“Me tienen que echar, irme sería una traición”
La negociación abierta entre PSOE, PP e IU para elegir el nuevo director de la RTVA, tras la reciente dimisión de su titular, es una buena oportunidad para que los tres partidos resuelvan la situación de interinidad en la que se encuentra desde hace un año también el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Si su relevo o permanencia está sobre la mesa, sin embargo, no le preocupa a éste lo más mínimo. “Que hagan lo que les parezca oportuno”, dijo hoy, recordando que la decisión compete al Parlamento, porque él no va a dejar el cargo. “Me tienen que echar”, aseguró, desde el convencimiento de que una salida voluntaria sería una “traición” a la ciudadanía que acude a pedirle ayuda.
Esa “traición” a los andaluces vendría de dejarles al pairo ante la crisis. Precisamente, la Oficina del Defensor hacía entrega esta mañana en el Parlamento de su Informe de 2012. Un dossier en el que la situación económica se desvela como el factor que ha disparado el volumen de quejas tramitadas a 7.239, frente a las 6.303 del pasado año. Y como Chamizo recordó, quien acude a esta institución es porque el resto de administraciones le han fallado, por eso, “sería lamentable irse en plena crisis”.
A tenor de dramas como el paro, los desahucios o los problemas en la aplicación de la dependencia, Chamizo entendió que es un caldo de cultivo para la exclusión social. Por eso, hizo un llamamiento a la clase política: “Advierto, no hay tiempo. Los poderes públicos no se pueden dedicar al y tú más, sino a construir. A construir ya”. Y apuntó un escenario de estallido de conflictividad y rebeldía social en los que fenómenos como el del escrache, del que se declaró totalmente contrario, son todo un síntoma.
Además de dar la voz de alerta y advertir a todas las administraciones, desde ayuntamientos a la Junta, pasando por diputaciones y Gobierno central, de que deben “cambiar de actitud” y “dinamizar la economía”, Chamizo también quiso aportar su grano de arena y puso sobre la mesa medidas concretas. La primera sería una Ley de Segunda Oportunidad. La norma, según explicó, vendría a suponer una ayuda para todos aquellos ciudadanos, en especial, pequeños empresarios y autónomos, que pese a haber estado siempre al corriente de sus pagos con la Seguridad Social, Hacienda o los bancos, ahora se han convertido en deudores. En lugar de dejarlos sin nada, la alternativa que se plantea es reunir su deuda en una sola y dar márgenes financieros y temporales más amplios para su devolución. De lo contrario, se alimentaría ese volumen de población que está en “riesgo de exclusión social”. En este punto, recordó que en ese peldaño ya están las clases medias.
El recorrido legislativo de esta iniciativa estaría más en el Congreso de los Diputados que en el Parlamento andaluz, aunque Chamizo cree que aquí sí se pueden dar pasos para que esta idea se materializara.
La segunda de sus propuestas pasa por la creación de un “fondo de solidaridad social”. Este fondo se nutriría de recursos públicos y privados e iría orientado no ya a quienes están en situación de exclusión, “sino a esa gente que están en riesgo de exclusión social y que son millones”, apuntó Chamizo. La medida guardaría relación con ese Plan de pago a proveedores estatal, porque también se buscaría que las administraciones pagaran lo que adeudan al sector de la acción social.