El PSOE andaluz, liderado por Juan Espadas, ha recabado las 50 firmas de senadores socialistas necesarias para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el macrodecreto andaluz de simplificación administrativa, una norma aprobada de urgencia en el Parlamento con la que la Junta modificó de una tacada 176 leyes.
Los de Espadas -a la sazón portavoz del PSOE en el Senado- plantean el recurso al Constitucional que el Gobierno central ya ha descartado, puesto que sólo ha puesto reparos a un artículo del decreto, que se encuentra negociando con la Junta de Andalucía. Desde que Juan Manuel Moreno es presidente, hace cinco años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha interpuesto 16 recursos de inconstitucionalidad contra normas aprobadas por su gabinete: 14 de ellos se solventaron fuera de los tribunales a través de acuerdos en la comisión mixta que reúne a ambas administraciones, y los otros dos no se llegaron a presentar.
Estos datos los ha recordado este martes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, que ha cuestionado el recurso anunciado por el PSOE, argumentando que se basa en “intereses políticos” y no en “aspectos jurídicos”. El portavoz adjunto del PSOE andaluz, Josele Aguilar, es quien ha defendido esta mañana las “razones de sobra, tanto en la forma como en el fondo”, para ejecutar un recurso contra el macrodecreto de simplificación que vienen anunciando desde que fue convalidado en el Parlamento andaluz con los votos de PP y Vox, el pasado febrero.
La norma, que alterna 176 leyes de casi todas las políticas públicas de la Junta, es uno de los hitos políticos que más recalca el Gobierno de Moreno. El objetivo de la Junta es “desburocraticar” la Administración para agilizar los proyectos empresariales y hacer más atractiva Andalucía a la inversión externa: se eliminan permisos e informes preceptivos, se suprimen órganos participativos, entes consultivos, se aligera la maquinaria legal de la Junta y, en definitiva, desaparecen pasos intermedios obligatorios hasta ahora para abrir un negocio.
Para el PSOE, sin embargo, es “una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta” por parte del Gobierno de Moreno. “Es una chapuza desde el punto de vista jurídico, es un monumento a la incompetencia del Gobierno andaluz, y no se da el requisito de extraordinaria y urgente necesidad que justifique su elaboración, porque se han llevado año y medio para aprobarlo desde que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, lo anunciara en septiembre de 2022”, ha recalcado Aguilar.
El decreto tiene 600 páginas y entró en el Parlamento andaluz con un expediente adjunto de casi 2.000 folios, que los grupos de la oposición tuvieron una semana para estudiarse antes de su aprobación. El texto original ya fue corregido a través de otro decreto ley, después de que el Ministerio de Transición Ecológica alertase de que un párrafo reabría la puerta a regularizar de forma retroactiva los cultivos ilegales del entorno de Doñana.
Ahora, el Ejecutivo central sigue poniendo reparos a un artículo del documento ya en vigor: el artículo 117.10, por el que se modifica el artículo 138 de la Ley sobre “Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa”, que incorpora dos supuestos más que estarían sometidos a declaración responsable, entre ellos: Los movimientos de tierras y explanaciones en suelo urbano que no se encuentre en una Zona Arqueológica o de Servidumbre Arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción, en cuyo caso seguirán el régimen previsto para estos“.
Jurisprudencia del Constitucional
El Estado cuestiona si este precepto es compatible con otro artículo de la Ley del Suelo, que establece el silencio negativo para los movimientos de tierras y explanaciones, sin hacer distinciones sobre si las mismas se dan sobre suelo urbano o urbanizable. El Gobierno ve incompatible ambos preceptos que distinguen esos terrenos que, consideran, “con más razón deben someterse a licencia expresa cuando se proyectan sobre suelo urbano y no forman parte de un proyecto de urbanización”. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este asunto en una sentencia de 2017, delimitando las competencias del Estado y las comunidades.
En este punto está ahora la negociación abierta entre Gobierno y Junta a cuenta del macrodecreto que el PSOE prevé llevar a los tribunales este mismo martes. Aguilar ha recordado que este decreto “ya ha sido rectificado en cuatro ocasiones” por el propio Gobierno andaluz desde su aprobación en febrero, y ha criticado el “uso y abuso de la legislación a través de decreto-ley”. “En dos años y medio ha aprobado 29 decretos leyes, frente a once leyes de tramitación parlamentaria ordinaria”, ha subrayado el diputado socialista, acusando a Moreno de “despreciar al Parlamento andaluz”.
La coalición Por Andalucía también anunció que acudirá, junto al PSOE, a la Comisión de Venecia -órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional- para que “supervise la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos” del macro-decreto de simplificación de la Junta. La Comisión de Venecia es el órgano que evalúa la ley de amnistía.
El macrodecreto de simplificación cambia de sopetón 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El presidente Moreno quiso destacar, en su presentación en Madrid, dos aspectos muy sociales: una reducción notable del tiempo medio de espera para resolver las solicitudes de los dependientes -de 555 días actuales a un máximo de 180-; y reducir la certificación de familia numerosa a un solo formulario, en vez de los tres actuales.
Por Andalucía también ha anunciado que acudirá, junto al PSOE, a la Comisión de Venecia -órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional- para que “supervise la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos” del macro-decreto de simplificación de la Junta. La Comisión de Venecia es el órgano que evalúa la ley de amnistía.
El contenido del macro-decreto
El decreto es un árbol robusto con 176 ramificaciones, una por cada reforma legal que afecta a todos los sectores productivos de Andalucía: cambian de sopetón 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El presidente Moreno quiso destacar, en su presentación en Madrid, dos aspectos muy sociales: una reducción notable del tiempo medio de espera para resolver las solicitudes de los dependientes -de 555 días actuales a un máximo de 180-; y reducir la certificación de familia numerosa a un solo formulario, en vez de los tres actuales.