Ejea de los Caballeros: de aldea gala frente al gigante eólico de Forestalia a referente para otros municipios

Mientras la batalla policial y judicial en torno a Forestalia acapara titulares, en paralelo se consolidan victorias silenciosas del mundo rural. Una de las más significativas se ha producido en Ejea de los Caballeros, cuyo pulso con el gigante energético ha terminado marcando un precedente para todo Aragón. El municipio cincovillés ha logrado algo poco habitual: sentar jurisprudencia en defensa de la autonomía local frente a grandes proyectos empresariales, en un contexto de creciente tensión entre desarrollo energético y territorio.

La polémica comenzó en febrero de 2022, cuando el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para proyectos fotovoltaicos y eólicos con el objetivo de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ordenara el territorio, protegiera el uso agrícola y preservara el paisaje y la biodiversidad, en línea con la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. El Ayuntamiento tomó la iniciativa para garantizar la seguridad jurídica y defender los intereses del municipio y la medida bloqueó inicialmente toda la tramitación de proyectos de Forestalia, que pretendía instalar casi 300 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y otras infraestructuras asociadas.

La modificación del PGOU siguió un proceso complejo durante varios años, desde la aprobación inicial en febrero de 2023, con participación de todos los grupos políticos hasta que en marzo de 2024, el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó la modificación de manera definitiva.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, la socialista Teresa Ladrero, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una “victoria legal y moral” que refuerza la autonomía local para ordenar su territorio. Ladrero explica además que la defensa de la autonomía municipal no supone oponerse a las energías renovables, sino ordenarlas sin imposiciones externas.

En el Ayuntamiento de Ejea hubo posturas contrapuestas. El equipo de gobierno socialista, en coalición con IU, recuerda “las numerosas presiones” de la oposición, que pedía negociar con Forestalia “para ponerles alfombra roja”. Pero atendiendo al proceso de modernización agraria que sigue Ejea, se pudo suspender el Plan General y desarrollar los estudios correspondientes para aprobarlo defiitivamente en 2023 y ubicar los aerogeneradores en cerca de 6.000 hectáreas de secano. Se logra así compatibilizar todos los usos y proteger la economía y los recursos estratégicos del municipio.

La sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), del 5 de febrero de 2026, cambió las reglas del juego a favor de los pueblos. El tribunal dictaminó que el urbanismo es una competencia local plena. Si un ayuntamiento decide que su modelo de desarrollo es agrícola o paisajístico, tiene derecho a prohibir molinos en esas zonas específicas. El TSJA aclaró que Ejea no estaba “prohibiendo la energía eólica”, sino ordenando su territorio. Mientras el consistorio deje algunas zonas libres para molinos (aunque sean las menos rentables para la empresa), la norma es legal. La sentencia establece que los proyectos industriales, por muy “necesarios” que sean, deben adaptarse al planeamiento del municipio y no al revés.

Luceni y Pedrola: La rebelión de la huerta

En la Ribera Alta del Ebro, los municipios de Luceni y Pedrola siguen librando una batalla de cinco años para evitar que su pequeña –pero rica– huerta se conviertan en un mar de acero y fibra de vidrio.

Inicialmente, Luceni ofreció otros terrenos a Forestalia en la parte del monte, una zona de poco interés ambiental, entre la autovía y la autopista. También el Ayuntamiento de Pedrola se opuso a la implantación de su parque de cuatro molinos junto a la huerta porque en esta zona ya hay muchas plantas de renovables. Sin embargo, el interés de la empresa era la ubicación junto al canal que seguía la línea de evacuación hacia el norte. También seguía hacia Figueruelas y Cabañas de Ebro.

Siete aerogeneradores de 42 MW en dos parques iban a instalarse en el término municipal de Luceni (6 MW por molino, produciendo lo mismo que 12 molinos antiguos de los años 90), afectando también a las lindes de Boquiñeni y Tauste. El impacto visual es evidente, pues son máquinas con una altura de buje de unos 120 metros y palas de 80 metros, lo que suma una altura total de 200 metros, equivalente a un rascacielos de 60 plantas. Otros dos parques tienen previsto, según la última Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 8 molinos, principalmente en Pedrola y Figueruelas (muy cerca de la planta de Stellantis), con una potencia de 48 MW.

Sin embargo, la plataforma vecinal El Juncar es Vida dio la voz de alarma: los molinos, de casi 200 metros de altura, se proyectaban sobre suelos de huerta tradicional y zonas de alta sensibilidad geológica por riesgo de hundimientos (karstificación). La sospecha de los vecinos era que los proyectos estaban “fragmentados” para evitar el control del Ministerio y ser aprobados rápidamente por el órgano autonómico (Inaga).

El primer gran triunfo de los municipios llegó con la publicación en el BOE el 16 de octubre de 2024: Transición Ecológica declaró la caducidad de los permisos de acceso de Secretariat y otros parques vinculados. La razón fue un efecto dominó: la línea de evacuación de Muy Alta Tensión (MAT) que debía llevar esa energía hasta Álava se topó con el rechazo frontal del Gobierno de Navarra y la Diputación de Álava. Sin 'enchufe' donde llevar la energía, el proyecto de Luceni y Pedrola decayó administrativamente.

Pero lejos de rendirse, Forestalia reorientó su estrategia. Con la caída de la ruta hacia Navarra, la empresa vinculó sus recursos eólicos al denominado Proyecto Toro, un plan de Interés General de Aragón (PIGA) diseñado para alimentar la futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Pedrola/Figueruelas. Bajo este nuevo paraguas industrial, la empresa intentó reactivar la implantación de aerogeneradores en la zona, alegando que la energía ahora era para el “consumo local” de la industria automotriz.

De esta forma, Securita y Secretariat, los nombres originales de la fase de “exportación a Navarra”, se han reconfigurado técnicamente bajo los nombres de Silvano y Sición. En la práctica, son los mismos emplazamientos: 7 molinos en la zona de Luceni y 8 en la zona de Pedrola/Figueruelas.

El blindaje legal de los ayuntamientos

Ante la nueva amenaza, Pedrola y Luceni pasaron al ataque legal modificando sus planes generales de ordenación urbana (PGOU). El Ayuntamiento pedrolano, en su modificación aprobada definitivamente en julio de 2025, prohibió expresamente los parques en suelo de huerta. Las alegaciones presentadas esperan respuesta de la Comisión de Urbanismo de la administración autonómica.

Mientras, la sentencia a favor del Consistorio de Ejea supone asimismo un blindaje también para los dos municipios de la Ribera Alta del Ebro, pues el precedente judicial afecta a las alegaciones de Forestalia, que argumentaba que los ayuntamientos no podían prohibir sus parques, blindan legalmente la protección de la huerta. Este éxito judicial también ha motivado que otros municipios de las Cinco Villas y la Ribera Alta sigan el mismo camino para frenar macroproyectos similares.

Pedrola ha sido una de las localidades más activas en el uso de sus competencias urbanísticas. La modificación aislada nº 5 del PGOU (Zona Huerta) se publicó en el BOPZ el 26 de agosto de 2025, a través del artículo 125 que prohibe taxativamente parques eólicos y fotovoltaicos en suelo no urbanizable especial. Aunque la Comisión de Urbanismo de Aragón (CUA) validó inicialmente esta redacción para proteger el “ecosistema agrario de huerta” frente a la fragmentación de proyectos, el proceso administrativo aún no ha concluido, ya que la Comisión tiene pendiente resolver formalmente las alegaciones de Forestalia, que impugna la norma por considerarla una invasión de competencias estatales; esta resolución definitiva es crítica en marzo de 2026, pues determinará si el interés municipal de Pedrola prevalece sobre el “Interés General” invocado por el Proyecto Toro de Stellantis.

Por su parte, la modificación nº 4 del PGOU de Luceni fue una maniobra de jurídica que comenzó con la aprobación municipal de nuevas normas para proteger la huerta y culminó con la resolución del INAGA del 18 de abril de 2024 (publicada en el BOA el 7 de junio), la cual validó por la vía rápida que este cambio urbanístico no requería un largo estudio ambiental ordinario. Al obtener este visto bueno técnico de la administración autonómica, el Ayuntamiento adquirió la potestad legal para suspender de inmediato la concesión de licencias de obras, dejando los proyectos de Forestalia en un “limbo” administrativo que impidió su construcción y provocó que sus permisos estatales caducaran por falta de avan