El número 2 del Gobierno en Zaragoza se desmarca de la defensa municipal con el spa de Ranillas y busca abogados externos
El número dos del Gobierno del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, ya no quiere que lo defiendan los abogados municipales en el procedimiento abierto por la quiebra de Cublan Inversiones, la antigua concesionaria del spa de Ranillas. El primer teniente de alcalde y consejero de Presidencia ha pedido una defensa externa pagada por el Ayuntamiento de Zaragoza, para lo que cuenta con un informe jurídico favorable.
Hay que recordar que Lorén figura como afectado en la parte del concurso de acreedores en la que el juzgado de lo Mercantil decide si la quiebra fue fortuita o culpable y quién responde por ella. Cublan se declaró en concurso en 2022, pocos meses después del cierre del spa, con una deuda de unos 14,6 millones de euros. En mayo de 2023, la empresa y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Consistorio. Atribuyen la quiebra a dos decisiones municipales: la denegación de la licencia de actividad en noviembre de 2021 y la negativa, en enero de 2022, a autorizar un crédito hipotecario con el que la empresa pretendía salvar el negocio. En julio de 2026, la jueza Carmen Villellas citó como afectados a nueve miembros del gobierno municipal de entonces, entre ellos Lorén.
El propio informe municipal, avanzado por 'Heraldo' pero que ha podido confirmar este periódico y que el Gobierno de Zaragoza ya ha aprobado, deja claro lo que está en juego. Los Servicios Jurídicos reconocen que en ese proceso se pretende declarar la “responsabilidad de carácter personal” de un miembro de la corporación “como consecuencia del ejercicio de sus funciones”. No se discute solo si el Ayuntamiento debe responder ante la concesionaria, sino si también deben hacerlo, con su patrimonio, quienes tomaron las decisiones. El documento señala que Cublan reclama que el Ayuntamiento y esos cargos sean condenados de forma conjunta.
Junto a Lorén, que entre 2019 y 2023 era cuarto teniente de alcalde en el gobierno de PP y Ciudadanos, figuran en la lista el entonces alcalde y hoy presidente de Aragón, Jorge Azcón; la actual alcaldesa, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes, María Navarro; el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano; Sara Fernández, y los exconcejales Carmen Herrarte, Javier Rodrigo y Patricia Cavero.
Del abogado municipal a un despacho especializado
A finales de julio, la Alcaldía había concedido a Lorén un abogado y una procuradora del propio Ayuntamiento, como él había solicitado. Menos de dos meses después cambió de criterio y pidió ser defendido por dos abogados de Barcelona y Madrid del despacho R&S Concursalistas, especializado en quiebras. La normativa municipal permite a cualquier cargo elegir a sus propios abogados, aunque eso supone renunciar a los del Ayuntamiento. El concejal asegura que contar con dos letrados no encarecerá la factura.
Para justificar que el Ayuntamiento pague, los Servicios Jurídicos se apoyan en un criterio del Tribunal Supremo sobre cuándo una administración puede costear la defensa de sus cargos. Ese criterio está pensado para juicios penales y el informe lo reconoce, pero lo considera aplicable en este caso.
Según consta en el propio informe, suscrito por el jefe de la Asesoría Jurídica municipal, el Supremo exige que al final quede acreditado que no hubo responsabilidad. El documento no explica sin embargo cómo se aplicaría en este caso. Como no existe un tope para lo que puede cobrar la defensa de un concejal, los Servicios Jurídicos proponen aplicar el de los funcionarios. La factura podría acabar pagándola la aseguradora municipal.
El informe concluye que la defensa de Lorén no choca con los intereses del Ayuntamiento: como Cublan pide condenar a la vez a la institución y a sus antiguos responsables, ambas defensas van en la misma dirección.
El spa, construido para la Expo 2008, está cerrado desde febrero de 2022. Además del concurso, Cublan ha ganado al Ayuntamiento en otros dos frentes. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluyó que la empresa tenía derecho a su licencia, un fallo que no se conoció durante más de dos años. Y en 2026, el mismo tribunal obligó al Ayuntamiento a pagar los salarios pendientes a cuatro antiguos trabajadores.