La provincia de Teruel se une y reclama una “respuesta inmediata” ante el recorte del Nudo Mudéjar avalado por el Inaga
Gobierno de Aragón, agentes sociales y alcaldes, así como la Diputación Provincial de Teruel, van a presentar una declaración conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo una respuesta “clara” a la situación de bloqueo actual tras la reducción del proyecto por parte de Enel (Endesa). La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha mantenido este lunes una reunión en Teruel en la que se ha acordado reclamar una “alternativa que se pueda ejecutar ya”.
Vaquero ha advertido de que las soluciones planteadas hasta ahora “generan más incertidumbre y un problema de seguridad jurídica”, en referencia a la posibilidad de adjudicar a otras empresas la capacidad de acceso no utilizada. A su juicio, esta opción “no está jurídicamente recogida en los términos actuales” y abre interrogantes sobre su aplicación y plazos. En este sentido, ha señalado que incluso en el supuesto de que se pudiera llevar a cabo esa reasignación, “sería necesario iniciar una tramitación que podría alargar aún más los tiempos”, algo que considera incompatible con la urgencia del territorio. “La propuesta no convence y dilata una respuesta que es necesaria”, ha resumido.
La vicepresidenta ha insistido en que “han pasado cuatro años desde la adjudicación” y ha defendido que se trata de “un proyecto estratégico que no puede someterse a más riesgos ni recortes”. Además, ha subrayado que el problema “no se ha generado en el territorio, sino desde el Gobierno de España”, por lo que ha reclamado “una solución clara de quien lo ha creado”. Asimismo, ha reclamado una respuesta conjunta para toda la provincia y ha advertido de que “el futuro de estos pueblos está en juego”. “Se nos ofreció una transición justa y no queremos que sea fallida e injusta”, ha añadido, rechazando además que fondos como el FITE o las ayudas al funcionamiento puedan servir como compensación a la falta de empleo y oportunidades.
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha mostrado la “preocupación” de la institución provincial y ha recordado que ya se opusieron al cierre de la central térmica “porque no había un plan de transición previo”. “No tuvimos plan de transición entonces y lo peor es que hoy tampoco lo tenemos”, ha lamentado. “Aquellas ilusiones y los planes de acompañamiento que se anunciaron ahora vemos que tampoco van a llegar”, ha añadido. Juste ha ofrecido a la Diputación como espacio de cohesión para articular una respuesta conjunta: “Ofrecemos la DPT para trabajar en esa unidad de toda la provincia y redactar un documento común para exigir al Ministerio que cumpla lo que nunca cumplió: un plan de transición, actividad económica y empleo”.
Agentes sociales
El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha mostrado su respaldo a la postura del Gobierno de Aragón y ha advertido de las consecuencias del recorte del proyecto. “Perdemos una fuente de energía que era la que iba a traer esa industria”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “la energía que necesitábamos no va a llegar y las empresas que se habían anunciado no están llegando ni van a llegar”. Santa Isabel ha añadido que el problema “responde a una dinámica recurrente en la provincia, donde cada vez que llegan fondos o oportunidades nos encontramos con lo mismo de siempre”.
En la misma línea, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, ha reclamado una explicación clara sobre la situación actual del proyecto. Ha recordado que el concurso partía de una potencia inicial de 1.800 megavatios y que Endesa ha reducido su desarrollo a unos 400. A su juicio, las alternativas planteadas en las últimas semanas “no son muy legales” y ha pedido una reunión para “que nos expliquen la verdad, que no nos mareen más”. Blasco ha advertido de que, si la situación se prolonga, “se van a cargar otra comarca” y ha alertado de las consecuencias en el empleo: “Si las empresas no vienen, moriremos todos; si esto se alarga uno o dos años, nos quedaremos sin gente para trabajar”.
Desde el ámbito sindical, Alejo Galve (UGT), ha considerado que el cierre de la central térmica fue “precipitado” y ha sostenido que “no había planificación suficiente”. En su opinión, la situación actual demuestra que “no se ha ejecutado bien el proyecto y nos encontramos con una incertidumbre total en el territorio”. Galve ha defendido la necesidad de una respuesta conjunta y ha apelado a la unidad institucional y social: “Es fundamental para el mantenimiento de la provincia. Tenemos que hacer manifestaciones conjuntas, reunirnos con el Ministerio y buscar una solución que afecte a toda la provincia y a la comunidad”.
La declaración conjunta, según han avanzado, se formalizará en los próximos días y tendrá como eje principal exigir una solución inmediata que no prolongue la incertidumbre.
Recorte de la potencia
El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se planteó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.
El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos procedían del propio Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso objeciones, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico. Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones.
La semana pasada, la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se reunió con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le trasladó que desde el Ministerio trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar conforme a la DIA. Carreras descartó un nuevo concurso y apuntó que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicaría a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.