconocidos por el propio presidente. La oposición acusa a la Junta de “privatizar progresivamente el sistema”, dejando que la pública se deteriore poco a poco.
Aun con un presupuesto récord de más de 16.500 millones y 130.000 profesionales, Moreno admite que faltan facultativos en el sistema, que la crisis de los cribados no puede atajarse de inmediato, porque no hay radiólogos en las bolsas de empleo, ni es fácil encontrarlos, porque se van a otras comunidades, a otros países o a la privada. “No hay médicos”, se ha cansado de decir el presidente andaluz cuando la oposición cuestionaba su gestión sanitaria.
Pero, la crisis de los cribados ha empujado al Gobierno andaluz a prometer cientos de contratos y ampliar los incentivos económicos para que los médicos del SAS hagan horas extra por las tardes y los fines de semana. Los sindicatos sanitarios replican que son los mismos médicos, que en gran parte dedican su tiempo a la pública y a la privada, y difícilmente pueden “exprimirse más”.
El nuevo viceconsejero andaluz de Sanidad, Nicolás Navarro, asistió este jueves a la sesión de control al Gobierno de Juan Manuel Moreno en el Parlamento autonómico. El hasta ayer vicepresidente primero de la Diputación de Granada, teniente de alcalde de Motril y subdirector de un hospital privado de Granada (HLA Inmaculada, del Grupo Asisa) se sentó en la tribuna de los invitados, dentro del ángulo de visión de la cámara del Parlamento, cuando intervenía el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
García fue el primer diputado de la oposición en reprochar a Moreno el fichaje de un directivo de la sanidad privada -y alto cargo del PP andaluz- como número dos de la Consejería de Sanidad, pilotada desde hace un mes por el también consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para embridar la crisis de los cribados de cáncer de mama.
Desde su asiento, Navarro escuchó cómo el diputado andalucista afeaba su nombramiento, y le llamaba “lobbista de la sanidad privada”. “Dirigía un hospital privado que ha recibido contratos a dedo de la Junta que están siendo investigados por la justicia, en el que están los gerentes del SAS imputados por supuesta corrupción”, advirtió García, ante el rostro impasible del aludido.
Hasta su nombramiento, el nuevo viceconsejero de Sanidad tenía tres trabajos: a la Diputación de Granada, la provincia con más municipios de Andalucía, tenía una dedicación al 75%; en el Ayuntamiento de Motril, un municipio con más de 50.000 habitantes, dirigía la concejalía de Hacienda, con una dedicación al 20%.
El resto lo dedicaba a su actividad privada. Navarro tiene plaza en la sanidad pública desde 2009, cuando empezó a trabajar como médico raso en el Hospital Poniente de Almería. Allí trabajó cuatro años, dos de residente. Pero la mayor parte de su carrera profesional, los últimos 14 años, ha formado parte del centro hospitalario privado HLA Inmaculada, que hace cinco años le ascendió a jefe de Urgencias, y el verano pasado le nombró director adjunto del hospital (el 10 de junio de 2025).
Toda la oposición de izquierdas ha criticado duramente este “juego de puertas giratorias”, estos “vasos comunicantes entre la sanidad pública y la privada”. “El nuevo viceconsejero de Sanidad va a seguir cobrando de la Junta para seguir trabajando para la privada. El que se opuso en el Ayuntamiento de Motril a retirarle la medalla del municipio a Franco. Ya no necesitan ustedes gobernar con Vox para ser igual de fachas”, le espetó la portavoz socialista, María Márquez.
El presidente andaluz, que venía preparado para encajar ese golpe, ha respondido con mucha vehemencia, acusando a las izquierdas de criminalizar a los sanitarios que trabajan en la privada, o a los profesores de la concertada. “¿Está usted diciendo que son malos profesionales los que trabajan en la sanidad privada o en la educación concertada? Tiene usted una superioridad moral intolerable, qu separa a médicos buenos de malos”, reaccionó Moreno, defendiendo la “excedencia forzosa” de la sanidad pública de la que disfrutaba el nuevo viceconsejero de Sanidad para trabajar en la privada.
El presidente andaluz cree que la “hipérbole” de la oposición con la crisis de los cribados les ha hecho perder apoyos entre los médicos y sanitarios, que se sienten atacados por ese cuestionamiento total del sistema sanitario. Por esto, advierte, los sindicatos mayoritarios del sector -Satse y CSIF- se retiraron de la convocatoria de las manifestaciones sanitarias contra el Gobierno, que el pasado domingo sacaron a más de 57.000 personas en las ocho provincias andaluzas.
La oposición de izquierdas se ha preguntado cómo es posible trabajar para administraciones públicas de PP y, a la vez, para un hospital privado de una multinacional sanitaria que se beneficia de muchos contratos adjudicados por gobiernos del PP.
Navarro declara 132.195,16 euros al año al fisco (datos del IRPF de 2024), 51.516,99 euros de la Diputación, 11.800 euros del Ayuntamiento y el resto -68.700 euros- de sus actividades privadas. “Con un 5% de su jornada laboral dedicada a la dirección de un hospital privado no se gana esa cantidad de dinero”, ha advertido la diputada y portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
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