Lo público no es lo contrario de lo eficiente: la evidencia que nadie quiere ver
Hay un dogma que se repite con tanta frecuencia que ha acabado pareciendo sentido común: lo privado es eficiente, lo público es un despilfarro. Es una afirmación que no resiste el contraste con los datos, pero que ha servido durante décadas para justificar la externalización sistemática de servicios esenciales que se financian con dinero público y que afectan directamente a la vida de los andaluces.
En Andalucía, servicios como la limpieza de centros sanitarios y educativos, la atención domiciliaria a personas dependientes, los comedores escolares o el mantenimiento de infraestructuras públicas están mayoritariamente en manos de empresas privadas que cobran un margen de beneficio —entre el 15% y el 25% del contrato— por ser intermediarias entre el dinero público y el trabajador que presta el servicio. Ese margen no genera ningún valor para el ciudadano. Solo enriquece al intermediario.
La evidencia europea es contundente. El sistema sanitario público del Reino Unido gasta el 9,8% del PIB en salud y obtiene una esperanza de vida de 81,3 años. Estados Unidos, con un modelo mayoritariamente privado, gasta el 16,8% del PIB y obtiene 78,9 años. Más del doble de gasto, peores resultados. Los países nórdicos tienen los mejores sistemas educativos del mundo con gestión 100% pública. Finlandia, Dinamarca y Suecia lideran todos los índices de calidad de vida precisamente porque sus servicios esenciales están directamente gestionados por la administración, sin intermediarios que se lleven parte del presupuesto.
La externalización tiene además costes ocultos que raramente aparecen en los argumentarios de quienes la defienden. El diseño de pliegos, los procesos de licitación, la supervisión de contratos, la gestión de incumplimientos y las renegociaciones pueden suponer entre el 10% y el 15% adicional del presupuesto. A eso se añade la alta rotación de personal —entre el 30% y el 40% anual en muchos servicios externalizados en Andalucía— que deteriora directamente la calidad: en atención a personas dependientes, en educación, en sanidad, la continuidad del profesional que atiende a una persona no es un lujo. Es la base misma de la calidad del servicio.
La propuesta de internalización progresiva de servicios esenciales en Andalucía no es ideología. Es una decisión de eficiencia organizativa perfectamente amparada por la legislación vigente. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen expresamente la libertad de las administraciones para determinar la forma de gestión más adecuada de sus servicios. No hay obligación de externalizar. Hay libertad de elegir el modelo más eficiente socialmente. El Tribunal Supremo, en sentencia de mayo de 2019, ha ratificado expresamente la legitimidad de la reversión de servicios externalizados.
Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo
Los servicios prioritarios para iniciar este proceso son claros: limpieza de centros sanitarios y educativos, atención domiciliaria a dependientes, comedores escolares, mantenimiento de infraestructuras públicas y servicios auxiliares sanitarios. En conjunto, representan en Andalucía una bolsa de más de 24.000 puestos de trabajo que hoy se prestan en condiciones de alta precariedad y que podrían transformarse en empleo público estable, con derechos plenos y con carrera profesional real.
El proceso debe ser gradual y ordenado: auditoría real de los costes de externalización en cada servicio, identificación de los contratos prioritarios, calendario de reversión respetando los contratos vigentes sin renovarlos, y subrogación automática del personal con reconocimiento de antigüedad, mejora salarial media del 15-20% por equiparación a convenios públicos y acceso a la formación continua y la carrera profesional. Este proceso ha sido aplicado con éxito en municipios de varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos españoles en los últimos años.
Hay también una dimensión territorial que en Andalucía resulta especialmente relevante. Las empresas privadas priorizan zonas rentables y tienden a descuidar zonas rurales o barrios con menos capacidad de presión. La gestión pública garantiza el mismo nivel de servicio en todo el territorio, sin discriminación por rentabilidad comercial. En los municipios del interior andaluz, en las comarcas con riesgo de despoblamiento, eso no es un detalle menor: es con frecuencia la diferencia entre tener servicios de calidad o no tenerlos.
Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo. Y quienes argumentan que no hay dinero para financiar la internalización olvidan que ese dinero ya existe: es el que hoy se destina a pagar los márgenes empresariales, los costes de transacción y la gestión de los incumplimientos contractuales.
Andalucía puede y debe tomar esta decisión con claridad. No como medida ideológica, sino como apuesta por la eficiencia real, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y por la dignidad de los trabajadores que los prestan. Es lo que hacen los países europeos más avanzados. Y es lo que Andalucía merece.