Vox acusa a los medios en Aragón de no hablar sobre los menores migrantes por estar “a la orden de partidos políticos”
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este jueves una batería de iniciativas jurídicas y administrativas contra el Gobierno de España por lo que considera un supuesto “fraude” en el reparto de menores migrantes no acompañados.
Nolasco justificó su comparecencia asegurando que pretende informar “con absoluta transparencia” sobre lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “La opinión pública debe saber la realidad, la auténtica realidad y sus consecuencias”, afirmó. “No voy a ocultar la realidad. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocerla y saber también que mi compromiso es trabajar y pelear con todas las herramientas legales para cambiarla, para dar seguridad y tranquilidad a los aragoneses”, ha añadido.
Su pronunciamiento se produce en un contexto de controversia por el uso que Vox viene haciendo del portal institucional del Gobierno de Aragón para difundir información relacionada con menores migrantes. Esta práctica ha suscitado críticas por parte de distintos sectores, que consideran que una web concebida para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico está siendo utilizada con fines ideológicos.
En este contexto, la Asociación de Periodistas de Aragón, que integra también al Colegio Profesional de Periodistas, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos desde la Vicepresidencia. La iniciativa respondió, según la propia entidad, a quejas recibidas tanto de colegiados y asociados como de ciudadanos ajenos a la profesión.
Nolasco ha calificado de “alucinante” que, a su juicio, se acuse a Vox de estigmatizar a los menores cuando habla de “un problema real”. Aunque inicialmente ha evitado pronunciarse sobre la actuación de la asociación profesional, terminó dedicando parte de su intervención a criticarla.
“Esto es muy interesante. Igual hay que contarle a la gente que los colegios de periodistas no quieren que informemos de lo que pasa. Eso me da bastante que pensar, que el Colegio de Periodistas diga que no le parece bien que demos datos sobre la seguridad en Aragón, sin ofrecer datos personales. ¿Sería estigmatizar a la población reclusa si el Ministerio del Interior diera cuenta de las víctimas por un motín en una cárcel?”, ha comparado el vicepresidente.
Llegados a este punto, Nolasco ha endurecido su discurso y ha ampliado sus críticas al papel de los medios de comunicación. “La respuesta es que no quieren que hable de ciertas cosas para que no pierdan votos porque están a la orden de ciertos partidos políticos que viven de esto”. También ha sostenido que existe una estrategia para “sustituir a la población autóctona por otra” y ha afirmado que, cuando esa nueva población obtenga el derecho al voto, se hará “sin reserva”. Nolasco, en su habitual estrategia de mezclar conceptos, mostró su sorpresa por el tratamiento mediático de algunas figuras políticas: “he visto a periodistas defendiendo estos días a Zapatero. ¿Qué más se tiene que ver?”, ha declarado.
Más vigilancia y ofensiva jurídica
Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, Aragón tutela actualmente a unos 1.700 menores, de los cuales 219 son migrantes no acompañados. De ellos, 130 habrían llegado en los últimos ocho meses (14 en los últimos diez días) procedentes de Canarias en el marco de los traslados impulsados para aliviar la presión sobre los centros de acogida del archipiélago.
Los menores son atendidos en alrededor de 25 centros y pisos tutelados repartidos por la comunidad, donde trabajan unas 600 personas. Diversos profesionales del sector vienen reclamando más recursos humanos, materiales y educativos para afrontar la creciente presión asistencial. Sin embargo, las medidas anunciadas por Nolasco se centran principalmente en el refuerzo de la seguridad y en la respuesta jurídica frente a las derivaciones de menores.
Entre las iniciativas avanzadas figura recurrir todas las decisiones de la Fiscalía que obliguen a Aragón a asumir la tutela de menores migrantes. El vicepresidente ha justificado esta medida como una forma de “evitar el fraude, impedir la inseguridad y frenar el efecto llamada”.
Aunque el volumen de llegadas sigue siendo reducido en relación con el total de menores tutelados, Nolasco ha anunciado una “ofensiva jurídica y judicial” contra los delegados del Gobierno y, en última instancia, contra el Ministerio del Interior y el Ejecutivo central. Según ha explicado, pretende denunciar lo que considera una actuación “reiterada y masiva” contraria a la legalidad en materia de menores migrantes.
“Además de la jurisdicción contencioso-administrativa, estamos decididos a activar también la exigencia de responsabilidades penales contra los delegados del Gobierno y sus superiores políticos, como responsables directos de la correcta aplicación de la Ley de Extranjería”, ha afirmado. Ha añadido que la estrategia se desarrollará mediante los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y, si fuera necesario, mediante despachos externos.
Otra de las medidas anunciadas consiste en realizar pruebas de determinación de edad a todos los menores que lleguen a Aragón a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA). Nolasco ha argumentado que muchos jóvenes carecen de documentación fiable e ha ironizado afirmando que “qué casualidad, todos nacen el 1 de enero del mismo año y todos tienen diecisiete años y medio”. Asimismo, ha asegurado que aquellos cuya mayoría de edad quede acreditada no serán acogidos por el sistema autonómico.
El retorno a los países de origen
Nolasco también ha planteado impulsar el retorno de los menores migrantes a sus países de origen para que, según ha dicho, puedan reunirse con sus familias. “Hay que velar por el interés superior del menor y también por el de los aragoneses”, ha sostenido. En ese contexto, ha anunciado la suspensión de las subvenciones destinadas a entidades de cooperación internacional que, según sus palabras, no estén orientadas a la “repatriación” de menores migrantes no acompañados.
El vicepresidente ha asegurado que Aragón puede firmar acuerdos con países de origen al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, la capacidad de las comunidades autónomas para intervenir en este ámbito está limitada por el marco constitucional.
El artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, política exterior e inmigración. Asimismo, el artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que corresponde al Gobierno central promover acuerdos de cooperación con los países de origen, incluidos aquellos relacionados con programas de protección o retorno, siempre bajo garantías legales específicas.
Por ello, las comunidades autónomas no pueden negociar ni suscribir acuerdos internacionales sobre repatriación o deportación de menores migrantes. Su intervención en los países de origen se limita a actuaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo y la asistencia social, sin capacidad para modificar la situación administrativa de los menores ni para asumir funciones reservadas a la Administración General del Estado.
En consecuencia, cualquier iniciativa relacionada con el retorno de menores extranjeros debe desarrollarse dentro del marco legal estatal y conforme al principio del interés superior del menor recogido en la legislación española y en los tratados internacionales suscritos por España.