La jueza de Instrucción número dos de Zaragoza que investiga al alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña –de Ciudadanos–, a la secretaria interventora, M. I., y al abogado Felipe Pirón por el presunto desvío de cientos de miles de euros del Consistorio al letrado ha abierto una pieza separada para indagar sobre estos pagos y la ha declarado secreta.
En una noticia que ha adelantado la Cadena SER y que ha podido confirmar este periódico, la titular del Juzgado ha decretado asimismo, con el visto bueno de la Fiscalía, el embargo de la cuenta bancaria en la que se pagaba al abogado y un Porsche Macan T –trasladado al depósito municipal de vehículos de Zaragoza– para asegurar las responsabilidades civiles en el caso de condena. El acusado ha presentado alegaciones al auto, fechado el pasado 18 de septiembre.
El caso trascendió el año pasado, cuando se conoció que la concejal del PSOE, Rosa Inés Calvo, había interpuesto una querella contra el alcalde por los presuntos delitos de prevaricación continuada y de malversación de caudales públicos. El Juzgado abrió diligencias previas el 17 de septiembre.
La Guardia Civil solicitó entonces al Ayuntamiento, en relación con las “contrataciones de servicios jurídicos externos”, una copia de los plenos municipales en los que se trató este asunto, los presupuestos de los asuntos jurídicos encargados y los contratos formalizados, más “las facturas abonadas y provisiones de fondos desembolsadas”.
La secretaria-interventora declaró en dependencias policiales en calidad de testigo el pasado 8 de enero. Allí reconoció que, ya con ella en el cargo, el Ayuntamiento había abonado “de forma efectiva” un total de 334.744 euros a Felipe Pirón. Ante estos hechos, la declaración se suspendió y la funcionaria pública pasó a estar formalmente investigada por los mismos delitos.
También ha prestado ya declaración ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) el propio alcalde.
Pese a que posteriormente –ya con abogado– la secretaria-interventora se negó a declarar, M. I. sí que aportó documentación. Y, “al parecer rectificando su declaración inicial en sede policial” –según consta en las diligencias practicadas–, la funcionaria pública apuntó que “la domiciliación de facturas emitidas” por el abogado externo solo en el año 2024 alcanzaba un importe de 496.178,79 euros.
Solo entre el 19 de enero de 2024 y el 3 de septiembre, el abogado emitió 14 recibos al Ayuntamiento por un total de 435.648 euros, la mayor parte de ellos desde agosto.
La relación laboral entre el Ayuntamiento de Fuendetodos y el abogado Felipe Pirón arrancó en mayo de 2017, según consta en un documento municipal suscrito por ambos. Se fijó una cuantía de 400 euros al mes por la “defensa de los intereses” del Consistorio, aunque ya entonces se indicó que esto se minutaría “de forma independiente”. Y se incluyó una coletilla: en caso de no abonar la corporación la factura en el plazo de diez días, el abogado tendría “derecho a un incremento de un diez por ciento sobre la minuta emitida”.
En octubre de 2023 esta relación laboral se renovó, pero la labor de Pirón había cambiado. Entonces, su función sería casi la de ejercer de cobrador del frac, pero con los impuestos y tasas municipales. En concreto, según refleja el contrato, su tarea era ejercer reclamaciones económicas “a las empresas que dentro del término municipal solicitan la instalación de parques eólicos, tendidos eléctricos y construcción de la SET; la reclamación de las cantidades en aplicación de las ordenanzas municipales existentes y la creación de la ordenanza fiscal por utilización del dominio público local”.
Una vez conocida la denuncia, en septiembre, fueron el propio alcalde y la secretaria-interventora los que presentaron una denuncia –manuscrita– ante la Fiscalía Provincial contra el abogado. En este escrito, Salueña alegaba que no había sido “informado por ningún secretario anterior” de la situación en que se encontraba el letrado y que basó en la “relación de confianza” que mantenía con él su convencimiento de que “era correcta la forma de proceder”. Y refiere que en cuanto la funcionaria pública “detectó los hechos” puso en marcha un “procedimiento de omisión de fiscalización”. Esta denuncia se acumuló, el 26 de noviembre, a las diligencias de la instructora principal.
De hecho, tras ser consciente del cariz judicial que estaban tomando los acontecimientos, la Intervención municipal abrió a primeros de septiembre un expediente de omisión de fiscalización por un gasto de 289.054,14 euros cargado por el abogado externo al Ayuntamiento en cinco facturas distanciadas en apenas nueve días, entre el 26 de julio al 4 de agosto. En ese documento, la funcionaria municipal apuntaba al “cúmulo de trabajo y falta de medios materiales y personales” para justificar que le era “materialmente imposible” comprobar todos los desembolsos municipales.
A su vez, M. I. constataba que el letrado Felipe Pirón lleva prestando servicios jurídicos desde 2017 y añadía: “No se encuentran las facturas desde esa fecha de los servicios prestados en este ayuntamiento ni la forma de pago”. Más adelante apuntaba que sí hay cargos del abogado “domiciliados en cuenta”. Al ser requerido en sede municipal, el abogado –siempre según el citado informe– aportó “hojas de encargo y facturas” de los últimos servicios. No fue hasta entonces cuando la Alcaldía consideró “oportuno desdomiciliar” estos pagos.
Dos días después, la Intervención municipal dictaminó devolver esos 289.054,14 euros al abogado al constatar que las prestaciones “se han realizado” por parte del letrado “a un precio adecuado al mercado”, y para evitar el supuesto de “enriquecimiento injusto de la administración”. Al final, dejó escrito a que iba a remitir esta información al Tribunal de Cuentas.