El Gobierno central avisa a la nueva Junta de PP y Vox: recurrirá al Constitucional si deroga la Ley de Memoria andaluza
El nuevo Gobierno andaluz PP-Vox no ha echado formalmente todavía a andar y ya ha recibido el primer aviso que cuestiona la legalidad de una de las propuestas acordadas en el pacto entre ambas formaciones: la derogación de la Ley de Memoria autonómica para sustituirla por una Ley de Concordia, en línea con lo acordado en todos los territorios en los que aterriza la formación de ultraderecha. La norma andaluza se aprobó en el Parlamento en 2017 sin ni un solo voto en contra, ya que contó con 67 a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos).
La advertencia la ha lanzado el Ejecutivo central por medio de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que en conversación con elDiario.es ha garantizado este viernes que “se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga” esta norma. De hecho, ya se anunció hace un par de años que ésta sería la vía a seguir en todas las comunidades en las que se cambien leyes de memoria por otras bautizadas como de concordia, como ya ha ocurrido en Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras en Extremadura sigue la negociación previa antes de dar este paso.
En un acto de reconocimiento a los León Trejo, tres hermanos fusilados por los golpistas en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez ha señalado además que, en cuestión de memoria, “el Gobierno de España va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía”. A su juicio, las leyes de concordia que auspician PP y Vox “conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación”.
“Dignidad de las víctimas”, pero del terrorismo
El punto 148 de los 150 de los que consta el pacto PP-Vox en Andalucía, y dentro del apartado Leyes ideológicas, recoge el compromiso de “aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica”, marcándose de plazo antes de que finalice 2026 para registrar en el Parlamento esta norma. Como contraste, el punto 71 recoge –en el apartado educativo– que se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio “con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas”.
En su intervención pública en el homenaje a los León Trejo, el secretario de Estado ha hecho mención expresa a que el acuerdo PP-Vox recoge derogar la Ley de Memoria andaluza, que ha definido como “la más importante de todas las que se han aprobado” en España, ya que “casi la copiaron” el grueso del resto de autonomías. Y si las normas de memoria “ponen la atención en las víctimas”, las “mal llamadas leyes de concordia” que están viendo la luz “equiparan” la democracia con la dictadura franquista.
“Están blanqueando la dictadura, no se dice que existió”, ha apostillado. De esta manera, “nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos”, ya que “sin memoria no hay democracia”. De hecho, “ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto”.
Vulneración de los derechos de las víctimas
Como suele ocurrir cada vez que hay discrepancias en materia legislativa, el primer paso incluye la apertura de un proceso negociador entre el Estado y el Ejecutivo autonómico de turno. Si las diferencias se mantienen, el Gobierno central está sistemáticamente llevando al Constitucional las derogaciones y su sustitución por leyes de concordia.
El último caso ha sido Baleares el pasado mes de junio, ya que se considera que la norma autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria. En estos casos, el objetivo además es que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento, algo que por ejemplo ya ha ocurrido en Cantabria.
La eliminación de la norma de memoria andaluza y su sustitución por una Ley de Concordia ya la acordaron PP, Ciudadanos y Vox en 2019 en el pacto a tres bandas que suscribieron para que Juan Manuel Moreno (PP) fuese investido por primera vez presidente andaluz. A la hora de la verdad, este compromiso nunca llegó a desarrollarse, pero los colectivos memorialistas denuncian el nulo interés del PP en esta materia en los dos mandatos que lleva, con un escaso cumplimiento de la normativa de 2017 todavía en vigor.