Nuevo recurso contra los centros de datos en Aragón. Colectivos sociales, medioambientales y ligados al territorio han presentado alegaciones contra la declaración de interés autonómico del denominado proyecto Búfalo, con el que Forestalia quiere impulsar sendas granjas de servidores en Magallón, Botorrita y Alfamén, todas en la provincia de Zaragoza. En su escrito aseguran que estas iniciativas “destruyen más empleo del que crean” y advierten también de que la proliferación de este tipo de instalaciones electrointensivas suponen una “amenaza la seguridad energética”.
En concreto, los colectivos que han presentado alegaciones conjuntas, entre los que destaca Ecologistas en Acción, son entre otros la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), No es Sequía es Saqueo,Tu Nube Seca Mi Río, la Plataforma en Defensa Estepa Huerva y Sermo, la Asociación Ciudadana de Muel y el Juncar es Vida (Plataforma en defensa de la Ribera Alta del Ebro) o la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón.
Para empezar, estas organizaciones recuerdan que solo los proyectos de centros de datos impulsados en el mes de diciembre suman una potencia eléctrica total de 3.446 MW, con un consumo potencial que triplica el de todo Aragón en 2024. El documento no solo ataca las carencias ambientales del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) aprobado por el Ejecutivo regional, sino que cuestiona la legalidad del procedimiento y la idoneidad moral de la empresa beneficiaria.
Del proyecto, destacan, “solo se conoce su monstruoso consumo eléctrico” pero las necesidades hídricas o las afecciones sobre el entorno. “La declaración se justifica en solo 16 páginas y con los datos más mentirosos presentados hasta ahora por un proyecto de centros de datos en Aragón”, denuncian.
El proyecto promete crear 35.000 empleos en la fase de construcción y 3.000 en la fase de operación (2030). En comparación, la iniciativa de Microsoft tiene una potencia de casi el doble y promete 900 empleos en operación, que pueden terminar siendo menos. “Si Forestalia crea 300 empleos ya serán muchos”, indican. En cambio, si tuviera el mismo ratio de creación de empleo por kilovatios consumido que la media aragonesa, contabilizan, “debería crear 584.000 empleos”.
Pero a continuación ponen el acento en “el empleo que destruyen” los centros de datos, que según estas organizaciones “puede multiplicar por veinte el que crean”.
Tampoco creen que, tal y como anunciaron los promotores, estos tres centros de datos se surtirán con energía renovable impulsada por la propia Forestalia. “Toda la energía renovable que se produce ya está comprometida con AWS. Y la que pueda producirse en 2030 está comprometida con Blackstone en el proyecto Rhodes (Calatorao) y con los de hidrógeno verde. No habrá más”, sintetizan.
Objeto de investigación
Los colectivos alegantes ponen también en el foco el “historial del grupo liderado por Fernando Samper”, ahora “objeto de investigación por un posible caso de corrupción pública en la concesión de licencias eólicas durante el gobierno del PP y con la autorización de instalación de aerogeneradores en espacio natural Red Natura 2000 con el gobierno del PSOE”.
“Forestalia ya nos enseñó su 'modus operandi 'con el sector eólico: saturar el territorio de proyectos, obtener declaraciones de urgencia gracias a sus vínculos con las instituciones y luego hacer caja sin que el beneficio revierta en los pueblos”, denuncian las organizaciones. Además, recuerdan que la empresa ha estado rodeada de “polémicas por la fragmentación de proyectos para evitar evaluaciones ambientales más rigurosas y por su capacidad para influir en las normativas regionales”.
Una “zona de sacrificio” digital
Para los firmantes, Aragón se está convirtiendo en una “zona de sacrificio”. El recurso subraya la “concentración escandalosa” de proyectos en la provincia de Zaragoza, que multiplican las necesidades reales de procesamiento de datos de la comunidad, lo que refuerza la tesis de que Aragón está siendo utilizada como una “colonia energética y de datos” para el servicio de terceros países y grandes corporaciones, y “sin dejar apenas valor añadido en el territorio”.
Los colectivos han anunciado que “llegarán hasta el final” para frenar la orden y exigir “una auditoría independiente” sobre la relación entre el Ejecutivo autonómico y el grupo Forestalia.