El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), que gobierna en mayoría absoluta, protagonizó en el último pleno un controvertido enfrentamiento con una concejal de la oposición, María Teresa Prieto (Agrupación Independiente APIN), que le había preguntado por la responsabilidad municipal en una multa impuesta por la Junta de Andalucía al consistorio. Lo de menos podría ser el motivo de la disputa política, pero no deja de ser llamativo el argumento que el regidor esgrimió para contestar a la edil.
En el fondo de la polémica están unas obras que afectan, según la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a la fachada de la iglesia de San Jorge y que fueron denunciadas por la oposición hace dos años. Finalmente han desembocado en un expediente que obliga a un desembolso de 600 euros. Las obras estaban destinadas a la colocación de un monumento ante la pared de la iglesia, pero la base del mismo (en la fotografía), según la Junta de Andalucía, ya provocó un daño en la centenaria pared, que ahora ha provocado la sanción. Dos años después, según APIN, también sin autorización de la Junta de Andalucía, el monumento fue retirado.
En el apartado de ruegos y preguntas, María Teresa Prieto tomó la palabra para preguntar: “¿Ha recibido este ayuntamiento alguna sanción en referencia a una mala actuación realizada contra el patrimonio cultural e histórico en la iglesia de San Jorge?”. La respuesta del alcalde no se hizo esperar, y espetó a la edil que la multa se había producido “por la denuncia” de la oposición. “No por la mala gestión, por la denuncia que ustedes hebéis hecho”, le recriminó. “Por la denuncia que en ese aspecto y otras cosas decís que se ha hecho daño a la fachada de la iglesia”, reiteró, para preguntarse posteriormente: “¿Qué daño se ha hecho? (...) y ahora todos tendremos que pagar no por la mala gestión, sino por la denuncia”. En el mismo pleno, el alcalde aseguró que no se trata de una sanción, sino de una incoación de expediente, y mantuvo durante casi cuatro minutos una discusión en la que amenazó de expulsión a uno de los concejales.
“Qué se calle, coño”
Enmedio de la discusión, la concejal de la oposición sólo acertaba a decir “no, por favor” mientras escuchaba las explicaciones del alcalde, en la que no es, ni parece que va a ser la última, la primera discusión llamativa que ambos mantienen en el pleno. En 2012, la misma edil preguntaba por el robo de palmeras sucedido en La Rábida, en el que podrían estar implicados, según APIN, trabajadores de la empresa de un concejal del alcalde. En el vídeo que este grupo político tiene colgado en su web se escucha a Carmelo Romero interrumpir a María Teresa Prieto con la frase “qué se calle, coño. Cállese de una vez”. Una prueba de que, precisamente, no hay empatía entre el alcalde y este grupo político, aunque no parece que el dinero sea la causa, ya que este consistorio es de los pocos que presentaron cuentas positivas en el último ejercicio, con datos de 2012 que hablan de siete millones de superávit, en buena parte gracias a la aportación que suponen las industrias químicas.
El trasfondo es otro, y podría tener su base en que el fundador de este grupo político, Cristóbal Rojas, el edil amenazado con ser expulsado del pleno, que fue uno de los hombres de confianza de Carmelo Romero, hasta que el 14 de marzo de 2008 fue destituido de sus cargos. Casi dos años después, Cristóbal Rojas anunciaba que abandonaba el PP por sentirse “maltratado a nivel tanto profesional como personal” por el alcalde, a pesar de que fue elegido en las pasadas elecciones municipales como número 2 en la lista liderada por Carmelo Romero y después fue propuesto para formar parte de la candidatura en el Parlamento de Andalucía. Este hecho, según sostuvo, fue el que desencadenó la situación por la que presentó su renuncia como concejal del PP, pues, según dijo, recibió amenazas para que no accediera a la propuesta.
Primero perdió sus delegaciones de concejal y más tarde fue destituido de su cargo como primer teniente de alcalde, y ahora ha encabezado la denuncia pública del caso de las obras en la fachada de la Iglesia de San Jorge, que ha terminado con el expediente y sanción “por una presunta infracción leve prevista y tipificada en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía”. El acuerdo de la Junta de Andalucía añade que “se propone inicialmente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, la imposición de una sanción pecuniaria de 600 euros, así como la obligación de restituir la realidad física alterada”.
“Hace ya algo más de dos años denunciaba la actuación del alcalde y diputado, Carmelo Romero, referente a una obra realizada en la fachada principal de la Iglesia de San Jorge, poniendo en conocimiento el daño realizado a un monumento que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y que, por lo tanto, está protegido con la máxima rigurosidad en la aplicación de esta normativa de protección. El alcalde se saltó a la torera cualquier procedimiento de actuación tal y como marca la ley (...) que no sólo ha hecho una obra en dicha fachada sin autorización, sino que ha utilizado los medios públicos, como la televisión municipal, para mentir sobre esta denuncia e incluso querer hacer responsables a otros y mentir sobre el fondo de esta cuestión, negando su mala actuación a espaldas de la ley”, sostiene Cristóbal Rojas.
Mala relación con antecedentes
No es la primera vez que APIN y Ayuntamiento de Palos de la Frontera terminan en denuncia una situación política, con precedentes como el de septiembre de 2012, cuando un juzgado de Huelva condenó al alcalde por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales al no facilitar información sobre las contrataciones que se hicieron antes y después de las elecciones municipales de 2011. La sentencia estimó el recurso especial de protección de los derechos fundamentales presentado por Cristóbal Rojas, que alegó que se “desatendían” las solicitudes de información. El alcalde fue conminado a permitir el acceso a la información requerida y el consistorio tuvo que pagar las costas procesales.
Previamente ya se había producido una resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía en el que reconocía que se hacía “un mal uso” de la televisión municipal, y el entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, “le requirió en numerosas ocasiones información sobre este comportamiento anómalo desde la alcaldía a petición de los concejales independientes”.