La fiscal acusa a un ex alto cargo del Ayuntamiento de Málaga de acosar a una funcionaria para favorecer a una constructora
La Fiscalía de Málaga acusa al exgerente de la empresa municipal de aparcamientos SMASSA, Manuel Díaz Guirado, de presionar a una trabajadora técnica bajo su mando con la finalidad de favorecer a la contratista de una obra pública, y pide que se le condene a tres años de prisión y 21 de inhabilitación, multa de 111.000 euros y que indemnice a la trabajadora con 17.145 euros, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y acoso laboral. SMASSA es una sociedad municipal mixta, conformada por el ayuntamiento -51%- y socios privados -49%-.
Así consta en el informe de la fiscal al que este medio ha tenido acceso, en el que se pide la apertura de juicio oral contra Díaz Guirado. La investigación se abrió hace cuatro años con una denuncia pública de la trabajadora, la exjefa de la Oficina Técnica de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga, quien aseguró, en una comparecencia durante un Pleno Municipal que “las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel”. Trinidad Rodríguez aseguró entonces que había sido cesada de la dirección técnica de una obra municipal adjudicada a una constructora precisamente por negarse a “traspasar ciertas líneas rojas”, y relató que “la presión e intimidación” había ido en aumento desde entonces.
El PSOE e IU llevaron esas declaraciones a la Fiscalía, que abrió una investigación que acabó asumiendo el juzgado de instrucción 3 de Málaga.
El aparcamiento, adjudicado por 8,7 millones de euros, acabó teniendo un sobrecoste del 30% que elevó la factura final a más de 11 millones.
El escrito que ahora presenta Fiscalía pone a Díaz al borde del banquillo, y presenta un relato de presiones, intimidaciones e irregularidades que arranca antes de que la obra fuera adjudicada, y prosigue hasta su culminación.
La fiscal relata presiones e irregularidades a una funcionaria
Según el relato de la fiscal, el gerente indicó a Rodríguez “de forma clara” que la obra del aparcamiento de Pío Baroja, al este de la capital, debía ser adjudicada a una UTE integrada por IELC y CHM “por ser una empresa malagueña y manejable”, y le detalló qué puntuación debía obtener en el sobre técnico. Rodríguez se opuso porque la mejor valorada era otra empresa, pero Díaz impuso su criterio ordenando tener en cuenta solo el criterio económico, y a pesar de que la oferta era desproporcionadamente baja, como se vio más adelante.
La obra, que debía comenzar el 15 de junio de 2021, ya comenzó con retrasos, por lo que la responsable programó una reunión con los responsables de la empresa. Según la fiscal, Díaz advirtió a Hernández de las repercusiones que podía tener su intervención con el fin de “neutralizarla” y “favorecer los intereses de la constructora”.
Sin embargo, ella no cedió y volvió a reiterar su criterio de que se estaba incumpliendo el contrato de forma injustificada. Ante eso, Díaz le habría instada a modificar el plazo de ejecución para evitar que la empresa fuera penalizado, y volvió a ejercer presión sobre ella para que lo hiciera, a pesar de que no tenía competencias.
Meses después, la UTE elevó en un millón de euros el precio de la obra por la complejidad que decía haber encontrado, y la trabajadora se negó, alegando que era muy superior a lo permitido por la ley.
“La UTE necesita el dinero y contigo o sin ti, la obra seguirá con esta constructora, que necesita el dinero para finalizar el aparcamiento antes de las elecciones cueste lo cueste”, recoge la fiscal que le habría dicho el gerente. Según el escrito, este habría aludido a “vestir el santo” con uno u otro concepto para “ir a lo máximo que se pueda”: mayor coste, mayor duración por causas no imputables, modificaciones de pliego… Pese a que la dirección facultativa volvió a mostrarse en desacuerdo, el acusado contradijo el criterio técnico y ordenó presentar un modificado.
Díaz Guirado también intervino ordenando no aplicar la penalización por el retraso, que habría ascendido a 110.000 euros y que según el criterio técnico era solamente imputable a la UTE. Asimismo, ordenó que se le dieran anticipos para acopios contra el criterio de la funcionaria.
Ante la acumulación de desacuerdos que el gerente sorteaba contra su criterio técnico y por las que presuntamente la presionaba, Rodríguez activó un procedimiento interno de acoso, que fue archivado. Fue entonces cuando Díaz Guirado, en represalia, le modificó su contrato delante de los demás trabajadores, y la apartó de la obra de Pío Baroja.
Según la fiscal, todos estos “actos de manipulación” poniendo en riesgo el trabajo de Trinidad Rodríguez, que fue forzada a tomar decisiones y asumir responsabilidades en contra de su criterio técnico, los ejecutó Díaz Guirado aprovechando su situación de superioridad.
Denuncia en el Pleno
Fue entonces cuando ella saltó y denunció públicamente, ante todos los concejales del Pleno, la situación por la que estaba pasando. La mujer necesitó tratamiento psicológico y estuvo de baja 180 días.
Con la exposición pública del caso, la oposición solicitó el cese inmediato del gerente y comenzaron a aflorar otras prácticas presuntamente irregulares, como la posible falsificación de firmas de la trabajadora, que denunció el caso ante la Policía. El PSOE deslizó la existencia de “mordidas”. Meses después, se desveló una carta del secretario de la empresa durante 26 años al alcalde De la Torre en la que le informaba de que también él había recibido presiones de Díaz Guirado para emitir una opinión jurídica contraria a Derecho que, además, iba a perjudicar al ayuntamiento en beneficio de la parte privada de la empresa.
De la Torre rechazó abrir una comisión de investigación, como le pedía la oposición, y trató de zanjar el tema con la renuncia del gerente. Era la segunda vez: Díaz Guirado ya fue investigado hace 15 años en el llamado caso Piscinas, un supuesto cohecho cometido cuando era concejal en la concesión de la piscina municipal de Puerto de la Torre. Díaz Guirado no repitió en las listas del PP y el caso acabó siendo archivado. En 2019 fue recuperado por De la Torre como gerente de SMASSA.
El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araújo, ha pedido al alcalde que explique qué sabía y desde cuándo, y por qué mantuvo a Díaz Araújo. Los socialistas están personados como acusación popular en la investigación judicial, y han conseguido que la jueza incorpore a la causa un informe pericial que cuestiona la justificación de más de 800.000 euros de obra ejecutada. La jueza ha requerido a SMASSA para que aporte informes técnicos relacionados con las presuntas irregularidades y entonces volverá a abrir nuevo plazo para presentar acusaciones.