Desde “la inmigración está siendo un problema cada vez más presente” del exiministro Juan Ignacio Zoido, contestado tajantemente por el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, quien achacaba la “dejadez de la administración” la existencia y “drama humanitario” que perdura en los asentamientos de temporeros en municipios de Huelva y Almería, los representantes de los partidos de izquierda y derecha han usado buena parte de su tiempo en culpar al otro de las nefastas condiciones en las que viven desde hace años las personas migrantes empleadas para la recogida de fruta y verdura en las zonas más occidental y oriental de Andalucía.
El debate se ha desarrollado este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con la comparecencia de Valero en nombre de la Asociación Multicultural de Mazagón y de Almería Acoge, quien ha pedido la “intervención directa” de la Comisión Europea ante la “grave situación de vulnerabilidad de los derechos humanos” en estos lugares surgidos “a finales de los 80” en Almería, donde existen 69 asentamientos donde malviven entre 5.000 y 7.000 personas, mientras en Huelva se encuentran más de 3.000 personas en 40 asentanientos, con chabolas “sin ningún tipo de servicios básicos”.
En su intervención, por espacio de cinco minutos y otros dos para cerrar la petición, también ha hecho mención a que los ayuntamientos “se niegan sistemáticamente” a facilitar el padrón a estas personas pese a la normativa que se lo permite., favoreciendo un “mercado corrupto” de acceso a la documentación necesaria que “se aprovecha de las necesidades de los inmigrantes”. También ha lamentado la “constante vulneración” de la directiva comunitaria que regula la entrada y salida de estas personas para emplearse, recordando en ese sentido la visita en 2020 del relator especial de Naciones Unidas contra la pobreza extrema, añadiendo que se trata de un “claro ejemplo de racismo institucional” el que se vive en esos lugares mientras “los ayuntamientos” de esos municipios (Roquetas de Mar, Níjar, Lepe, Moguer, Palos, etc.) “miran para otro lado” ante esa “situación deplorable”.
Por todo ello, Valero ha pedido una “respuesta inmediata” por parte de la Comisión Europea y la elaboración de “un informe completo” de todo lo expuesto en la petición, con especial atención a las mujeres migrantes, así como trasladar a las comisiones específicas de la UE la petición, instando a la institución a visitar los asentamientos “para comprobar de primera mano las condiciones infrahumanas” de las personas migrantes. Por último, ha apuntado que “hay fondos, hay dinero”, poniendo como ejemplo el protocolo firmado en junio de 2022 entre las adminstraciones local, autonómica y estatal “pero no se hace ninguna vivienda” y “no se ha ejecutado aún ni un céntimo”, instando a la Comisión Europea “a hacer valer los principios de convivencia” en ese sentido.
“Viven peor que el ganado”
La intervención de los grupos ha dado lugar a un enfrentamiento acerca de quién tiene o ha tenido la responsabilidad política de la existencia de los asentamientos descritos. Los primeros en hacer uso de la palabra han sido el eurodiputado popular Peter Jahr (EPP Group), así como la socialista Cristina Maestre, la gallega Ana Miranda (Alianza Libre Europea-Los Verdes), quienes han coincidido en la indignación por la existencia de estos asentamientos de Andalucía aunque no es una cuestión exclusiva de España, abogando en líneas generales por dar respuesta a una situación que han llegado a calificar como “esclavitud laboral del siglo XXI”, como ha denunciado Miranda, y de tratar de “facilitar a todos los niveles la integración social y residencial, y trabajo digno” para los migrantes, como ha expuesto Maestre.
El eurodiputado de Unidas Podemos Manuel también ha apoyado la petición y ha recalcado la importancia de las inspecciones de trabajo, congratulándose de que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz haya “impulsado” las inspecciones en el campo “para combatir el esclavismo” mientras “la patronal agraria y otros partidos pidieron su dimisión” cuando “el 70% de las mismas acabaron en procedimientos de infracción”. También ha denunciado que “se están devolviendo importantes cantidades de dinero” en la materia contra la exclusión “por falta de ejecución” mientras los temporeros “viven peor que el ganado”, “les cortan el agua” y “no se les permite empadronarse”, algo tolerado “de forma miserable por una patronal esclavista” para “que hagan el trabajo pero que no aparezcan”. “No podemos mirar para otro lado”, ha concluido, animando a ver “sobre el terreno” la situación de esos lugares.
Zoido, que ha intervenido entre los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manuel Pineda, quienes tuvieron ocasión de visitar los asentamientos en abril de 2021, ha comentado que podrían tener que visitar España, como ha pedido Valero, y que “algo estará pasando con el Gobierno de España para que vayamos otra vez”, abogando por erradicar la situación de los temporeros y recordando que los ayuntamienros “cuentan con la ayuda de las confederaciones de empresarios”, lamentando que Pineda tachara de esclavista a la patronal por el “daño” que se hace con esas manifestaciones a los productos a exportar desde Hueva o Almería.
En todo caso, Zoido ha defendido que la Junta de Andalucía ya sabe que “no es admisible” esa situación pero diciendo que “IU y PSOE han gobernado en Andalucía durante 40 años” (algo que Sira Rego ha echado en cara pro la alusión a IU, que sólo cogobernó con los socialistas durante la legislatura 2012-2015) “y ahora viene el problema y ahora no tienen nada que ver”. Zoido ha defendido también que los servicios sociales “están atendiendo a esas personas, tomando medidas en el marco de sus competencias”, insistiendo en que el “fenómeno indeseable del chabolismos” estaba “antes consentido” y “la Junta apuesta por resolverlo de manera definitiva”. “El Gobierno de Sánchez deberá hacer un esfuerzo”, ha incidido, anunciando que “en el primer semestre” se aprobará por parte del Gobierno andaluz un“ plan estratégico para la eliminación de los asentamientos a nivel local, de acuerdo con el Estado”.
Sira Rego, la última en intervenir, ha denunciado que se haga “negocio” con “mano de obra esclava” y ha llamado a la Comisión a poner freno a una situación “intolerable” en la UE, acusando a la Junta de Andalucía de “inacción” y de ser responsables de la falta de medidas para prevenir este fenómeno.
La presidenta de la comisión, la popular Dolors Montserrat ha decidido mantener “abierta” la petición expuesta por Toni Valero y por que se mantenga informados a los miembros de la comisión, enviando “para opinión” la petición a la comisión parlamentaria específica en materia de empleo ya que “se trata de derechos findamentales de trabajadores”.