Cien años del edificio de Correos de Zaragoza: Apudepa reclama su declaración como bien de interés cultural

El edificio de Correos y Telégrafos del paseo de la Independencia de Zaragoza cumple cien años y Apudepa quiere que este aniversario sirva para reforzar su protección patrimonial. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón que declare Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, este inmueble situado en el número 33 de la céntrica avenida, inaugurado el 12 de octubre de 1926.

La entidad considera “insuficiente” la protección actual del edificio y reclama que se reconozcan sus “excepcionales valores históricos y artísticos”. El inmueble figura en el Sistema de Información del Patrimonio Aragonés (SIPCA) y está catalogado como edificio de Interés Arquitectónico en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Esta figura contempla la conservación de elementos como las fachadas, el patio y la caja de escaleras, pero Apudepa considera que no es suficiente para garantizar la conservación del conjunto y reclama que se le otorgue la máxima categoría de protección prevista en la legislación patrimonial.

La solicitud se acompaña de un informe histórico-artístico que incorpora noticias publicadas en la prensa local durante la construcción y la inauguración del inmueble, conservadas en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Según destaca la asociación, las crónicas reflejan la expectación que despertó el proyecto y la trascendencia social e institucional de su apertura, que reunió a destacadas autoridades nacionales y aragonesas.

El edificio fue proyectado por el arquitecto Antonio Rubio Marín (1884-1980), cuyo diseño resultó elegido por unanimidad en el concurso público convocado en 1916. El proyecto fue aprobado oficialmente en mayo de 1919 y apostó por recuperar elementos de la tradición mudéjar y de la arquitectura palacial renacentista aragonesa.

Apudepa destaca especialmente su riqueza ornamental, vinculada a los modelos del neomudéjar turolense, y lo considera “uno de los exponentes más destacados del neomudéjar filológico en Aragón” y su “manifestación monumental más representativa en Zaragoza”. La asociación también pone el acento en el papel histórico del inmueble como sede de un servicio público esencial y en su consolidación como “referente arquitectónico y simbólico de la ciudad”. La perspectiva que proporciona el centenario, sostiene, permite valorar su relevancia patrimonial más allá de sus características arquitectónicas.

Una posible protección para Huesca y Teruel

Aunque la solicitud presentada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural se refiere exclusivamente al edificio zaragozano del paseo de la Independencia, Apudepa considera que una eventual declaración como BIC podría sentar un precedente para impulsar iniciativas similares en las antiguas sedes de Correos de Huesca y Teruel.

Los tres edificios tienen un origen común, al formar parte del programa estatal impulsado a partir de 1908 por el entonces director general de Correos y Telégrafos, Emilio Ortuño y Berte, que promovió la construcción de 55 nuevas casas de Correos en capitales de provincia y otras ciudades importantes del país.

Apudepa se muestra dispuesta a colaborar en la valoración patrimonial de los edificios de las otras dos capitales aragonesas y plantea avanzar hacia una consideración conjunta de estas construcciones como parte de un “patrimonio común” de las tres ciudades, con el objetivo de favorecer su conservación y puesta en valor.

La reclamación llega en un año marcado también por la demolición del antiguo edificio de Correos de El Portillo, otro inmueble vinculado a la historia postal de Zaragoza. Apudepa impulsó distintas iniciativas para intentar evitar su desaparición, entre ellas solicitudes de protección patrimonial y actuaciones judiciales. La asociación consiguió inicialmente paralizar el derribo para que se estudiara si el edificio reunía valores suficientes para ser protegido, pero el Gobierno de Aragón rechazó posteriormente esta posibilidad. Aunque Apudepa volvió a recurrir para intentar frenar los trabajos, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón permitió finalmente continuar con la demolición.