El no del Gobierno a reconocer a García Caparrós víctima del terrorismo divide a las izquierdas andaluzas al borde del 28F
La negativa del Gobierno de PSOE y Sumar de conceder el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós ha soliviantado a todos los grupos de la izquierda andaluza en la antesala del 28 de febrero (28F), Día de Andalucía. Y no de cualquier 28F, sino del último de la legislatura, a pocos meses para unas elecciones donde el espacio progresista busca unidad y movilización.
El joven sindicalista malagueño murió asesinado por un disparo de la Policía militar durante la multitudinaria manifestación por la autonomía plena andaluza, el 4 de diciembre de 197 en una calle de Málaga. Hoy es considerado por todos los partidos, excepto Vox, una suerte de mártir de la conquista del autogobierno, y tiene el título póstumo de Hijo Predilecto de Andalucía, máxima distinción que otorga el Gobierno autonómico.
La resolución del Ministerio de Interior que deniega la condición de víctima a García Caparrós -y la consecuente indemnización a su familia- ha provocado una reacción unánime de rechazo en todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero también ha desatado un cabreo monumental y ha precipitado una pelea entre ellos, a las puertas de unas elecciones autonómicas inminentes.
La formación soberanista y andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, ha sido la más dura, al exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y lanzar un severo reproche al Gobierno más progresista de la historia“. Pero también la coalición Por Andalucía, donde está integrado Sumar (socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez), ha expresado su rechazo: ”Es una injusticia y está fuera del sentido común“, ha valorado la diputada Esperanza Gómez, tras añadir que ”si no encaja en la ley, habrá que darle solución para responder al anhelo del pueblo andaluz“.
Más duro ha sido el secretario general del Partido Comunista en Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, que ha acusado al PSOE de “incumplir su palabra” y ha exigido a Sánchez que que cumpla su compromiso y ordene el reconocimiento inmediato de Caparrós como víctima del Estado, apelando a la “verdad, justicia y reparación que la familia lleva casi medio siglo reclamando”
La posición más comprometida era la del PSOE andaluz, pilotado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el portazo a las reivindicaciones de las hermanas de García Caparrós parte de su Gobierno. Los socialistas han dado un volantazo de 180 grados, desviando el foco hacia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, para anunciar que registrarán una iniciativa parlamentaria para instar a la Junta a reconocer al joven malagueño como “víctima de la violencia institucional”, en el marco de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y la posibilidad de “una compensación económica para la familia”.
La Ley andaluza de Memoria, aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra, no contempla la figura de “víctima del terrorismo” ni el término “violencia institucional”, que ha usado este miércoles el diputado socialista Rafael Recio. El artículo 3.2, sin embargo, sí habla del “derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”.
“García Caparrós es víctima de Estado y el impedimento para reconocerlo es una ley del Gobierno de Rajoy, de 2011. El PSOE actúa con conciencia y pide a la Junta fortalecer ese reconocimiento”, ha dicho Recio, que también ha dejado abierta la puerta a que se reforme la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en la que se ha basado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, para denegar la solicitud cursada por las hermanas de García Caparrós.
“Hoy por hoy, hay una ley de Rajoy que imposibilita llegar adonde pretende la familia”, ha subrayado el coportavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, que ha demandado también al Gobierno central un “estudio de las posibilidades” para que Caparrós sea reconocido como víctima de Estado. Recio ha defendido el papel del Ejecutivo de Sánchez y de su partido que, desde la Mesa del Congreso, logró desclasificar el expediente secreto sobre el asesinato del joven malagueño, conservado bajo llave en los archivos de la Cámara Baja desde hace casi 50 años.
Ésta era una de las reivindicaciones históricas de las hermanas de Caparrós -Dolores, Purificación y Francisca- que el pasado noviembre, finalmente, se personaron en el Congreso y tuvieron acceso a las actas de la comisión que investigó la muerte del joven. Las otras dos demandas, que hicieron llegar al presidente Sánchez por carta, fue el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado y una reunión con el mandatario. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido aún.
La carta que Interior ha enviado esta semana a las hermanas Caparrós, adelantada en exclusiva por este periódico, concluía que los hechos que rodearon el asesinato del joven malagueño en el 77 son “execrables” y de una “extrema gravedad”, pero advertía que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley (...), teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.
Esa norma establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.
El PP andaluz no ha querido pronunciarse sobre la resolución del Ministerio de Interior hasta no conocer al detalle el expediente. El diputado Pablo Venzal sí ha querido defender que, sobre este aspecto, el Gobierno de Moreno “ha hecho todo lo que tenía que hacer en el marco de sus competencias”.
La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, también ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Interior. “No han reconocido la condición de víctima ni la indemnización a la familia, en eso nosotros no entramos. Desde la Junta siempre hemos tenido presente a García Caparrós”, ha asegurado.
La familia de García Caparrós tiene un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las hermanas han convocado este viernes a la prensa en Málaga para anunciar su decisión y expresar su malestar por el portazo del Gobierno.