La oposición arrincona con La Romareda a Víctor Serrano, que alude a evitar “actos terroristas” para no aportar el contrato
El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido el encargado de participar en la comisión extraordinaria de Presidencia convocada por el grupo del PSOE para dar explicaciones sobre el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza desde la sociedad La Nueva Romareda, de capital mayoritario público. Y sus respuestas no han satisfecho a la oposición, que ha arrinconado al edil del PP. Serrano ha llegado a aludir a posibles “actos terroristas” para justificar que no hayan hecho público el contrato de arrendamiento del nuevo estadio.
Los populares solo han contado con un apoyo: el de la concejal Marisa Gaspar, tránsfuga de Vox. El resto de partidos han sido unánimes.
El más vehemente ha sido el socialista Horacio Royo, que ha insistido una y otra vez en reclamar “transparencia” para conocer el mencionado acuerdo entre La Nueva Romareda y el Real Zaragoza SAD. Fue suscrito el pasado 2 de marzo y solo dos días más tarde la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón– transfirió al club ocho millones de euros en concepto de 'naming rights' por el campo de fútbol, pese a que no estará listo hasta el próximo verano como mínimo.
“Ya llevaron a los zaragozanos engañados a las urnas al decirles en 2023 que construirían un estadio a coste cero. No van a volver a llevar a los zaragozanos engañados a las urnas”, ha sentenciado Royo, quien ha pedido saber “por qué se firmaron esos contratos” por un campo “a día de hoy es poco más que un montón de hormigón y de hierro a medio terminar”. “Ahí averiguaremos si se firma en base a algún interés público o con base en las necesidades financieras del socio privado”, ha señalado el edil socialista, antes de recordar que poco después de suscribir este acuerdo se concretó “la tercera venta del paquete mayoritario de acciones del Real Zaragoza” desde que se empezó a hablar del nuevo estadio.
El edil ha cuestionado si el Real Zaragoza SAD está pagando ya “el alquiler por ese contrato de industria del nuevo campo”, dado que ya ha cobrado por el nombre. “Si no (responden), tendremos la sensación de que nos intentan ocultar cosas. Y no sería la primera vez: estuvimos 16 meses en los que el Real Zaragoza no pagó sus aportaciones y no dijeron nada”, ha zanjado.
“Deber de confidencialidad” de Vox
Más complicado ha sido el papel de la portavoz de Vox, Eva Torres, que es miembro del consejo de administración de La Nueva Romareda, por lo que ha aludido a su “deber de confidencialidad” para no revelar detalles del contrato, ni siquiera a sus compañeros de grupo. Sí que ha intervenido como portavoz para recordar que se trata de “un proyecto de casi 170 millones de euros, mayoritariamente públicos”.
“A fecha de hoy, el socio privado puso diez millones de euros y meses más tarde obtuvo ocho millones por el 'naming'”, ha lamentado Torres, que ha dado a conocer la postura de su formación: “Este grupo lo ha dicho públicamente: quiere conocer estos contratos porque no los conoce. Y también quiere una explicación de por qué se entregaron esos ocho millones al Real Zaragoza. Entendemos que, pese a ser una sociedad mercantil, los grupos municipales tenemos derecho a la información”, ha manifestado.
Mientras, desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha ido en la misma línea y ha destacado que, “de los 16 millones que ha aportado la sociedad Real Zaragoza a la sociedad La Nueva Romareda, la mitad se los han regalado”. “¿Se puede hablar de confidencialidad cuando hablamos de 150 millones de euros de dinero público?”, ha criticado Domínguez, quien ha afeado a Vox que el PP cuenta con su “complicidad”. “Sabía o debía saber lo que estaba pasando. No entendemos por qué pone su prestigio personal al servicio de estos intereses”, ha atacado a Eva Torres.
La respuesta de Serrano
La respuesta del consejero de Urbanismo ha sido errática. Ya desde el comienzo, al no justificar bien su presencia en una comisión que no es la suya –el consejero de Presidencia es Ángel Lorén–, para responder a cuestiones de una sociedad cuyo consejo de administración abandonó en abril del año pasado, mucho antes de los hechos objeto de debate. Una circunstancia que no ha obstado para que, frente al “deber de confidencialidad” al que ha aludido la portavoz de Vox, Serrano haya dado por hecho que tenía en su poder el contrato de arrendamiento que evitar dar a conocer en su integridad.
Serrano ha leído titulares de prensa para justificar que la información es pública, pese a que el contrato de arrendamiento continúa sin ser revelado. “Si está todo publicado, ¿por qué estamos aquí? Cuando ustedes gobernaban, el Real Zaragoza jugó todos los años gratis en un estadio que era de todos y por el que el Ayuntamiento no percibió ni un euro de ingresos”, ha atacado el consejero de Urbanismo.
El edil solo ha respondido a las preguntas planteadas por la concejal tránsfuga, a quien ha indicado que “por primera vez” el club está pagando “un canon”. Además, Serrano ha dicho que había “informes técnicos” que justificaban los contratos.
Mientras, el momento más surrealista del debate ha llegado cuando, para justificar que no hagan público el contrato de arrendamiento entre La Nueva Sociedad y el Real Zaragoza, el consejero de Urbanismo ha aludido a “aspectos del contrato que son confidenciales”: “En las labores de mantenimiento de las instalaciones del campo hay una serie de informaciones sensibles que, mal utilizada, puede ser objeto de sabotajes o actos terroristas”, ha esgrimido.
Para terminar, ha querido dar por cerrada la polémica con el mencionado contrato, que ya fue solicitado con anterioridad por el PSOE: “Se les contestó ya que, sobre la base de los artículos 15 y 16 del reglamento orgánico, no tenían derecho al acceso a esta información”, una decisión que “no recurrieron”, ha recordado.