La oposición imputa “responsabilidad política criminal” al Gobierno de Moreno por ignorar el colapso en las mamografías
La oposición de izquierdas en Andalucía ha cargado este viernes contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por hacer “dejación de funciones” pese a conocer desde hace tres años que la falta de personal especializado estaba asfixiando la unidad de mama del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados.
Los propios radiólogos de este hospital y sus jefes de servicio advirtieron a las autoridades del Servicio Andaluz de Salud del “colapso” en las pruebas del cribado de cáncer de mama“ en 2023, elaborando incluso un plan de choque para revertir la tendencia, pero los responsables de la administración autonómica rechazaron la idea por los ajustes presupuestarios que estaban llevando a cabo, según la información publicada por El País.
Menos de dos años después saltó el escándalo: la demora en la emisión de un resultado diagnóstico concluyente provocó que 2.317 mujeres no fueran sometidas a tiempo a una segunda prueba de control. Quedaron en un limbo, y una parte de ellas (aún por determinar: 23 mujeres según el SAS y al menos 300 según Amama) acabó desarrollando un cáncer. El 90% eran pacientes del Virgen del Rocío.
La gestión de este asunto, denunciado por la asociación Amama, provocó la mayor crisis política del Gobierno de Moreno en esta legislatura, forzando el cese de la anterior consejera, Rocío Hernández, la viceconsejera y varios cargos del Hospital Virgen del Rocío. Todo ello, a menos de ocho meses de que se celebren las elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para junio.
Antonio Sanz, que asumió la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía precisamente para intentar capear el tsunami provocado por la crisis, ha vuelto a defender la actuación del Gobierno de Moreno. “Lo ocurrido quedó claro. Dimos la cara frente al problema, ofrecimos soluciones, rendimos cuentas y depuramos responsabilidad”.
Lejos de asumir la posible responsabilidad, el Gobierno andaluz la ha descargado sobre algunos profesionales de rango medio involucrados en la gestión sanitaria. El presidente Juan Manuel Moreno dijo el pasado diciembre que “una jefatura de servicio se saltó el protocolo y no informó a las [mujeres] que tenían un diagnóstico no concluyente”, afirmó el 12 de diciembre en la presentación de su libro en Barcelona.
El consejero ha esquivado la información de que la administración estaba advertida del problema, asegurando que su departamento habla “de futuro” y sacando pecho por la contratación de 700 profesionales para reforzar el programa de cribado, articulada para sortear las críticas provocadas por los errorers. Según ha explicado, el 70% se ha incorporado ya. Sanz también ha destacado la puesta en marcha de un cribado en acto único para las mujeres que obtienen un resultado con alta sospecha de malignidad.
“Dejación de funciones”
La oposición de izquierdas ha cargado contra Moreno tras la revelación de que el Gobierno andaluz fue advertido por los profesionales dos años antes de que saltara el escándalo. Tanto María Jesús Montero, candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, como Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, han sido muy críticos.
Montero ha calificado este viernes de “gravísimo” que el Gobierno andaluz fuera advertido y no hiciera nada por evitar el colapso, y señaló que esta información se ha ocultado con “alevosía”, culpando entre tanto a los responsables médicos del hospital. “Me parece gravísimo que el presidente de la Junta nunca haya hablado de esto”, y que “esto no haya salido a la luz” antes, porque “implica responsabilidad de la propia Junta de Andalucía, que conocía que se estaban produciendo 'cuellos de botella', retrasos inasumibles en los cribados del cáncer de mama”.
La vicepresidenta del Gobierno ha añadido que le parece también “gravísimo que a estas alturas, después de más de cinco meses” desde que se conocieran los primeros casos derivados de esos fallos, “no sepamos cuántas mujeres han desarrollado un cáncer, a cuántas mujeres ha habido que extirparles o hacer una mastectomía que se podría haber evitado” en el caso de que “se hubieran practicado las pruebas necesarias”, ni tampoco se conozca “cuántas personas han tenido que desarrollar pruebas y en qué tiempo posteriormente”.
Por su parte, Maíllo ha apuntado a una presunta “responsabilidad política criminal” del Presidente Moreno por “dejación de funciones”. El candidato de la coalición de izquierdas ha considerado que esa noticia es “la confirmación de que el Gobierno de Moreno no sólo fue incompetente y negligente en la acción” en torno a este asunto, sino que “está empezando a tener una responsabilidad criminal, porque, a sabiendas de las advertencias que le habían hecho los técnicos del Virgen del Rocío de que el sistema colapsaba, miraron para otro lado” y “denegaron esa aceleración de las pruebas”.
La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las querellas contra el Gobierno andaluz por Adelante Andalucía, el Defensor del Paciente e IU, al considerar que no había “indicios penales”, pero abrió la puerta a estudiar caso por caso. También se archivó la querella interpuesta por la presunta alteración de historiales clínicos.