La batalla contra el gran parque fotovoltaico que cambiará el paisaje a los pies de la Sierra de las Nieves de Málaga
En la ribera izquierda del río Grande se extiende La Jara, un paraje natural moldeado por suaves lomas dedicadas históricamente al cultivo del cereal, del que se nutrían los molinos de Coín y panaderías históricas, como La Curruca. Abundan allí especies como el aguilucho cenizo, algunas de águila (perdicera, culebrera, real), el halcón peregrino y, de cuando en cuando, aparece algún martín pescador con su plumaje chillón. Este verano, sin embargo, predominan las excavadoras y camiones que motean de negro el terreno arcilloso.
Una legión de máquinas está preparando el terreno para plantar placas solares. Aplanan los cerros, abren zanjas, pelan la tierra y clavan las placas a más de 40 grados una tarde de terral a mediados de julio, a pesar de que la autorización administrativa pide evitar obra alguna en estos meses para evitar el impacto sobre aves esteparias y rapaces en época de nidificación.
La presunta irregularidad es una más de cuantas denuncian quienes se oponen a la transformación de La Jara, sellada a muchos kilómetros de aquí: si nada cambia, una gran superficie de placas que esperan empaquetadas junto al camino sustituirá al paisaje agrario tiñendo de negro alrededor de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados) apenas a cinco kilómetros en línea recta de la Sierra de las Nieves, declarado parque nacional hace apenas cinco años gracias a su pinsapar, único en Europa. La instalación lindaría con la zona periférica de protección del parque y con la reserva de la biosfera, e incluso atravesaría bajo tierra un par de kilómetros del parque.
Un informe elaborado en 2024 por los catedráticos de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, Matías Mérida y Marcos Castro alerta del impacto sobre la Sierra de las Nieves de estos proyectos, que entonces abarcaban aún más terreno: 728 hectáreas y un “expolio paisajístico” de casi 2.000, además de un consumo de agua de entre 11 y 56 millones de litros anuales en una zona sometida a sequías periódicas.
En 2021 los proyectos en ciernes llegaron a ocupar un tercio del término municipal de Coín y la propia Diputación pidió al Gobierno central y a la Junta una moratoria en las tramitaciones en la provincia. Con el paso del tiempo, algunos de esos proyectos han sido rechazados, otros eran meramente especulativos y otros cuantos han llegado a la fase definitiva: entre ellos, el que linda con la Sierra de las Nieves.
Toda la corporación en contra
La perspectiva de una Jara colonizada tiene en contra a toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Coín (PSOE, Vox, Andalucía X Sí y Por Andalucía), como se pudo comprobar en el último Pleno, en el que se escucharon lamentos por el “impacto brutal” que tendrá. El alcalde Francisco Javier Santos (PP) relató que fue el primero en oponerse, pero asegura que no puede hacer nada, porque el proyecto tiene el aval del Gobierno central, que lo ha declarado de utilidad pública. Sin embargo, el Ayuntamiento ha evitado durante cinco años modificar las normas urbanísticas, lo que hubiese permitido poner condiciones mucho más estrictas. Tampoco ha acudido a los tribunales para paralizarlo.
Ahora, la batalla se libra también ante la opinión pública, que en Coín lleva tiempo a flor de piel por el proyecto de un macrocomplejo turístico sobre el gran acuífero del pueblo. El destino de La Jara también lleva años movilizando a un puñado de objetores. Cada dos semanas, junto al río, informan a los vecinos del impacto que tendrá esto en sus vidas; invitan a periodistas y políticos, piden reuniones y alegan a cada oportunidad. Su esperanza ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que han interpuesto varios recursos.
“¿Tú crees que cargarse todo esto es ecológico? ¿Cómo pueden poner un polvorín aquí, a los pies del Parque Nacional?”, pregunta Marisa Casal, que encarna la resistencia de la Asociación Valle Natural Río Grande, mientras muestra a ambos lados del camino un paisaje ya pelado.
Una cuestión de rentabilidad: 2.600 euros por hectárea frente a 300
Para los dueños de la tierra la cuestión parece tener más que ver con la rentabilidad que con la biodiversidad o el paisaje. “Desde fuera se ven las cosas muy bien, pero aquí no hay futuro, y esto hay que vivirlo”, explica uno de los propietarios que ha alquilado sus tierras a la promotora y que prefiere no dar su nombre. Tiene 68 años, las ha trabajado sin descanso desde que era un crío y dice que ahora quiere hacer lo que no ha podido antes: “Ver mundo”.
Para él no es fácil, por eso se ha reservado una parcelita para sus gallinas, algunos olivos y una pequeña piscina para disfrutarla con sus nietos. Pero no ve otra opción: el kilo de trigo se paga apenas a 24 céntimos, nada que ver con lo que sacará de alquilar la tierra. No revela cuánto le pagan, ni el total de hectáreas, pero sí cuenta que es un alquiler a 25 años, renovable cada cinco años y pagadero anualmente. Los promotores del proyecto ofrecen dinero abundante y rápido por tierras que la nueva generación ya no está dispuesta a trabajar. Según dijo el alcalde en el Pleno, 2.600 euros por hectárea y año, frente a 300 que puede rendir con cereal.
La mayoría cede, pero no todos. Unos cientos de metros más abajo está Juan, camisa abierta, agua en bandolera, vara en mano para pastorear a sus ovejas: “Los demás tienen cereales, es normal que hayan entrado, pero nosotros es que vivimos de esto, ¿sabes?”. Ahora le quedan unas 500 ovejas, cien fanegas de tierra que van a quedar rodeadas, pocos años para jubilarse y una pequeña nave junto a la casa, pero es que a él le gusta hacer lo que ha hecho toda su vida. Así que respeta a quien cede o vende sus tierras (“es verdad que el campo deja poco”), facilita el trabajo si hace falta, pero él ni vende ni alquila, salvo un “cachito” del que tuvo que desprenderse. No quiere líos.
El regidor aseguró que 108 de los 110 propietarios de Coín han accedido a alquilar sus tierras, una cifra que los activistas cuestionan porque el BOE recoge al menos 324 parcelas “sujetas a expropiación”. “Estuve nueve días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento de Coín, Alozaina, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama, acompañando a los vecinos que se oponían a la expropiación, ayudándoles a presentar la documentación”, recuerda Casal.
Recursos ante el TSJ de Madrid
La otra gran pata de la estrategia de resistencia está en los tribunales. Sobre el papel, los activistas combaten contra tres parques fotovoltaicos diferentes (inicialmente eran cuatro y de mayor extensión), colindantes y del mismo promotor, autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica (por tener capacidad para generar más de 50 MW), además de una gran línea de evacuación eléctrica desde Coín a Cártama.
Orla I y II y Natera están promovidos por sociedades instrumentales de Verbund, la principal eléctrica austriaca y una de las mayores compañías hidroeléctricas de Europa. El 51% de su capital pertenece al Estado austriaco. Muy cerca están previstos también los parques de Arcos VI, Jara y Ardenis, en estos casos con la autorización de la Junta de Andalucía.
El abogado Salvador Campos lleva desde 2021 recurriendo en nombre de la asociación. Primero, frente a las primeras resoluciones de autorización administrativa previa: “El Ministerio tardó dos años en resolverlo, cuando la ley marca tres meses”. Además, se presentaron 356 alegaciones particulares y se opuso el municipio de Alozaina.
También recurrieron la declaración de utilidad pública, que funciona a modo de chantaje, según la asociación: con ella en la mano, los promotores pueden solicitar la expropiación de las tierras si no llegan a un acuerdo con los propietarios, lo que desequilibra la negociación de partida. Casi todos los dueños de las tierras donde se ubicarán los parques han acabado llegando a acuerdos privados con Verbund, pero no ocurre así con muchos de quienes tienen tierras atravesadas por la línea de evacuación, que se han opuesto al levantamiento de las actas previas de ocupación, el pasado abril.
Verbund ha respondido al cuestionario remitido por este medio con un comunicado en el que no cuantifica las fincas expropiadas, los acuerdos que ha alcanzado con los propietarios ni su valor económico, tal y como se le había pedido. La empresa subraya que cumple de forma “rigurosa” la ley y asegura que está “impulsando” un “Programa de Impacto Local” para “maximizar los beneficios de las instalaciones en la región y su entorno”, sin dar detalles de en qué consiste. El Ministerio no ha respondido.
Obras en pleno verano
Ahora, la asociación ha llevado el asunto a los tribunales. La vía en el contencioso es doble: contra la autorización de los parques y contra la línea de evacuación, que atraviesa los municipios de Coín, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama. Sin embargo, los recursos no paran las máquinas porque no son suspensivos.
La asociación denuncia que los proyectos originales (realizados entre octubre de 2020 y julio de 2022) y el de ejecución no han incorporado los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de la autorización administrativa, que son posteriores.
A finales de junio solicitaron la inspección y paralización urgente de la obra por entender que tampoco se ajusta a lo previsto. En un escrito dirigido tanto al MITECO como a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, la asociación subraya que los desbroces, movimientos de tierra y retirada de cubierta vegetal van más allá de lo autorizado (que es lo estrictamente necesario para los módulos). Sospechan que el proyecto no recoge un plan de restauración vegetal e integración paisajística para minimizar el impacto; ni prospección de campo para identificar flora amenazada o posibles hábitats de interés comunitario; ni estudio de campo de la avifauna y cronograma para minimizar el impacto, a pesar de que la declaración de impacto obliga a tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies protegidas; ni medidas compensatorias por la tala de cientos de olivos, sin contar con la afección sobre especies como el espino negro o el palmito.
Verbund no ha respondido a las preguntas sobre los incumplimientos concretos recogidas en el formulario, pero lo niega todo: “Los proyectos que actualmente promovemos en Coín se están construyendo conforme a las autorizaciones, permisos y licencias otorgados por las administraciones competentes, tanto a nivel nacional, autonómico, como local”. Según la empresa austriaca, la autorización ambiental ya recoge un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento. Lo que denuncian los activistas es, precisamente, que ese documento está siendo ignorado.
Tampoco hay constancia de un estudio sobre el impacto hidrológico y sobre el suelo y el subsuelo de instalar módulos en lomas con una pendiente mínima del 15%. A pie de campo, Tere, la mujer de Juan, dicta sentencia con la experiencia de toda la vida sobre el terreno: “Aquí cuando llueve las tierras andan. Esto no lo conocen ellos”.
“Nadie vigila nada”
La empresa insiste en que, en todo caso, la obra está sujeta a las inspecciones y controles pertinentes. “El problema es que dan la autorización, pero luego nadie vigila nada”, lamenta Casal a los pies del puente de Carranque, donde han llegado a coincidir tres camiones de gran tonelaje.
Tras las crecidas del otoño que arrastraron el de Valenciana, este puente el único que queda en pie; las grietas y las abolladuras muestran el impacto visible del trasiego continuo de vehículos de obra, que en teoría debían acceder a la zona de obras desde Alozaina y Casarabonela y no por este camino, sufragado por los propios vecinos. Cerca de allí, un poste y un cable reposan en la cuneta, apenas señalizados por un cartel de advertencia. Ha pasado apenas una semana del incendio de Los Gallardos cuyo origen apunta a la caída de un poste eléctrico.
La asociación tiene la sensación de estar batallando contra un gigante que ni se inmuta, porque el árbitro que debe vigilar está de su parte. “Presentamos unas alegaciones fundamentadas de 60 páginas y ni contestaron”, lamenta el abogado, que también denuncia que no pudieron acceder a documentación esencial porque la web daba error y nunca se publicó en los tablones municipales: “Ahora hemos solicitado a Coín que nos remita los expedientes y las licencias, y no lo hacen. Es una actuación extraordinaria que debería ser sometida a información pública”.
Nada de esto ha servido contra el gigante que toma forma en las tierras de La Jara.