La Fiscalía archiva las querellas contra el Gobierno andaluz por la crisis de los cribados pero pide investigar caso a caso
La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado la investigación que abrió hace casi cuatro meses sobre los “fallos” detectados en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía, que provocaron la mayor crisis política del Gobierno andaluz desde que Juan Manuel Moreno es presidente.
El Ministerio Público da carpetazo a las denuncias que el Defensor del Paciente y dos partidos de izquierdas -IU y Adelante Andalucía- interpusieron directamente ante el TSJA contra altos cargos de la Junta que entonces tenían la condición de aforados, entre ellos: la entonces consejera de Salud Rocío Hernández -cesada precisamente por la crisis de los cribados-, su predecesora en el cargo y actual responsable de Medio Ambiente, Catalina García, la exviceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.
La Fiscalía de Andalucía concluye que no “hay indicios penales” contra los directivos de la Consejería de Salud denunciados, pero sí reconoce irregularidades en la gestión del protocolo de detección precoz del cáncer de mama que provocó un tsunami político y la destitución fulminante de la consejera y parte de su departamente.
La denuncia de la Asociación Defensor del Paciente se amplió posteriormente con de otras denuncias particulares de 16 mujeres afectadas por los retrasos en el diagnóstico de cáncer. Esto motivó una línea de investigación separada que es la que la Fiscalía del TSJA ha remitido a seis fiscalías provinciales para que continúen la investigación de forma individual, dado que no presentan las mismas casuísticas, informan fuentes del Ministerio Público.
Los hechos investigados se refieren a los “errores o deficiencias” en el protocolo de cribado de cáncer de mama en Andalucía, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes o ”dudosos“, que según la Junta afectó a 2.317 mujeres, el 90% localizadas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Las denuncias también señalaban la ausencia de comunicación de las pruebas realizadas a las mujeres, la falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, la imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario y la prestación sanitaria en el sistema de salud privado.
Ahora la investigación de cada caso particular continuará recabando pruebas en las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las 16 mujeres que han denunciado. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.
En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito de Fiscalía, no existe un patrón que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que “han de ser investigados de manera individual y separada”.
El decreto del Ministerio Público también recoge cómo algunas denuncias exponen manifestaciones de carácter general sin precisión alguna, relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y argumenta que una investigación “más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración”.
El pasado octubre, en pleno epicentro de la crisis de los cribados, la Fiscalía del TSJA abrió diligencias y reclamó un informe a la Consejería de Sanidad sobre los “errores” en el programa que reconoció la propia Junta. El fiscal exigió al Gobierno de Moreno que informase con detalle de las “medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas” y para la prevención de hechos futuros similares.
La denuncia del grupo mixto Adelante Andalucía imputaba delitos de “homicidio imprudente”, lesiones por imprudencia grave, dejación de funciones del servicipo público y omisión del deber de prestar atención sanitaria contra los responsables públicos que gestionaban la sanidad pública cuando estalló el escándalo de los cribados.
El archivo de las denuncias contra los entonces máximos responsables de la Consejería de Sanidad es sólo uno de los frentes judiciales que acechan al Gobierno de Moreno por la crisis de los cribados. Los abogados de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo, han presentado 111 denuncias por daños patrimoniales contra la Junta, en nombre de un centenear de afectadas por los diagnósticos tardíos.
Se trata de mujeres que se enteraron con meses y años de retraso de que sus mamografías habían arrojado un resultado “sospechoso” o “no concluyente”, del que no fueron informadas. En algunos casos, según la presidenta de Amama, ese diagnóstico tardío derivó en un cáncer que no fue cogido a tiempo y acabó con la vida de algunas mujeres.
El presidente Moreno llegó a cifrar esos decesos en el 1% de las afectadas, es decir, 23 mujeres fallecidas por los errores en el protocolo de detección temprana. El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, matizó luego ese dato y aseguró que se basaba en una “media mundial” de tumores malignos no detectados a tiempo.