El Tribunal Supremo tumba un recurso del Gobierno de Azcón contra el reparto de menores migrantes no acompañados
El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso interpuesto por Aragón contra el Gobierno central con motivo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar una acogida digna de los niños y adolescentes no acompañados que llegan a España. En concreto, se trata de la impugnación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón ante el supuesto silencio del Consejo de Ministros en torno a los criterios de aplicación del sistema de distribución por parte de las comunidades autónomas.
La sala concluye que el Ejecutivo autonómico dirigió su apelación “contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa”, y por ello acuerda la inadmisión del procedimiento.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han subrayado que las pautas han sido públicas desde el principio puesto que así figuran en el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes decretos de desarrollo. Del mismo modo, estos criterios –sostienen– fueron debatidos en las distintas conferencias sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna región propusiese en ellas otras reglas alternativas.
Fuentes ministeriales recuerdan que con este son ya al menos cinco los “varapalos judiciales” que recibe el Gobierno aragonés desde la aprobación del Real Decreto-ley para la acogida solidaria y vinculante de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. A ello, añaden, se suman las resoluciones desfavorables que en esta misma línea también se han producido respecto a las acciones legales similares emprendidas por otras administraciones como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.
La ministra Sira Rego ha vuelto a defender “un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria”. “Esto se ha traducido en una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de comunidades autónomas del Estado”, manifiesta. Según Rego, “el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan. Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia”.
La administración autonómica, que desde el inicio se ha opuesto al reparto obligatorio aprobado en la última modificación de la norma de extranjería, puso en marcha ya en la pasada legislatura una estrategia de judicialización de todo el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó primero las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de distribución y luego la propia impugnación. Y la Audiencia Nacional desestimó las demandas planteadas frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Por otra parte, existen también cuatro sentencias, dictadas por un órgano de instancia de Ceuta, que anulan el traslado a la Comunidad de otros tantos jóvenes extranjeros no acompañados. Los fallos no son firmes y responden a las impugnaciones presentadas por el Gobierno de Aragón contra el desplazamiento de estos chicos.