El Gobierno dice que una directiva europea le obliga a sacar a concurso la asesoría a víctimas de violencia machista

El Gobierno de Aragón trata de defenderse de las críticas que ha recibido desde Podemos e Izquierda Unida en los últimos días. Ambas formaciones acusaron al Ejecutivo autonómico (PSOE – CHA) de intentar privatizar el “servicio de asesoramiento jurídico para víctimas de la violencia machista”. Como explicó la portavoz de IU, Patricia Luquin, “el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) está preparando la salida a concurso de este servicio, que presta el Colegio de Abogados desde hace 25 años”.

Esto no es exactamente así, según el Gobierno de Aragón. Argumentan que lo que saldrá a concurso es la asesoría jurídica a la mujer que, además de casos de violencia de género, también atiende otros relacionados con separaciones, divorcios, custodias o herencias… Y lo hacen, explican, “en respeto y cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública”.

En concreto se refieren a la Directiva Europea 2014/23/UE en materia de contratación; de la cual dimanó, con publicación en el BOE el pasado 17 de marzo, una  ‘Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública’.

El Gobierno de Aragón, como se muestra en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, envió una comunicación al IAM al respecto de esta recomendación, prestando especial atención al punto 3.1.2.a (Contratos de Servicios. Tipificación) que dice lo siguiente:

Al ser “tan clara y expresa”, explican en el documento, “la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación no se ha podido establecer otro procedimiento de contratación para la asesoría jurídica de las víctimas de violencia de género que el concurso”.

Los contratos con los colegios de abogados

Fuentes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales apuntan que había dos contratos rubricados con el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. El primero, referido a la guardia jurídica sobre violencia doméstica, seguirá en vigor. Resaltan en este punto que “la guardia jurídica sobre violencia de género está cubierta por la justicia gratuita”.

El segundo de los contratos era el que se refería al servicio de asesoría a la mujer y será el que se presente a concurso. El año pasado, explican, todavía con el PP al frente del Ejecutivo, ya hubo problemas para mantenerlo y, cuando llegó el momento de renovarlo, por el criterio de Intervención se han visto obligados a sacarlo a concurso.

Las iniciativas de Podemos e IU

La diputada de Podemos Violeta Barba calificó la decisión de “tremendamente grave porque afecta a los derechos de las mujeres víctimas de violencia y empeora un servicio que se presta de forma brillante por los colegios de abogados desde hace más de 20 años”. En el Pleno de las Cortes de Aragón que tendrá lugar el próximo viernes 22 de abril, Barba interpelará al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, para que lo reconsideren.

En Podemos, señaló la diputada, “dudamos de que una empresa privada, que busca maximizar los beneficios económicos, pueda prestar los mismos servicios esenciales”.

También se han tomado medidas desde IU. Presentaron una Proposición no de Ley que insta al Ejecutivo a agotar “todas las fórmulas y mecanismos necesarios para la continuidad de la prestación de este servicio de asistencia jurídica gratuita por parte del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón”.

Si técnicamente fuera imposible su continuidad, explicó la portavoz, Patricia Luquin, reclaman al Gobierno “que garantice que en el pliego de condiciones técnicas para la gestión del servicio se incluyan las cláusulas sociales necesarias que aseguren una prestación adaptada, garantista y adecuada a la sensibilidad de la problemática”.

La responsable de Políticas de Igualdad de IU en Aragón, Paloma Lafuente, señaló que estos hechos son “incoherentes con lo que defiende el Ejecutivo”, y que exigirá “la máxima calidad y responsabilidad en la prestación del servicio”, oponiéndose a cualquier “mercantilización del mismo”.

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Publicado el
20 de abril de 2016 - 21:36 h

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