Funcionarios de Zaragoza insisten: las medidas del PP ante la regularización de migrantes “incrementan el colapso”

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.