Una subvención millonaria que no se ve: así se enquistó la rehabilitación del Pasaje Begoña, el Stonewall español
Si se cumplen las previsiones, el histórico Pasaje Begoña de Torremolinos, el 'Stonewall español', tendrá un reconocimiento público muy pronto. El Gobierno está impulsando la declaración como Lugar de Memoria Democrática de este histórico enclave donde el franquismo desplegó una brutal redada en 1971, aporreando, deteniendo y vejando a más de un centenar de personas por ejercer su libertad sexual en alguno de los locales que llenaban de vida este sitio.
El reconocimiento se produce, sin embargo, cuando el lugar está en un estado deplorable. Nadie que circule por allí verá signo alguno de la relevancia que el Gobierno le da. A día de hoy, el pasaje es un lugar inhóspito: ni siquiera se puede recorrer, salvo por la estrecha franja que deja el andamio que lo ocupa casi totalmente. Los vecinos pasaron el verano sin aire acondicionado, viven sin ascensor y tienen su edificio agujereado y lleno de tuberías y cables.
Son los restos de una obra que paró en mayo, a pesar de que hay dinero para ir ejecutándola porque tiene una subvención pública de dos millones de la que se desembolsó ya más de la mitad. Los vecinos protestan, hartos, pero nadie les explica qué se hace con él.
Además de falta de transparencia, hay un problema de liquidez: la subvención cubre alrededor del 70% del coste total de la actuación, pero el resto, que puede superar el millón de euros, ni lo tiene la comunidad de propietarios ni ningún banco está, por ahora, dispuesto a prestárselo. Así que la constructora decidió parar.
Las partes de esta historia
Para acercarse a entender lo que está ocurriendo es necesario presentar a los protagonistas de este embrollo y sus funciones.
Del lado público, están el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. La subvención procede de los fondos europeos Next Generation, la concede el Gobierno y la transfiere la Junta de Andalucía, en dos plazos, el primero de ellos ya cumplido y abonado. El Ayuntamiento tramita la licencia de obra, previo abono de la tasa.
El agente rehabilitador es el encargado de gestionar el proceso de rehabilitación de un edificio o vivienda, asesorando, preparando documentos, gestionando las subvenciones y pagando a la constructora. El agente rehabilitador aquí es Consultants S.C.A., una sociedad cooperativa de la que es vicepresidente José Manuel López Pascua. Además de gestionar la subvención y ejercer como arquitectos del proyecto, Consultants acordó con la comunidad ejercer el derecho de cobro de la subvención. La gestión de toda la subvención la encargó a un profesional independiente, Víctor Ibáñez.
La constructora, en teoría, es Liveting, aunque finalmente la obra la está ejecutando Leba. Ambas están integradas en Sinerba Holding, el grupo empresarial de la potente constructora malagueña Bilba, que factura 200 millones de euros anuales y tiene unos 500 empleados en plantilla.
Para enmarañar todo, el presidente de la comunidad durante todo el proceso para obtener la subvención y hasta mediados de 2025 fue José Manuel López Pascua, quien a su vez el vicepresidente y fundador de Consultants. Y el administrador es Administración de Fincas Garald.
El origen del proyecto
En estos meses, los protagonistas se han lanzado la pelota de la responsabilidad e ignorado las peticiones de los vecinos para explicar por qué no se avanza, dónde está el dinero y qué se está haciendo con él. Lo mismo ha ocurrido cuando este medio les ha preguntado: ni la constructora, ni el agente rehabilitador, ni el administrador ni el actual presidente han querido contestar. Sólo se ha explicado Víctor Ibáñez.
En el origen está, según su propia web, la Asociación Pasaje Begoña, que trabaja para reivindicar el legado del Pasaje y dignificarlo. La Asociación ha preferido no atender ahora a este medio, pero según su web el objetivo es recuperar la estética de los 60 y convertir al lugar nuevamente en un espacio simbólico, involucrando a las distintas administraciones en la tarea.
“Yo entro en esta historia porque me enamoro personalmente del pasaje”, cuenta Ibáñez. Según su relato, en 2021 fue él quien planteó a Consultants, con quienes trabajaba como profesional autónomo, la posibilidad de rehabilitar el lugar, aprovechando una subvención con fondos Next Generation para recuperar el edificio de viviendas, al borde de la ruina. El dinero europeo serviría para financiar casi el 70% de la inversión total necesaria, valorada en algo más de tres millones de euros.
El problema, dice, era lograr el resto. Esta es una comunidad difícil: hay okupas, personas en situación de vulnerabilidad, pequeños propietarios y vecinos extranjeros que apenas pasan unos meses en Torremolinos o no hablan español. Y además, había vecinos morosos y locales que acumulaban deudas de miles de euros con la comunidad por impago de cuotas, con el agravante de que muchas de ellas ni siquiera estaban reclamadas.
3,5 millones de coste, 1,1 desembolsados y 47.000 euros certificados
Pese a todo, Consultants (como agente rehabilitador) encargó la ejecución de obras a Liveting el 17 de octubre de 2022, condicionada a obtener la subvención. La primera mitad (1.088.954 euros) la ingresó el 24 de junio de 2025, según consta en un extracto del BBVA. Con ese dinero, en teoría, podían empezar los trabajos y avanzarse un buen trecho.
Sin embargo, había un problema: la comunidad no tenía músculo para cubrir a lo que no llegaba la subvención, y los bancos no financiaban. Pese a ello, en febrero empezaron las obras. Pero para chasco de los vecinos, apenas unas semanas después pararon y así siguen, salvo una ligera reactivación en los últimos días para hacer acopio de material.
El motivo de la parálisis, según Ibáñez, es que si la obra siguiera adelante pero no pudiera terminarse por falta de fondos, quedaría a medias y la comunidad tendría que devolver todo con intereses, algo que no podría asumir. La constructora, según Ibáñez, quiere evitar ese escenario. Entre tanto, el tiempo corre: antes de noviembre de 2027 la obra debe estar terminada.
En estos años, además, el coste presupuestado no ha dejado de crecer. En diciembre del año pasado, hace apenas un año, el presupuesto se cerró en 2.560.000 euros. Pero Liveting pidió más dinero en abril, presupuestando 956.000 euros más por nuevas partidas. La comunidad quiere plantarse en 500.000. A ello hay que añadir los honorarios técnicos y de gestión (415.000), tasas y licencias (139.000) y retirada de amianto. Como mínimo: 3,5 millones.
“En el acta de replanteo ya se dice que la financiación no estaba garantizada al 100%. ¿Para qué se meten y la inician?”, se pregunta un vecino. Sinerba no ha contestado al cuestionario remitido por este medio. Tampoco el agente rehabilitador ha querido explicar su posición.
La desconfianza: el agente, el expresidente y la constructora, propietarios
Fuentes municipales explican que el Ayuntamiento está ejerciendo un papel mediador, y que pretende solicitar al agente rehabilitador que presente un calendario de actuaciones, “con plazos definidos”, lo que serviría para ganar tiempo pero no para solucionar el problema de fondo: ¿quién pone el dinero que falta?
En teoría, la obra se reanudó hace unos días, pero los vecinos aseguran que allí no ven a nadie. “No tenemos confirmación oficial de que se haya reanudado”, cuenta uno de ellos. Los trabajos se estarían desarrollando en el sótano al que se accede por uno de los locales, propiedad precisamente de la constructora.
Con la obra atascada, algunos vecinos creen que los protagonistas de esta historia han querido exprimir el dinero de la subvención y agotar a los propietarios para que renuncien al cobro de deudas comunitarias o, directamente, vendan sus inmuebles.
Si se ha instalado la desconfianza es, en gran parte, por la confusión de intereses. El agente rehabilitador, el expresidente y constructora están estrechamente relacionados. Nada más iniciarse el proceso, Consultants (agente rehabilitador), Bilba, Víctor Ibáñez y Alfonso Fernández Ocón (estos últimos como socios minoritarios) constituyeron Regenera Proyectos de Edificación y compraron dos de los cinco locales, que habían salido a subasta por las deudas que tenía su propietario.
Ibáñez tiene una explicación. “La comunidad no quería comprarlos y no podíamos empezar con una parte del edificio que no hacía cargo de cuotas o derramas, y donde ni siquiera podíamos entrar”. Gracias a convertirse en dueño y acumular el 8,27% de la cuota de la comunidad, Regenera pasó a dominar las decisiones del conjunto. Así nombró como presidente de la comunidad a José Manuel López Pascua, dueño de Consultants. Y con él al frente, la comunidad contrató a Consultants, solicitó la subvención, cedió su cobro y contrató a la constructora para rehabilitar, que es su socia en la propiedad de los locales.
Regenera adquirió los locales comprando a la comunidad la deuda que tenían sus antiguos propietarios. En teoría, el objetivo era hacer viable el proyecto, pero esto sembró la semilla de la sospecha, porque además, muchos vecinos ni siquiera sabían de estas conexiones. Además, Regenera sigue adeudando 100.000 euros en cuotas, según la documentación consultada por este medio, y estaría evitando saldar la deuda mientras no se aclare el panorama.
Los recelos aumentan porque los vecinos ven que todo está parado y nadie les ha mostrado un extracto que acredite dónde está el dinero que ya se tenía. “El beneficiario de la subvención es la comunidad, pero son fondos finalistas y el agente tiene que entregarlos a lo que se comprometió”, explica Ibáñez, que señala que la constructora habría recibido el 30% como anticipo, pero no lo ha aplicado hasta ahora “por prudencia”. Los vecinos temen que el dinero que tiene Liveting vaya a reformar sus propios locales, y no a la fachada o a las obras de eficiencia energética. “La trazabilidad es total”, dice Ibáñez: “Está todo presupuestado, y al final hay que presentar facturas del gasto y justificantes”. También asegura que ni él ni Consultants han cobrado sus honorarios, que se presupuestaron en 415.000 euros.
Está dolido. Cree que la desconfianza puede hacer descarrilar el proyecto. “Este es el último tren para el pasaje. En vez de buscar la sombra de la sospecha, tiene que salir sí o sí, unos porque viven allí, otros por el trabajo que llevamos metido y otros porque se les ha pedido dinero para los locales”, señala Ibáñez, quien cree que los vecinos “están tirando piedras contra su tejado” al sospechar del papel de la constructora y el agente. Algunos vecinos han pedido una nueva junta, que podría celebrarse la próxima semana: “La última documentación que han pasado es de sobrecostes. No nos dicen nada. No entendemos la opacidad. Sólo queremos saber qué se está haciendo”.