La legislatura del Estatuto de la Mujer Rural de Aragón

Hay leyes que nacen para ordenar una realidad ya consolidada. Y hay otras que nacen, precisamente, porque esa realidad todavía no ha sido reconocida. El Estatuto de la Mujer Rural de Aragón pertenece a esta segunda categoría: no pretende crear algo nuevo, sino poner nombre, derechos y dignidad política a una presencia que siempre ha estado ahí.

Las mujeres rurales han sostenido durante generaciones la vida en los pueblos. Han trabajado la tierra, han cuidado a las familias, han abierto pequeños negocios y han mantenido redes de solidaridad que ningún indicador económico sabe medir. Han sido agricultoras, ganaderas, autónomas, trabajadoras invisibles de explotaciones familiares, alcaldesas, técnicas, maestras, sanitarias o artistas. Y, sin embargo, durante demasiado tiempo han quedado fuera del relato oficial del desarrollo rural.

Nombrarlas no es un gesto simbólico. Nombrarlas es un acto político.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural no es una ley sectorial más. Es, en realidad, una pieza clave en la arquitectura de la igualdad en Aragón. Porque la desigualdad de género no se vive igual en todos los territorios. En el medio rural, la distancia física se suma a la distancia institucional. La carencia de servicios públicos multiplica la carga de los cuidados. Las oportunidades laborales se estrechan. Y la participación económica y política de las mujeres sigue enfrentándose a inercias profundamente arraigadas.

A menudo se habla de la despoblación como si fuera una fatalidad geográfica. Pero quienes conocen bien el territorio saben que también es una cuestión de oportunidades. Y, sobre todo, de oportunidades para las mujeres.

Cuando una mujer joven se marcha de un pueblo porque no encuentra trabajo, porque no hay servicios para conciliar, porque su proyecto de vida parece condenado a la precariedad o a la dependencia económica, no sólo se pierde una vecina. Se pierde futuro.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural es también una política contra la despoblación. No porque las mujeres deban quedarse para salvar los pueblos —una narrativa que tantas veces ha recaído injustamente sobre ellas—, sino porque ningún territorio puede aspirar a ser viable si la mitad de su población encuentra más obstáculos que oportunidades.

En esta legislatura que se abre paso, el Estatuto debe ocupar un lugar singular en el debate político aragonés. En anteriores, fue anunciado, debatido, reclamado y discutido. Ha atravesado cambios de gobierno, posiciones partidistas y negociaciones parlamentarias. Y en ese recorrido ha dejado al descubierto una paradoja que se repite con frecuencia cuando hablamos de igualdad: casi todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico, pero no siempre con las soluciones.

Existe un consenso bastante amplio en reconocer la importancia de las mujeres rurales. Se las cita en discursos institucionales, en estrategias contra la despoblación y en programas de desarrollo territorial. Pero cuando llega el momento de convertir ese reconocimiento en derechos, en recursos públicos, en medidas concretas que transformen las condiciones de vida, el acuerdo se vuelve más frágil.

Sin embargo, el simple hecho de que el Estatuto esté sobre la mesa ya ha producido un efecto político relevante. Ha obligado a hablar de las mujeres rurales no como una categoría romántica —la imagen idealizada de la mujer del pueblo—, sino como sujetas de derechos.

Ese cambio de mirada es fundamental.

Significa reconocer que la igualdad en el medio rural pasa por cuestiones muy concretas: por el acceso al empleo y al emprendimiento, por la presencia de servicios públicos, por la corresponsabilidad en los cuidados, por la participación en cooperativas y organizaciones agrarias o por la representación en los espacios donde se toman decisiones que afectan al territorio.

Significa también reconocer la diversidad de las mujeres rurales de hoy. Mujeres que heredan explotaciones familiares, que emprenden proyectos innovadores, que regresan a los pueblos después de haber vivido en ciudades, que llegan desde otros países para trabajar sectores clave, como el primarios o los cuidados. Mujeres que no responden a un único perfil, pero que comparten la experiencia de habitar territorios donde la igualdad todavía tiene más camino por recorrer.

Aragón tiene una larga tradición de movimientos sociales vinculados al mundo rural. Organizaciones de mujeres que, desde hace décadas, han tejido redes de apoyo, formación y reivindicación. Ellas han sido las verdaderas impulsoras de este debate mucho antes de que llegara a los parlamentos.

Quizá por eso el Estatuto de la Mujer Rural no debería entenderse sólo como una ley pendiente, sino como la expresión institucional de una demanda histórica.

Las leyes, al fin y al cabo, son también una forma de contar quién importa en una sociedad. Y durante demasiado tiempo las mujeres rurales han sostenido territorios enteros sin ocupar el lugar que les corresponde en ese relato.

Tal vez esta legislatura pase a la historia por muchas razones. Pero sería deseable que lo hiciera, sobre todo, por haber entendido algo esencial: que la igualdad no se decreta desde las capitales, sino que se construye también en los pueblos, en las explotaciones agrarias, en los pequeños negocios y en los hogares donde el trabajo y la vida siguen entrelazados.

Reconocer a las mujeres rurales no es un gesto de justicia simbólica. Es, sencillamente, una condición para el futuro.