Ratas, andamios y vecinos desesperados en el Pasaje de Begoña de Torremolinos, símbolo contra la represión franquista
Este miércoles el Gobierno inició los trámites para declarar como Lugar de Memoria Democrática el Pasaje de Begoña de Torremolinos, una estrecha callejuela en forma de L con menos de 50 metros de largo y apenas tres metros de ancho, ubicada a un paso de la céntrica Plaza de la Nogalera, cuyo peso simbólico en la lucha por las libertades, en general, y por los derechos de las personas LGTBI, en particular, es enorme.
El Pasaje Begoña es lo más parecido a Stonewall en España. Los bares que alojaba a finales de los 60 eran un refugio de libertad sexual. La Fiacre, The Blue Note, Sala Caramela, La Cueva de Aladino o Piper's son nombres históricos de la noche de Torremolinos, donde desembocaron personajes famosos como John Lennon y Brian Epstein, y personajes con historias fabulosas, como Pia Beck. El franquismo hacía la vista gorda porque por allí entraba dinero extranjero y vendía una falsa imagen de tolerancia, que se rompió de golpe cuando un gobernador civil, Víctor Arroyo, decidió aplicar la Ley de Vagos y Maleantes en toda su brutalidad: 119 personas fueron arrestadas (y vejadas) por “atentar contra la moralidad y las buenas costumbres”. La noche del 25 al 26 de junio de 1971 se impusieron cientos de multas, se cerraron decenas de bares y el lugar inició una lenta decadencia que ha continuado hasta hoy.
El Gobierno cree que el enclave sirve para transmitir “valores democráticos y de respeto a los derechos fundamentales” al visibilizar la represión del franquismo. “Su conservación e interpretación facilitan la comprensión de una dimensión específica de la violencia ejercida por la dictadura franquista contra colectivos históricamente discriminados”, se lee en la resolución que no propone ninguna medida de protección, “atendiendo a las circunstancias del bien”. En la foto con la que acompaña el anuncio en X, se observa un luminoso de colores que anuncia la entrada al Pasaje Begoña.
En realidad, es una foto antigua. Hoy, el Pasaje Begoña no tiene ni un solo local abierto, los edficios están en avanzado estado de descomposición y junto al cartel del post hay una sábana donde se pregunta qué ha pasado con los dos millones de euros con los que está subvencionada su rehabilitación, anunciada hace año y medio.
En mayo de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció en Torremolinos que el Gobierno destinaría 2,2 millones a rehabilitar el “mítico” Pasaje Begoña. La ministra aseguró que las obras eran “inminentes”, que las haría una promotora privada con subvención de Fondos Next Generation destinados a la rehabilitación de viviendas y locales, y que permitirían “recuperar” el lugar como espacio “económico, de ocio, de cultura, de diversidad, como un espacio cívico y como un espacio para la convivencia”.
Pasado año y medio, la realidad es bien distinta. En el futuro Lugar de Memoria, los edificios literalmente se caen, con solería rota y desniveles, y el pasaje está cegado a la luz solar, porque desde hace diez meses lo ocupa un andamio metálico de cuatro alturas, vestigio de una obra estancada que tiene a los vecinos desesperados. Los obreros pasaron por allí durante unas pocas semanas, pero en mayo se bajaron y no se han vuelto a subir.
En teoría, dinero para avanzar en la rehabilitación hay. O había: el Ministerio de Vivienda desembolsó el 24 de junio de 2025 la mitad de la subvención, 1.088.954,65 euros, según la documentación bancaria a la que este medio ha tenido acceso.
Sin embargo, nadie explica dónde está ese dinero. La Comunidad de Propietarios cedió el derecho de cobra a un agente rehabilitador, Consultants, que lo ingresó hace más de un año. En un cartel, Consultants descarga la responsabilidad de la parálisis en los actuales presidentes y administrador, y achaca el problema a la falta de financiación de la parte no subvencionada “que corresponde a la Comunidad”. Consultants es, a su vez, socia de la constructora (vinculada al Grupo Bilba) en la propiedad de algunos locales del edificio.
La situación afecta a 105 pequeñas viviendas y unos 1.000 metros cuadrados de una decena de locales comerciales.
“Esto da miedo y asco”
“Esto da miedo y asco. No lo limpian nunca. Entra gente a hacer caca. Aquí hay cucarachas, ratas, de todo”, dice Yadira González, que vive en uno de los locales a pie de pasaje: “Dejaron la basura aquí y se marcharon”. Ella de vez en cuando saca la manguera y echa aguafuerte. Queda una letrina en un rincón a disposición de cualquiera. Varios carteles piden a los vecinos que no dejen la basura en la calle.
“Aquí no se ha subido nadie desde febrero. Nadie. Vinieron 15 días a trabajar, rompieron para poner la luz y lo dejaron así”, protesta Antonio Machado, vecino del pasaje, mientras señala los andamios. No hay ascensor en su edificio, de cuatro plantas y donde viven personas que necesitan asistencia. “Hay gente mayor que tiene que subir cuatro plantas con el carrito. No podemos abrir la ventana, porque se mete de todo”. A esto se añade que paga más comunidad que nunca, por una derrama que no sabe bien para qué abona: 110 euros por una vivienda de alrededor de 30 metros cuadrados, como todas las del edificio.
Revalyn Faba Sack se fue en febrero huyendo del ruido de las obras y regresó hace apenas un par de semanas pensando que estarían terminadas. Se lo encontró como lo había dejado. “Hay cables y niños pequeños, es peligroso”, advierte en su apartamento.
Un cartel de la Comunidad de Propietarios sin fecha pegado sobre el ascensor informa a los vecinos de que “es imprescindible extremar la precaución” al recorrer los pasillos y zonas comunes, y de que hay lugar con riesgo por los andamios. “¡Se ruega máxima atención y el cumplimiento estricto de las indicaciones de seguridad!”.
La mujer admite que no sabe bien qué pasa, y esboza una explicación simple: “Si la constructora no recibe el dinero, los obreros paran”. Ella compró su casa hace ocho o nueve años, y ya entonces se hablaba de la obra.
Sin autorización para reanudar la obra
La rehabilitación, de la que se habla desde hace años, exige algo más que un lavado de cara: sus edificios de los 50 presentan un estado cercano a la ruina. Faba Sack recuerda que hubo un tiempo en que el Ayuntamiento deslizó que había riesgo para los vecinos y llegó a sugerir un desalojo, pero aquello quedó en nada.
Sabe que hay una subvención de más de dos millones, de la que ya se recibió la mitad, pero observa que la comunidad tiene poco dinero, y que el dinero público que había “desapareció”.
Cuando se planteó, la rehabilitación integral tenía un coste estimado de 3,2 millones de euros, de los que la Comunidad debía aportar aproximadamente un millón, que no tenía en caja y que los bancos no le financian. Hay una deuda global con la comunidad de alrededor de 200.000 euros, pisos okupados, pisos turísticos y otras en manos de extranjeros que lo usan por temporadas y apenas se dejan ver.
Algunos vecinos han comenzado a movilizarse ante la falta de avances. El 13 de octubre recibieron un correo del administrador de fincas, que reenviaba un mensaje de la jefa de obra: a las ocho de la mañana del día 14 se reanudarían las obras. Pero el mismo 13 por la tarde llegó un nuevo correo: el director general de la constructora corregía a su jefa de obras, advirtiendo que no podían recomenzar porque no tenían “autorización para poder entrar con la máquina por la escalera de calle Cauce”, según se lee.
Lo siguiente que supieron fue que tres semanas después llegaron tres trabajadores que han acumulado materiales de obra en uno de los bajos, sin que hayan tocado los andamios ni ejecutado trabajo en el exterior.
En otro cartel colocado en el pasaje, Consultants da “información urgente” a los propietarios. Está fechado en julio de 2026, sin más precisión. Según señala, las obras de rehabilitación están iniciadas. Se habría pagado el 30% del anticipo a la constructora, pero “falta financiación y liquidez de la comunidad”, además del pago de las tasas municipales. Además, se habrían detectado nuevas patologías e incidencias estructurales que obligan a revisar “soluciones y presupuestos”. Es decir, todo será más caro.
La situación supone un “riesgo real para la subvención”, porque la obra y su justificación debe cumplir unos plazos. En ese caso, habría que devolver el importe con intereses, advierte Consultants en ese cartel, que descarga la responsabilidad en el actual Presidente y el administrador.
Mientras, el Gobierno acelera su reconocimiento, a pie de calle el Pasaje Begoña languidece entre cucarachas, deudas y andamios donde anidan las palomas.